Para que esto sea posible, en la ingeniería administrativa diseñada por Gildo Insfrán, Pomelo Ferreira y la primera dama Stella Maris Manzur, se creó el Fondo Unificado donde van a parar y se entremezclan todos los desembolsos que llegan de nación con destinos específicos, se dotó al Poder Ejecutivo de -inconstitucionales- súper poderes legislativos, que les permite endeudarse, comprometer la coparticipación y manejar el erario público sin pedir autorización ni rendirles cuenta a nadie.

En esta Ingeniería del afano, es que tampoco pusieron en funcionamiento la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ni la obligatoriedad del gobernador y sus funcionarios de hacer conocer anualmente sus declaraciones patrimoniales de bienes.

Formosa no es la única provincia donde reina la corrupción y la inmoralidad, donde los funcionarios, parientes directos del gobernador y sus testaferros, son a su vez privilegiados y multimillonarios proveedores del estado provincial.

A través de un informe publicado por Perfil, se pudo conocer que al menos en la ilegalidad del ocultar sus fortunas no sólo incurre Gildo Insfrán, sino la mayoría de los mandatarios justicialistas ya que de todos los gobernadores argentinos, sólo siete pudieron exhibir su declaración jurada y la mayoría, los más sospechados y denunciados, entre los que figura Gildo Insfrán, se niegan a dar a conocer su riqueza.

De esta manera la revista pudo saber del patrimonio de Mauricio Macri, Antonio Bonfatti (Santa Fe), Jorge Capitanich (Chaco), Manuel De la Sota (Córdoba), Juan Urtubey (Salta) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego). Sobre la fortuna de Gildo Insfrán y los bienes que poseen los mandatarios del resto de las provincias, fue imposible tener acceso a la información.

La ley de ética y transparencia de la Función Pública, nació como una herramienta para luchar contra la corrupción visceralmente instalada en todos los estamentos de los gobiernos. En Formosa donde reina la corrupción, la impunidad y se hace descarada ostentación del enriquecimiento ilícito de todos los funcionarios, del gobernador, su amante y todos sus familiares, no es casual que no exista o no se aplique la Ley de Ética que fomenta la impunidad en la corrupción que genera pobreza, marginación y desigualdades en todos los habitantes.

?Hay provincias donde la ley aún no los obliga a los gobernadores y sus funcionarios a publicitar su patrimonio. El patrimonio de los gobernadores, muchos de ellos sospechados y denunciados por enriquecimiento ilícito, es un terreno prácticamente inexplorado. Dos tercios de los mandatarios del país no hacen pública su declaración jurada de bienes, por lo que la información sobre sus riquezas se reduce a versiones periodísticas o rumores políticos. Además, entre algunos de los que declaran también persisten dudas sobre la veracidad de los números?, asegura Perfil.

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL

Pese a que la reforma constitucional de 1994 en el art. 36 de la constitución Nacional dispuso la

sanción de una ley de ética pública para el ejercicio de la función pública, esta no se aplica en la mayoría de las provincias, donde como en Formosa sus mandatarios y secuaces funcionarios roban y se enriquecen con toda impunidad y desfachatez.

La implementación de la Ética no debe ser solo administrativa, sino también judicial ya que cobra

fundamental importancia en la vida ciudadana e institucional, dado que el Poder Judicial constituye el último refugio del hombre libre y a su vez el garante del proceso político. La credibilidad de la justicia provincial esta degradada y erosionada por actos reñidos con la moral y el Derecho cometidos por algunos jueces, que por su claudicante sometimiento al poder político opacan el esfuerzo de los demás funcionarios y empleados Judiciales.

El debate sobre las declaraciones patrimoniales ocultas las trajo a la arena política Cristina Kirchner cuando en su carta abierta al actor Ricardo Darín intentó correr la discusión sobre el incremento de su patrimonio a lo que ocurre en el resto del país. Por eso Perfil intentó acceder a las declaraciones juradas de todos los gobernadores. El resultado: sólo se tuvo acceso a los datos de siete de ellos. El resto no respondió, acusó imposibilidad por el receso vacacional o directamente evadió la respuesta.

La presentación de declaraciones juradas, en la mayoría de las provincias, está prevista por una Ley de ética pública, aunque en algunos casos no está reglamentada o no se aplica. Además, en una decena de los distritos ese material todavía es secreto y sólo puede acceder un juez, y en otros siete las restricciones para acceder a ellas las vuelve prácticamente secretas. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción, las declaraciones juradas son un instrumento clave para prevenir los delitos contra la administración.