Mañana la Fiscalía de Estado de Chubut entregará documentación ante un juzgado nacional en Buenos Aires. Será en el marco de la denuncia realizada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, patrocinada por el abogado Jorge Vanosi, y que comprende al anterior Gobierno provincial y a la operadora Pan American Energy (PAE), por la extensión del contrato de la explotación de Cerro Dragón, solicitando su nulidad.

Según confirmó a Diario Patagónico el fiscal de Estado, Miguel Montoya, la entrega se hará a través de Carlos Froment, representante legal autorizado por el Gobierno provincial. De esta forma, se entregará la extensión del contrato de concesión firmado en 2007 y el acta de la sesión de la Legislatura provincial en la que se la avaló, con los votos de cada uno de los diputados. Además se incluirá un informe oficial contable; una pericia realizada por un ingeniero en petróleo y el nombre de cinco ex funcionarios “tres de ellos en actividad” que podrían prestar declaración testimonial por los cargos que ocupaban en ese momento.

Se trata del ex gobernador Mario Das Neves (diputado nacional); su ex ministro Coordinador, Norberto Yauhar (asesor del Gobierno nacional); los ex presidentes de Petrominera, Néstor Di Pierro (intendente de Comodoro) y Luis Tarrío, y el ex secretario de Hidrocarburos, Sergio Bohe.

POSTURA PROVINCIAL

La entrega se realizará bajo el amparo del artículo 69, el cual establece que “todos los funcionarios públicos, efectivos o no, y aún el interventor federal, en su caso, son solidariamente responsables con el Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus funciones. En tales supuestos debe accionarse contra el responsable para que indemnice al Estado los daños que con su actuación le haya irrogado”.

“El Estado y los municipios están obligados a hacer citar al juicio en que son demandados a los funcionarios o ex funcionarios que se encuentren en las condiciones precedentes y a ejercitar la pertinente acción de repetición”, cita la ley. Luego el juzgado nacional con sede en Buenos Aires deberá admitir o no estos documentos presentados.

Cabe recordar que en la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina se basa en el supuesto pago de coimas que investiga en forma paralela la Justicia federal, así como en una presunta falsificación de un informe de reservas confeccionado por la Universidad de Cuyo, el cual era determinante al momento de realizar la concesión, establecer criterios y valuar el yacimiento. En la causa, el Gobierno provincial defiende la legalidad del contrato, teniendo en cuenta que se considera válido hasta que no se demuestre lo contrario.