El fiscal de Estado subrogante Javier Fernández denunció penalmente a los funcionarios que integraron los consejos de administración de la Coprosamen, la fundación que se encarga de los planes ganaderos provinciales. El funcionario a cargo del organismo contralor los acusa de distintas irregularidades administrativas y de delitos penales, entre ellos, el desmanejo de las cuentas bancarias, la compra de equipos en desuso por el valor de equipos nuevos y el cobro de sueldos mensuales por parte de los consejeros a pesar de que el estatuto estipula que no deberían ser cargos remunerados.

La crisis de la Coprosamen estalló en 2013 a partir de la renuncia del entonces director de Ganadería, Lisandro Di Paolo, por internas en la fundación sin fines de lucro. A partir de allí, surgieron denuncias sobre los manejos irregulares de los consejos directivos, la intervención del organismo y las presiones del Gobierno provincial por hacerse del control del organismo que tiene una caja importante de recursos a través de la recaudación de las barreras sanitarias.

Fernández -que reemplaza al suspendido Joaquín de Rosas en el organismo contralor- denunció a los Consejos de Administración de los períodos 2010, 2011, 2012 y 2013. Las pruebas reunidas son complementarias a la investigación realizada por el Senado provincial -que consta de 800 fojas- revelan las distintas irregularidades y que los directores de Ganadería de la provincia no pudieron no conocer o incluso participar en tales conductas.

El conflicto generó a su vez una fuerte interna política en el Gobierno entre el vicegobernador Carlos Ciurca y el ministro de Producción Marcelo Barg, vinculado en el organigrama a la fundación a través de la Dirección de Ganadería.

Los delitos

Entre éstas, se pone en evidencia el grave desmanejo de las cuentas bancarias con las que operaba la Fundación, utilizando para el movimiento diario cuentas no oficiales, la existencia en Tesorería de cheques de terceros sin depositar, la existencia deudas por una suma superior a los 5 millones, así como la compra de equipos en desuso por el valor de equipos nuevos, así como la entrega de tractores nuevos sin el correspondiente contrato de comodato ni firma por parte de los presuntos beneficiados. Por otra parte, se informó de una deuda de $ 1.141.703 por incumplimiento de pago desde el año 2008 en la ATM.

En contra de lo dispuesto por el estatuto de la Fundación que prohíbe la remuneración de los cargos, los consejeros se fijaron mensualmente para el presidente de $ 11.000, el vicepresidente de $ 6.000, el Tesorero de $ 9.500, el Secretario de $8.500 y para los vocales $ 1.000 por reunión asistida. Durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año 2013 el Consejo presentó viáticos injustificados por $ 528.000.

Se aporta a la denuncia una auditoría efectuada por el ISCAMEN que evidencia la incorrecta aplicación de fondos de convenios 2011 por un monto de $ 1.389.512.

Una denuncia de uno de los productores dio cuenta de reiterados mecanismos de estafa mediante el cual entregaban equipos usados instando a los productores a que firmaran como nuevos.

Otra de las irregularidades denunciadas es la existencia de órdenes de pago tramitadas y cumplidas por los Consejeros sin estar acompañadas de los comprobantes de rendición de gastos.

Surge también de un informe de la Dirección de Personas Jurídicas que desde Julio del 2009 hasta mayo del 2013 el Consejo no dejó constancias en un libro de actas de las reuniones efectuadas, lo que pone en duda la validez de las decisiones adoptadas y su debido respaldo volitivo.

Por último, se habló de la inexistencia de un inventario actualizado de los bienes de la institución, no se sabe con exactitud la cantidad de vehículos y quién los tiene a cargo; tampoco se pudo comprobar cuantos y cuales son los bienes inmuebles propios de la Fundación.

Para el fiscal de Estado, “la importancia de la denuncia realizada es que se puso en riesgo el funcionamiento del sistema sanitario provincia, la seguridad alimentaria de los mendocinos si tenemos en cuenta que es el organismo encargado de mejorar la calidad de las actividades agropecuarias y agroalimenticias, así como el control de plagas en toda la provincia”.