La defensa de los campesinos había solicitado que se determine la propiedad del terreno donde murieron 6 policías y 11 labriegos, porque la propiedad estaba en disputa entre el Estado y la empresa Campos Morumbí, propiedad de la familia de Blas Riquelme, ex senador y dirigente del Partido Colorado, ya fallecido.

El dictamen de hoy -difundido por la agencia Prensa Latina y el sitio del diario Ultima Hora- fue curiosamente precedido por declaraciones del presidente Federico Franco y del Instituto Nacional de la Tierra, que daban por hecho que las tierras pertenecían al Estado paraguayo.

También el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Gauto, había informado que el fiscal general, Javier Díaz, le aseguró a la organización que se dispondría la propiedad estatal.

El dato es clave porque la propiedad estatal echaría por tierra el cargo de invasión de propiedad privada que levanta el fiscal de la causa, Jalil Rachid, contra los campesinos imputados.

La definición sobre la propiedad del predio de Curuguaty se dio en medio de la audiencia premilinar por el juicio, que hoy fue nuevamente postergada porque el bebé de una de las acusadas permanece internado en un hospital.

La jueza Yanine Ríos tomó esa decisión tras el pedido de la defensa, que expuso que el bebé de una de las acusadas está ingresado en un centro hospitalario, por lo que la madre no pudo asistir a la audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción.

Doce campesinos se enfrentan a la apertura de un juicio penal por los sucesos del 15 de junio de 2012, que ocasionaron una semana después el golpe institucional contra Lugo.

Tres de los imputados por la Fiscalía son mujeres, dos de las cuales acuden a la audiencia con sus hijos de pocos meses, aún lactantes.

La jueza Ríos fijó la nueva jornada de la audiencia preliminar para mañana, miércoles, según publicó la agencia EFE.