Los fiscales Carlos Amad y Patricio Sabadini concluyeron la acusación del Ministerio de Público durante las primeras horas de la mañana de este jueves con el pedido de 24 años de prisión en cárcel común para Norberto Tozzo por su responsabilidad en cuatro casos de desapariciones en la Masacre de Margarita Belén. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de abril, cuando será escuchado el alegato de la defensa.

El octavo día de audiencia de la causa que investiga cuatro casos de desaparición forzada en la Masacre de Margarita Belén imputados al excapitán de Ejército Norberto Tozzo comenzó poco de después de las 7 de la mañana y terminó pasadas las 8.

En ese lapso los fiscales Carlos Amad y Patricio Sabadini completaron el alegato del Ministerio Publico que había quedado trunco este miércoles, con la valoración de pruebas documentales, la valoración jurídica de la imputación al ex capitán de Inteligencia de Ejército, y finalmente el pedido de pena; 24 años prisión en cárcel común, un calco de lo que reclamaron cada una de las seis querellas en sus respectivos alegatos.

Cumplida la etapa acusatoria, ya sólo resta el alegato de la defensa oficial que ejerce el doctor Juan Manuel Costilla, que tiene fecha para el jueves 4 de abril, luego de lo cual se realizarían las réplicas y el imputado podría ejercer su derecho a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Federal que integran los jueces Alfredo García Wenk (presidente, de Formosa), Rubén David Quiñónez y Selva Angélica Spessot, (de la Cámara Federal de Corrientes) dicte una sentencia.

A Tozzo se le imputa la privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo en cuatro hechos en concurso real; se trata de las desapariciones de los fusilados en la Masacre de Margarita Belén Fernando Piérola, de Entre Ríos, 24 años; Roberto Horacio Yedro, de Corrientes, 28 años; Reynald Zapata Soñez, de Entre Ríos, 35 años, y Julio Andrés Pereyra, de Formosa, 25 años. Los cuatro figuran en la lista de traslado y fueron objeto de las burdas maniobras de la dictadura para hacerlos pasar por prófugos luego de aniquilarlos y esconder sus cadáveres, situación que se prolonga hasta la fecha.

Tozzo fue detenido el 17 de septiembre de 2008 en Río de Janeiro y extraditado a nuestro país en 2011, pocos días después de la condena a sus compañeros de armas por el fusilamiento clandestino del 13 de diciembre.

Las desapariciones

El fiscal subrogante, Carlos Amad, detalló la complicidad judicial con la represión del Terrorismo de Estado y expuso las falencias más notorias de la versión del enfrentamiento y posterior fuga de cuatro detenidos políticos. "Los Jueces Federales Córdoba y Vivas formaron parte de la trama judicial de ocultamiento, nunca investigaron nada", afirmó.

Respecto del destino final de los cuatro desaparecidos Amad resaltó lo sospechoso de que luego del "enfrentamiento" ninguna autoridad ni judicial ni militar se molestó por dar captura a los "fugados" con la debida decisión que un caso de tales características. La orden de captura de Yedro es del 17 de mayo de 1977, la de Piérola tardó tres años, las de Pereyra y Zapata Soñez nunca se emitieron.

El fiscal contestó los dichos de Tozzo, que al comienzo del juicio agradeció la oportunidad de ser juzgado por la democracia y que dijo que se sometía a juicio por propia voluntad. "El imputado está en esta sala gracias a Interpol que lo atrapó luego de que permaneciera prófugo".

Por último Amad, que participa en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público desde 1998, compartió su impresión personal respecto de este caso emblemático del terrorismo de Estado en la región, a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario: "Hechos como este dan cuenta del salvajismo y la falta de hombría de todos estos supuestos valientes, que actuaron con tal desaprensión y falta de compromiso con la humanidad que podemos compararlos con el Holocausto Nazi" sostuvo.

La valoración

El Fiscal Federal, Patricio Sabadini, llevó acabo la valoración jurídica de los hechos imputados a Tozzo y enumeró la serie de obstáculos con los que tuvo que lidiar la acusación a raíz de la fuga del represor a Brasil, en 2003, luego de que un Hábeas corpus concedido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dejara sin efecto una orden de captura emitida por la Justicia Federal.

Sabadini fundamentó de manera concisa la tipificación de los hechos, el carácter continuado del delito de privación ilegitima de la libertad, y los agravantes por el uso de la violencia, por el tiempo continuado de la privación (en tanto las víctimas permanecen desaparecidas) y por la alevosía de Tozzo y sus cómplices.

"Como funcionario público debía velar por la seguridad y la integridad física de los trasladados" manifestó el fiscal, que fue el encargado de formular la petición de "24 años de prisión en cárcel común" cuando faltaba poco para las 8.30 de la mañana.

Concluías las acusaciones, ya solo restan el alegato de la defensa oficial y las palabras finales del imputado para contar con una sentencia -probablemente para mediados de abril-para el único imputado como ejecutor directo de la Masacre que todavía permanece impune.