La noticia sobre la prescrición de la causa judicial que investigaba la responsabilidad del empresario Raúl Moneta en la caída del Banco Mendoza generó diversas repercusiones en la Provincia.

Una de ellas vino de la mano de Gustavo Gutiérrez, uno de los denunciantes de la operatoria de la privatización de los bancos estatales provinciales de la que resultó beneficaria Magna-República.

En declaraciones a LV10, el ahora dirigente de la Coalición Cívica aseguró que la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, debería “iniciar las acciones como defensor del patrimonio público”. Y acto seguido, aseguró que “no confía en el fiscal de reciente militancia justicialista.

En otro párrafo, Gutiérrez aseguró que la prescripción no absuelve. Por el contrario, “no tenemos bancos, se arruinó el Banco Central pagando depósitos, hay una cantidad de perjudicados pero si no hay responsables habiendo víctimas y el Estado no actuó. Los culpables son los que están siendo investigados, es decir los que dejaron de probar que tenían que ser inocentes. No les va a pasar nada por prescripción pero hay que señalarlos, unos están vivos, otros muertos, unos sanos y otros enfermos pero están ahí”.

Gutiérrez fue enfático al afirmar que el fiscal de Estado actual “debería” hacer algo.

FacebookTwitter

Tras aludir a los socios locales, Gutiérrez estableció que “ahí quedaron más de mil millones de dólares colgados para la provincia cuando hubo que devolver los depósitos, más todo lo que se perdió de activo de los bancos, el fondo de comercio, los inmuebles, la capacidad de crédito de la provincia, es multimillonario. Los fiscales anteriores nunca se metieron, los gobiernos justicialistas decían que no había daño patrimonial para la provincia, incluso el gobierno actual”, disparó.

Molesto con la prescripción, recordó que él con el ex juez federal Luis Leiva aportaron “en soledad”, distintos elementos que podrían haber cambiado el curso de la causa. Y mencionó “un banco en Bahamas que admitió que era de Moneta y Lucini quienes estaban procesados”.

Esa información fue puesta a disposición del entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, pero nunca prosperó.

Respecto de las posibilidades y responsabilidades que tienen las actuales autoridades provinciales, Gutiérrez fue enfático al afirmar que el fiscal de Estado actual “debería” hacer algo.

“Creo que el gobernador tiene que instruir al asesor de Gobierno que inicie las acciones y que el fiscal de Estado tiene que iniciar las acciones como defensor del patrimonio público de la Provincia de Mendoza. Hay dos cosas que hacer, contra los accionistas y contra el Banco Central de la República Argentina”, puntualizó.

En la misma línea aseguró que “por lo pronto el gobernador tiene que dar las instrucciones al asesor de Gobierno”, y más tarde agregó que “el fiscal de Estado tiene la obligación de hacer esto, yo no confió en el fiscal de Estado que tenemos en este momento. Es un dirigente peronista que va a salir a defender a los peronistas compañeros con los que ha estado enredado en los negocios”.

Precisamente, Gutiérrez entiende que Simón desde la Fiscalía de Estado “ tiene que exigirle una indemnización al Banco Central por la falta de control y los accionistas, que todavía se les habrá prescripto la causa penal pero tienen responsabilidades civiles”.