Criado en la placidez suburbana del La Salle y con un carácter forjado en la exuberancia metálica de Wall Street, los tironeos del ajuste le son completamente ajenos a Luis “Toto” Caputo. Por eso y por la severa crisis de confianza de los mercados que intenta revertir, momentáneamente sin éxito, pidió que no lo molesten con nimiedades administrativas apenas asumió como presidente el Banco Central. Y por eso también se tomó más de dos meses para saludar al personal del banco, una tradición con la que sus antecesores nunca habían dejado de cumplir en sus primeros días de gestión. 

Esa presentación formal, que finalmente ocurrió el viernes pasado en el viejo hall del banco, lo exhibió más nervioso que aquel día del papelito en el Congreso, cuando tartamudeó al intentar explicar sus tenencias no declaradas en guaridas fiscales. Quizás consciente del malestar que genera entre los empleados y técnicos de carrera el hermetismo de su despacho, Caputo procuró meterse a todos en el bolsillo. Aun a riesgo de caer en demagogias más propias de un populista que de un republicano, anunció la continuidad de todos los asesores de la gestión anterior, negó que vaya a haber recortes y hasta ofreció sus condolencias “a los amigos y compañeros de Ricardo Torres”, un integrante de la Comisión Gremial Interna fallecido un mes atrás. 

Los delegados del Central retribuyeron ayer el gesto. Giraron una circular a todo el personal donde cuentan que se reunieron con él y que les prometió evaluar todos sus reclamos. Entre ellos está la restitución de los adicionales para la veintena de choferes cuyos sueldos de entre $120.000 y $200.000 mensuales ordenó podar en enero Federico Sturzenegger. Lo que el anterior jefe consideraba injustificable (que los miembros del directorio los tuvieran a disposición las 24 horas del día los siete días de la semana) al actual no le parece tan grave. Ni siquiera cree que deba ser un beneficio exclusivo del directorio o de los funcionarios de alto rango. Incluso concedió a su secretaria y vocera, Yael Bialos, la comodidad de que uno de esos choferes la traslade a diario. 

Lo de los colegas de Oscar Centeno son monedas frente a los US$ 3.351 millones que el propio Central admitió que se fugaron del país solamente durante julio y frente a los $ 100.000 millones que Hacienda pretende que recorten las provincias durante 2019. Pero en temas de austeridad, para evitar enojos, siempre conviene predicar con el ejemplo. ¿Qué dirán los gobernadores, enfrentados al riesgo de perder sus puestos el año que viene si atienden a rajatabla el pedido de Nicolás Dujovne de deprimir (más) los salarios y recortar servicios? ¿Y los intendentes, que acaban de paralizar centenares de obras pequeñas pero de alto impacto que financiaban con el Fondo Federal Solidario alimentado por las retenciones a la soja? ¿Qué pensarán los preceptores designados por el FMI, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, si se enteran de que el mismo Banco Central cuyas autoridades les pidieron en secreto el primer waiver (perdón) del acuerdo firmado en junio son así de dispendiosos a la hora de administrar un presupuesto? ¿Aceptarán igual que la inflación va a ser mayor que el 32% y que el crecimiento no va a llegar ni al magro 0,4% previsto en el programa?

Plan D

Ante financistas y ejecutivos, en un evento organizado por Balanz Capital, Carlos Melconian insistió en advertir la deriva explosiva del modelo. El expresidente del Banco Nación, eyectado del cargo al año de haber asumido en medio de una dura interna con otros economistas cambiemitas, dijo que el “plan B” (el acuerdo con el Fondo) ya se mostró insuficiente para aplacar la crisis. Deslizó que si no alcanza con seguir devaluando, el Gobierno podría adoptar un “plan C” con medidas heterodoxas para intentar contener la demanda de dólares. Todo para evitar un “plan D” que apenas definió como“coerción”, pero que podría incluir un nuevo control de cambios y hasta canjes compulsivos de títulos o depósitos por bonos a mayores plazos. 

La incertidumbre entre los hombres de negocios es tal que cualquiera de esas opciones aparece como verosímil. Melconian, de hecho, no solo vierte esos pronósticos en esos foros VIP. También comparte cada tanto esas impresiones con el propio Mauricio Macri, quien lo recibe a escondidas de Marcos Peña y de sus archienemigos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Avatares del ejercicio radial concéntrico del poder. No en todo cambiamos. 

Lo que ya nadie discute, ni dentro ni fuera, es que las tormentas globales combinadas con un rumbo impreciso y los golpes de timón al capearlas terminaron por hundir al país en una severa estanflación. El año que iba a coronar el “regreso al mundo” acaba de registrar en junio, según informó ayer el INDEC, el desplome interanual de la actividad económica más pronunciado desde la crisis de 2009: 6,7%. Y justo cuando le toca presidir el G-20 y ser anfitrión de los estadistas más poderosos del mundo, Macri terminó por insertar al país en el G-3 de los estados con mayor inflación del planeta, junto a Sudán y Venezuela. 

Como si ese parentesco con Nicolás Maduro no fuera suficientemente oprobioso, la CEPAL anotó también esta semana a la Argentina en otro selecto club junto a la tierra de Hugo Chávez: el de los países latinoamericanos que van a ver contraer su PBI durante 2018. El tercer socio es Dominica, una isla caribeña semidependiente de Gran Bretaña cuyos habitantes podrían entrar en un estadio de fútbol. 

¿Ayudará a disipar tantos temores juntos que Macri haya decidido viajar en persona el mes próximo a reunirse con dos de los grandes fondos de inversión de Wall Street que le cortaron el chorro a Caputo a inicios de este año? ¿No se leerá como una muestra de debilidad, de ausencia del fusible que suelen representar los ministros de Economía? En cualquier caso, mucha alternativa no queda. El viaje relámpago que emprendieron días atrás junto a Mario Quintana los dos hombres de mayor confianza de Caputo, Santiago Bausili y Gustavo Cañonero, fue como hablarles con el corazón. Les contestaron con el dólar a $31. 

Me los llevo puestos

El juez Claudio Bonadío, mientras tanto, mantiene a la defensiva a Cristina Kirchner y a todo su elenco de excolaboradores con la causa de los cuadernos y sus infinitas derivaciones. También procura mantener la tensión en el empresariado, aunque el doble estándar a la hora de rigorear a unos y otros empieza a licuar el terror que se había apoderado de todos durante los primeros quince días. El operativo mediático y judicial de salvataje para el dueño de Techint, Paolo Rocca, insólitamente eximido de la indagatoria pese a que él mismo admitió haber ordenado el pago de coimas a Roberto Baratta, es la principal mácula de la causa hasta ahora. 

Puede haber más manchas de ese tipo. Los autopercibidos como arrepentidos, por caso, todavía no hablaron de los subsidios que embolsó durante años Camuzzi Gas de manos del ex secretario de Energía, Daniel Cameron. Difícilmente lo hagan. La filial local de Camuzzi fue comprada el año pasado por Alejandro Macfarlane, yerno del ex SIDE Hugo Anzorreguy. El empresario no solo tiene esos nexos bien aceitados con las catacumbas del poder. En la superficie cuenta con los buenos oficios del secretario de Medios, Jorge Grecco, multimillonario en dólares gracias a las acciones que le legó su exjefe en EDELAP antes de venderla. 

El riesgo es que ocurra como con el caso Skanska, acaso el primero de envergadura de la corrupción de la era K, donde la nulidad judicial de una grabación paralizó todas las investigaciones durante más de diez años. El diario Clarín había revelado allá por 2007 que un auditor y un ejecutivo de esa contratista habían sido grabados conversando sobre las coimas pagadas para construir gasoductos. Pero el entonces titular del ENARGAS, Fulvio Madaro, pidió que la grabación se declarase nula y lo consiguió. También zafó Néstor Ulloa, entonces titular de Nación Fideicomisos.

Hay un protagonista central de aquella historia que se repite en ésta. Ni más ni menos que el fiscal Carlos Stornelli. Según el decreto 539/2007, mediante el cual Néstor Kirchner desplazó a Madaro del ENARGAS y ordenó a Felisa Miceli echar a Ulloa, Stornelli le había adelantado al entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, que se llevaría “puestos” a ambos funcionarios. Ese llamado terminó por asfaltar la impunidad del caso y contener el daño aguas arriba. 

El decreto, que puede consultarse en www.infoleg.gov.ar, consigna incluso la conversación en sus considerandos. Algo muy poco habitual. “En comunicación telefónica con el señor Ministro del Interior el señor Fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle ‘que colaboraría con la campaña de Scioli’, le expuso además ‘me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa’ (en la causa mencionada) ‘en virtud de una grabación que había escuchado’", dice el texto.

El decreto es del 16 de mayo de 2007. En diciembre de ese año, cuando Scioli asumió como gobernador, Stornelli fue designado ministro de Seguridad bonaerense. Nunca nadie le preguntó al fiscal por la charla. Pero al menos esa parte era cierta.