El Gobierno de la Provincia cuestionó el accionar de las empresas prestamistas que desnaturalizando los principios del cooperativismo y el mutualismo cobran intereses excesivos a los empleados públicos y a través de los estrados judiciales obtienen medidas cautelares para hacerse de los mismos con descuentos que superan el 50 por ciento de los salarios.
El subsecretario de Seguridad y Participación Comunitaria, Mauro Flores, calificó a las empresas accionantes como “fondos buitres internos” que “han dejado de funcionar como cooperativas y mutuales” al cuestionar la última medida emanada de tribunales en una causa promovida por el abogado Carlos Claudiani, referente del radicalismo provincial.
“El Poder Ejecutivo había dictado un decreto que benefició a los trabajadores estatales al reducir del 60 al 50 ciento los posibles descuentos en los salarios por parte de las cooperativas de préstamo y mutuales, pero operaron los buitres locales, a través de uno de los máximos referentes de la Unión Cívica Radical. Ya lo venía haciendo el juez Luis Martinez, que también fue dirigente de la UCR. En este caso lograron a través de la jueza Claudia Canosa una cautelar a favor de esas entidades y en detrimento de miles de trabajadores del Estado, posibilitando que al trabajador se le vuelva a sacar mensualmente el 60 por ciento de su salario”, reveló Flores.
Benefician a unos pocos en detrimento de miles
“Son claramente tasas usurarias y confiscatorias, que van en detrimento del salario y el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Una vez más los buitres locales, a través de referentes de la oposición, vuelven a tocar el bolsillo de los trabajadores que tanto decían defender. En un momento tan duro para el país, en que acechan los fondos buitres, también lo hacen los buitres de adentro”, observó el subsecretario. Flores cuestionó la decisión judicial porque “beneficia a unos pocos empresarios en detrimento de miles de trabajadores”, y afirmó que la jueza “evidentemente no es independiente de los poderes financieros confiscatorios y usuarios que operan en la provincia a través de acciones de amparo y medidas cautelares”.
Medidas del gobierno para defender a los empleados
El Poder Ejecutivo había avanzado en una serie de acciones tendientes a la protección de los intereses de los trabajadores en lo que respecta a los salarios, con medidas tendientes a salvaguardar el carácter alimentario de los mismos para el núcleo familiar y la libertad de consumo de los agentes en su relación con las entidades que operaban en el mercado local. Así dictó el decreto Nº 480/14, que redujo el tope hasta el cual se podían aplicar los códigos de descuento del 60 al 50 por ciento, y no otorgó nuevos códigos sino que las empresas los obtuvieron a través de acciones de amparo planteadas en los tribunales.
Flores denunció que el Juzgado Civil y Comercial Nº 13, a cargo de la jueza Claudia Canosa, hizo lugar a una medida cautelar innovativa, solicitada por la Asociación Mutual Unión Solidaria contra el Poder Ejecutivo y la Provincia del Chaco a través del abogado radical Carlos Claudiani, y dispuso la suspensión de los efectos jurídicos del decreto Nº 480/14 con respecto a esa entidad, por lo que los empleados públicos que contrajeron deudas con la misma podrían volver a sufrir descuentos de hasta el 60 por ciento de sus haberes. Recordó asimismo que son varias las empresas que consiguieron medidas cautelares del Poder Judicial.
En este caso se trata de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), que aunque tiene una sentencia pendiente recurrió al planteo de una medida cautelar. Algunos antecedentes de medidas similares se registran en el Juzgado Civil y Comercial Nº 12 y en la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativa, que está integrada por Luis Martinez, otro ex funcionario propuesto por el gobierno radical para el cargo de juez, señaló el subsecretario Mauro Flores, después de recordar que el abogado Carlos Claudiani, se desempeñó como funcionario durante la gestión del radicalismo.
Entidades que obtuvieron cautelares del Poder Judicial
Las entidades que obtuvieron medidas cautelares son Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo, Servicios Sociales Ltda., Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Arraigo Ltda., Cooperativa Chaco de Consumo, Crédito y Vivienda Ltda., La Federal Cooperativa de Provisión de Servicios de Crédito, Vivienda, Consumo y Turismo Ltda., Asociación Mutual de la Nueva Resistencia, Asociación de Servicios Asistenciales Privados AMUSAP, Cooperativa de Trabajo Eléctrico, de Comunicaciones y de Consumo Eléctrica Ltda., Cooperativa de Servicios de Salud Farmacológica y de Consumo Litoral Ltda., Cooperativa de Consumo, Crédito y Vivienda Servicios Asistenciales Producción y Comercialización Concretar Ltda. y Fundar Asociación Mutual de la Vivienda Propia.
Cuatro acciones de amparo de entidades financieras se encuentran desde octubre de 2013 con autos para sentencia en la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que integra el juez Luis Martinez: Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda., Asociación Mutual Unión Solidaria, Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Arraigo Ltda. y Cooperativa Chaco de Consumo, Crédito y Vivienda Ltda. Junto con la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), existe otra firma financiera con el mismo domicilio que también acciona a través del abogado radical Carlos Claudiani.
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