Por: Darío Celis.

EN EL ASUNTO de Go Gaba y Coca-Cola ya se tuvo que involucrar la dirección general de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina que comanda Ernestina Godoy.

Ello, para que la Policía de Investigación realice la consulta de la carpeta de investigación relacionada con el fraude que habría cometido la refresquera en contra del empresario José Antonio del Valle Torres, valuado en 345 millones de dólares.

A cuatro años de iniciadas las investigaciones resaltan en este proceso las irregularidades, dilación y presunta corrupción que estaría favoreciendo a la multinacional que preside James Quincey.

La Ministerio Público, Claudia Guadalupe Hernández Salinas, quien durante varios años estuvo al frente de las pesquisas, habría negado diversas solicitudes al equipo legal de Go Gaba.

La funcionaria pretextó una y otra vez estar agotando los actos de investigación que determinó el Juez de Control, César Augusto Mendoza Salazar, desde marzo de 2020, y que ella misma no realizaba.

Incluso negó la solicitud del libramiento de órdenes de aprehensión en contra de cinco altos ejecutivos del gigante basado en Atlanta, cosa que aquí le relatamos en su momento.

Se trata de Manuel Arroyo Prieto, director Mundial de Mercadotecnia; Selmán Careaga Castro, presidente Mundial de la Marca Coca-Cola, y Jorge Fernández González-Galatea, director Financiero para Latinoamérica.

Asimismo, Luiz Enrique de Almeida Resende, vicepresidente Financiero en México, y Juan Francisco Martorelli Hernández, representante Legal de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, subsidiaria mexicana de The Coca-Cola Company.

La carpeta de investigación ya fue turnada a otra unidad del Ministerio Público ajena a Hernández Salinas dentro de la misma Fiscalía.

El abogado de Coca-Cola, que en México es presidida por Roberto Mercadé, es el ex secretario de Gobernación, Fernando Gomez Mont Urueta.

CON REFERENCIA AL contrato de Grupo Caabsa de Luis y Mauricio Amodío del Tren México-Toluca, la empresa envió ayer su posición. Dice que no se los rescindieron: que el Gobierno de la CdMx y la compañía “decidieron por mutuo acuerdo” la terminación anticipada, debido a que las condiciones originales, los múltiples cambios y modificaciones, además de los costos administrativos que se han generado a lo largo de los últimos siete años, ha complicado la buena gestión del contrato y la agilidad del mismo. La decisión se tomó en conjunto con Claudia Sheinbaum y es la mejor vía para que esta obra se concluya en beneficio de la ciudad. Caabsa asegura que las conversaciones se han dado en buenos términos, que no existen impugnaciones y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha citado a la empresa a reunión alguna.

POR CIERTO QUE la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Arganis, y el mismo gobierno de la CdMx, de Claudia Sheinbaum, ya repartieron la tercera fase del Tren México-Toluca que la administración de Miguel Ángel Mancera asignó hace más de siete años al Grupo Caabsa. Según trascendió, fueron dos grupos y un consorcio los beneficiarios. Las dos empresas son Cargo de Rolando Ugalde y Alfa Proveedores de José Abed, y el consorcio la dupla integrada por ICA, que dirige Guadalupe Phillips, y Grupo Idinsa, de Víctor Ortiz. Este par de constructoras serán las encargadas de la mayor parte de ese tramo que conecta con la CdMx. Son los mismos que se quedaron con el puente atirantado de mil 184 millones de pesos.

LARGAMENTE CANTADA, AYER se oficializó la adjudicación que desde hace más de dos años se venía refiriendo en este espacio: el Puente Nichupté de Cancún era para ICA. Simplemente no podía ser distinto. Este lunes por la tarde la Subsecretaría de Infraestructura, a cargo de Jorge Nuño, el principal cabildero de la constructora cuya mayoría es del financiero David Martínez, confirmó que con una propuesta de 5 mil 570 millones de pesos, números redondos, el libramiento de 18 kilómetros con el que se busca desahogar el tráfico en el Boulevard Kukulkán lo construirá la empresa que capitanea Guadalupe Phillips. En el camino quedaron las ofertas de La Peninsular de Carlos Hank Rhon, Mota-Engil de José Miguel Bejos y Calzada Construcciones de Alejandro Calzada.

CRÉDITO REAL INFORMÓ ayer que dos bancos intentaron embargarle activos. El amago se dio en medio de una solicitud involuntaria de quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Protección de Quiebras de Estados Unidos, promovida por un comité adhoc de acreedores, principalmente bondholders. Le decía que los bancos acreedores más relevantes son Banorte, de Carlos Hank González, que reclama une deuda de dos mil millones de pesos; BBVA, que dirige Eduardo Osuna, con 700 millones, y Santander, que preside Héctor Grisi, con otros 400 millones. Apunte también a Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez, con otros 80 millones de pesos más.