Consideran que el reclamo es genuino, pero advierten que no permitirán que Tucumán reciba ni un peso menos de lo que le corresponde. Ven, además, al diálogo político como la única herramienta para solucionar el conflicto. En estos puntos coincidieron diputados por Tucumán de diversos sectores políticos al opinar sobre el conflicto por el Fondo del Conurbano.

Los gobernadores, incluidos los de Cambiemos, firmaron el miércoles un documento en el que declaran que la pretensión de Buenos Aires perjudica “gravemente” al resto de las provincias. María Eugenia Vidal (Cambiemos), que cuenta con el respaldo de la Casa Rosada, hizo un planteo en la Corte Suprema contra la ley que fija el tope de $ 650 millones mensuales para el Fondo. El problema para el resto de las provincias es que el excedente -que se alimenta de la recaudación del Impuesto a las Ganancias- se distribuye ahora entre los distritos del interior. Representantes de 22 provincias exigieron un debate que incluya a la Nación, las provincias y el Congreso.

“El pedido (de Vidal) no es desacertado, el problema es que la quieren hacer (a la actualización) con el cuero y el bolsillo de las provincias, que están padeciendo una situación tremenda en lo económico”, aseguró el peronista José Orellana. Consideró que, más allá del derecho de los bonaerenses, la Justicia no puede convalidar una petición de esta naturaleza si es que no existe previamente un acuerdo con los gobernadores.

“La Nación tiene recursos para afrontar esta situación sin afectar las provincias. Buenos Aires recibe más plata que el resto. Este es un ataque artero en contra de los más vulnerables. Es tremendo que el Presidente le haya dicho a Vidal ‘andá por la plata de los gobernadores’, porque no es que está planteando que se saque de otro lado. Los diputados y senadores nos vamos a atrincherar para defender a capa y espada los recursos, por la paz social”, adelantó. Se mostró alarmado por la merma de recursos que sufriría Tucumán: $ 3.500 millones anuales.

Facundo Garretón, del PRO, se esperanzó en que el asunto se resuelva de la manera más justa para todas las partes. “La postura de Vidal es la justa, está reclamando lo que le corresponde en función de la cantidad de habitantes. A su vez, el tope del Fondo debería ser actualizado. Es ilógico que esté congelado”, expresó. Añadió, sin embargo, que las provincias no pueden ni deben resignar recursos y que hay normas que, de hecho, lo impiden. “Tenemos que trabajar en alternativas para resolver esto de una manera justa”, concluyó.

La camporista Mabel Carrizo interpretó que, detrás del reclamo de Vidal, hay una “movida” del Presidente y de la Justicia para beneficiarla en detrimento del interior. “Percibirá unos $ 300.000 millones extra con una sentencia favorable y ese dinero hace falta para que haya medicamentos en nuestros hospitales; insumos e instrumentos para que la Policía nos dé seguridad y mantenimiento en nuestras escuelas”, ejemplificó. Carrizo afirmó que el destino de los fondos de las provincias debe ser discutido en el Congreso.

Opinó que en los dos años que lleva el Gobierno llegaron menos recursos a la provincia, sobre todo, en programas sociales. “Los acuerdos entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte quedaron explicitados con fallos a favor y la jugada para dejarlo con mayor número en el Consejo de la Magistratura. Los representantes tucumanos de todos los partidos nos encontramos ante una responsabilidad histórica: unirnos por los tucumanos, para que no nos quiten ingresos que le corresponden a la provincia para cubrir a Buenos Aires”, convocó la kirchnerista.

Federico Masso, de Libres del Sur, interpretó que el trasfondo de la discusión es la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación federal. “Esto sería avanzar institucionalmente, para que el que gane una gobernación o intendencia sepa cuánto le corresponde y que esto no será retenido por nadie. Lo mismo pasa en las provincias. Ese es el déficit que se viene manteniendo gobierno tras gobierno, sin importar el signo político, para que las provincias tengan que depender de la buena voluntad de quien ejerce el poder central”, manifestó.

Bregó por que, en un contexto económico difícil, primen el diálogo y el entendimiento. “Tanto en Buenos Aires como en las provincias viven argentinos y sabemos cuáles serán las consecuencias de quitarles coparticipación, más allá del color político”, advirtió.

Lamentó que, al ser del mismo signo político los gobiernos de Buenos Aires y de la Nación, no se hayan agotado los canales de diálogo antes de recurrir a la Justicia.

“El año pasado se sacaron más de 100 leyes en el Congreso, sin mayoría automática. Diálogo y consenso tienen que ser el camino y terminar con la soberbia. También hay que tener en cuenta que detrás de lo gobernadores hay una intencionalidad de reagrupar el peronismo con vista a 2019. Al margen de ello, tienen razón”, finalizó Masso.