Pero la aspiración choca con las exigencias de los sindicatos, que pretenden subas que parten de al menos el 30% y una cláusula gatillo -en muchos distritos- para renegociar una recomposición a mitad de año y mitigar el impacto de la inflación.

El encuentro fue en la Comisión Federal de Impuestos sentó durante poco más de dos horas a ministros de provincias gobernadas por el justicialismo (la bonaerense Silvina Batakis, el entrerriano Diego Valiero, el catamarqueño Ricardo Aredes y el salteño Carlos Parodi) con titulares de Hacienda del único enclave socialista (el santafesino Ángel Sciara), y de dos estados patagónicos (el rionegrino Alejandro Palmieri, de un Ejecutivo partido entre el peronismo y el massismo); y el fueguino Osvaldo Monti, funcionario de la exarista Fabiana Ríos). También fue de la partida, por Formosa, la directora de Programación Económica, Cecilia Bloser.

Los mandatarios intentan pararse con firmeza frente a la grilla de paritarias 2015 que este año arrancó de manera anticipada, fogoneada por los riesgos que entraña el electoral 2015, y cuando Nación no inició aún el round salarial que tradicionalmente actúa como referencia para las discusiones locales, tanto en formato como en porcentaje: la paritaria docente nacional.

Pacto provincial

El encuentro de ministros fue una reactivación de las cumbres que -con epicentro en el primer semestre- arrancaron a fin de enero de 2014, en medio de la zozobra que generó entre los Ejecutivos la escalada de motines policiales de diciembre de 2013 y el consiguiente y forzado otorgamiento de subas a los uniformados.

El techo salarial sugerido ayer es similar al discutido en ese primer cónclave: por aquellos días los ministros se pronunciaron en favor de paritarias anuales con alzas de no más del 25%, aunque finalmente las negociaciones 2014 derivaron en una suba promedio en las provincias del orden del 30,5%, esquivando la renegociación en julio.

Además de analizar con lupa la marcha de las incipientes paritarias -por caso, el Gobierno del bonaerense Daniel Scioli volvió a reunirse con los maestros, y luego hizo lo propio su par porteño, Mauricio Macri-, los ministros coincidieron en destacar la importancia del Programa de Desendeudamiento de las Provincias, lanzado por Cristina de Kirchner en mayo de 2010. El último tramo expiró el 31 de diciembre, pero será prorrogado mañana, en un acto que protagonizará la jefa de Estado junto a gobernadores.

La agenda de los titulares de Hacienda incluyó ayer, además, el análisis de la recaudación tributaria de las distintas jurisdicciones durante 2014 y de la performance de la coparticipación provincial hacia sus municipios.

Los ministros también evaluaron -en intercambio de experiencias- la herramienta de la colocación de Letras como mecanismo para asegurarse recursos frescos. En medio de las dificultades para acceder a financiamiento, varias provincias apostaron en 2014 a esa estrategia para incrementar el flujo de recursos.

Formosa sin deudas

Las provincias deberán desembolsar $ 7645 millones este año por vencimientos de deuda con la Nación si finalmente no se produce un refinanciamiento en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial (PFDP).

Según los cálculos de la consultora Economía & Regiones, $ 3.698 millones corresponderían a intereses y los restantes $ 3.947 millones al pago del principal de la deuda.

Los servicios de deuda que deben abonar a la Nación equivalen al 19% del total de vencimientos de los 17 distritos inscriptos en el programa, mientras que alcanza al 15% en el consolidado de las 24 jurisdicciones.

Diecisiete provincias argentinas participan del Programa, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires; Formosa; La Pampa; San Luis; Santa Fe y Santiago del Estero, ya que no poseen deudas con el Estado nacional por los conceptos involucrados, y Córdoba, por excluirse voluntariamente del último acuerdo.

El pasado 31 de diciembre finalizó el período de gracia que el gobierno nacional le concedió a los distritos inscriptos para el pago de los servicios de deuda provinciales, pero se espera que este año vuelva a implementarse el alivio.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró la semana pasada que pese a que corresponde implementarse en este trimestre, es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debe decidir cuándo suscribir el documento.