La planta de alimentos deshidratados Flavors de General Conesa será rematada, con una base de venta de 24 millones. El llamado corresponde la quiebra tramitada en un juzgado de Mendoza, considerando que la firma tiene sede en la capital de esa provincia.

Esa elaboradora alimentaria cerró hace siete años después de la crisis económica-financiera generada por la suspensión de contratos con la provincia, producto de las denuncias por irregularidades.

El predio de Flavors en venta está ubicado en la ruta nacional N° 251, Km. 117, de General Conesa. Comprende una superficie de 9.968,00 m², de los cuales, 2320 m² son cubiertas. También, el remate comprende “maquinarias, instalaciones y muebles y útiles destinados a su explotación”.

El llamado a oferentes está encuadrado en el trámite Quiebra en el Primer Juzgado de Procesos Concursales, Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, a cargo de la jueza Lucía Raquel Sosa. Anuncia la “enajenación de la empresa como unidad económica de todos los bienes que integran el activo de Flavors S.A.”.

El listado incluye cinco montacargas, un termotanque industrial (capacidad de 50.000 kcal/h), cintas transportadoras, una máquina encintadora de cajas, un esterilizador de chapa, una máquina claseadora de frutas, canastos, bombas de agua y una cisterna. Además, figuran cocina, compresor, tanques de agua, contenedores de metal, container, mesas de acero inoxidable, tanques de almacenamiento de grasa, bateas mezcladoras, mesas, sillas, escritorios, equipo de aire acondicionado y bibliotecas.

La convocatoria judicial prevé una base de $ 5.600.000 para los muebles mientras la base del inmueble llega a los $18.400.000. El monto totaliza $24.000.000, fijándose que “el pago es de contado y el precio ofertado, que en ningún caso podrá ser inferior a las bases establecidas”.

Las ofertas se recibirán hasta el martes 16 de agosto, informando a los interesados que podrán visitar el predio el 10 de agosto, en horario de 10 a 14 horas.

La planta mantuvo cierta actividad con una cooperativa de trabajadores después de su cierre en noviembre del 2008 y concurso preventivo. Esa decisión respondió a la suspensión de contratos millonarios de Flavors con el Estado rionegrino después de una sucesión de denuncias por las irregularidades de sus productos, incluyendo una causa penal con procesamiento de ex funcionarios y los titulares de la empresa.

Medio centenar de empleados trabajaban en la planta de Conesa aunque esa ocupación llegó a 120 trabajadores, con una producción de unas 650 mil raciones mensuales de alimentos deshidratados para las planes provinciales.

Año y medio de trámite

El expediente penal de Flavors lleva año y medio en la Cámara en lo Criminal a la espera del juicio a ex funcionarios provinciales y titulares de la empresa para analizar responsabilidades en contratos y provisiones cuestionadas de esa planta de alimentos al Estado rionegrino.

En diciembre del 2014, el juez Favio Igoldi cerró la instrucción y elevó el expediente para el juzgamientos de tres ex ministros en la gestión de Miguel Saiz - Alfredo Pega de Familia, y Adriana Gutierrez y Cristina Uría de Salud- y los directivos de la UTE Masily-Flavors, Máximo Vicchi y Javier Matas, y el apoderado Daniel Fernández. La acusación corresponde al delito de estafa y perjuicio de la administración pública.

Fuentes judiciales explicaron la demora en las dificultades para encontrar a uno de los directivos, incluso se habría detectado su rebeldía.

El trámite judicial comenzó en el 2008 con una investigación generada en una denuncia de la entonces Defensora del Pueblo, Ana Piccinini por la existencia de cables, pelos y heces de ratas en los alimentos que se otorgaban en las escuelas para los comedores escolares.