Un grupo de provincias trabaja una estrategia conjunta para exigirle al Gobierno nacional que les permita financiarse en el exterior. De esa forma, podrían reactivar las obras públicas y hacer frente a los gastos por aumentos salariales a los empleados públicos, que disparó la protesta policial.
En esa reunión de la que participaron representantes -ministros o secretarios- de unas 18 provincias, al menos cuatro de los enviados provinciales coincidieron en la necesidad de plantearle al Ministerio de Economía nacional que facilite las autorizaciones para tomar deuda.
Es por eso que una de las posibilidades que discutieron los representantes provinciales es pedir una audiencia con Axel Kicillof para antes del próximo encuentro, que se realizará a fines de marzo.
Hoy esa opción está vedada porque la Argentina debería pagar una tasa del orden del 11% para tomar deuda, tasa que para muchas provincias vuelve a la deuda prácticamente impagable. Pero en las provincias creen que el giro hacia la ortodoxia de la Casa Rosada va a terminar impactando en los mercados y cuando se metabolice el acuerdo con Repsol y un eventual entendimiento con el Club de Paris, la tasa podría oscilar entre el 8 y el 9%, mucho más digerible.
Pese a que muchos ministros de economía manejan esa posibilidad, en el tercer piso de Casa de Gobierno descartaron la idea. “Nosotros tenemos una capacidad de gastos que se ajusta a lo que ingresa por Coparticipación y recaudación de Impuestos, por eso no analizamos como una prioridad ese recurso financiero”, explicó un funcionario formoseño en el edificio de la calle Belgrano, que pidió reserva de fuente porque “el tema lo manejan el ministro de Economía Jorge Ibáñez y el gobernador Insfrán”.
Semanas pasadas, el gobierno también había advertido que no entraba entre sus objetivos tomar deudas. ““Formosa no tiene esta metodología de gestión hacendal.
Por el contrario, nosotros mantenemos un sostenido proceso de desendeudamiento y un escenario continuo de ordenamiento de cuentas fiscales, que nos permite avanzar en la atención de los gastos corrientes y los de capital, estos últimos casi en su totalidad, sin recurrir a la utilización de mecanismos de deuda”, explicó en esa oportunidad el Subsecretario de Hacienda Miguel Antinori cuando comenzaba a pensarse a nivel nacional como una opción para salir de la crisis en la que están inmersas varias provincias.
Las paritarias
La mencionada reunión del miércoles fue coordinada por la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, quien también organizó un encuentro con sus pares provinciales a principios de mes, en el cual se habló de ponerle un tope del 25 por ciento a las paritarias.
Sin embargo, esa idea -que fue orquestada por Daniel Scioli en sus reuniones veraniegas con los gobernadores, entre los que se contó el mandatario formose Insfrán- quedó en la nada porque varias provincias rompieron el techo al otorgar aumentos en torno al 30 por ciento, tal es el caso de San Luis o Córdoba.
Es por eso que se analizaron las diferentes realidades de las provincias y cada uno de los representantes explicó los detalles de las propuestas que hicieron o harán, algunas de las cuales ya fueron rechazadas. “Hay algunas provincias que están muy complicadas”, reconoció una funcionaria al salir del encuentro.
Vencimiento de deudas
Además de la financiación en el exterior, los funcionarios también coincidieron en elaborar un pedido conjunto para que Nación vuelva a prorrogar los vencimientos de deuda más allá del 31 de marzo. Para eso, la Casa Rosada exige que las administraciones cumplan distintas metas, que en muchos casos parecen imposibles de alcanzar.
A fines de 2013, la Nación acordó con los distritos hacer un profundo examen de sus cuentas públicas durante el primer trimestre de este año antes de decidir si continúa con la política de estirar el pago de las primeras cuotas de la reestructuración hecha hace casi cuatro años.
Algunos funcionarios provinciales creen que lo ideal sería volver a viejas metodologías como los Programas de Asistencias Financiera (PAF), que cada distrito firmaba con el Gobierno nacional en los primeros años del kirchnerismo.
Todos dan por descontado que este año el Tesoro deberá atender un “nuevo salvataje” a las provincias y permitirles, a su vez, que puedan tomar crédito en el mercado internacional.
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