Los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias reclamaron que se le prohíba la salida del país al juez de Orán, en Salta, Raúl Reynoso, procesado por beneficiar a narcotraficantes a cambio de sobornos y a quien la semana pasada el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió en su cargo y envió a juicio político por presunto mal desempeño para que sea destituido.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los fiscales le hicieron el pedido al juez federal de Salta Julio Bavio al considerar que existe riesgo de que Reynoso se fugue del país ante una eventual destitución del cargo que lo podría llevar a la cárcel.

Si bien Reynoso no perdió sus fueros tras la decisión del Consejo, la Fiscalía entendió que una eventual salida del país del magistrado por su función de juez quedó perdida con la suspensión en su cargo.

Bavio procesó a Reynoso a fines de noviembre por los delitos de asociación ilícita, concusión y prevaricato al considerarlo jefe de una organización que desde su juzgado liberaba y favorecía con resoluciones judiciales a personas acusadas de narcotráfico a cambio del pago de coimas.

También fueron procesadas otras personas, entre abogados y un empleado del juzgado federal de Orán que participaban de las maniobras.

El procesamiento de Reynoso fue dictado con prisión preventiva, por lo que quedará detenido en caso que sea destituido de su cargo, y un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes.

Villalba, fiscal federal de Salta, e Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), investigaron y pidieron el procesamiento de Reynoso porque en una docena de causas detectaron beneficios procesales, como libertades, exenciones de prisión y faltas de méritos, a personas detenidas por narcotráfico en Orán, en la frontera con Bolivia y uno de los lugares más calientes del país del paso de drogas.

Una de las acusaciones contra el juez es por recibir un campo de 700 hectáreas, que fue puesto a nombre de un empleado de su juzgado, de parte de un hombre acusado del tráfico de una tonelada de cocaína que luego fue sobreseído y liberado.

El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político a Reynoso por mal desempeño de sus funciones por otra causa.

El Consejo lo acusó de detener a un abogado que había amenazado a Reynoso, cuando el juez debió hacer la denuncia para que intervenga otro magistrado.

El abogado fue detenido el 24 de diciembre del año pasado y pasó más de 20 días detenido sin que Reynoso le diera intervención al fiscal y demorara la tramitación de la causa.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene 180 días para realizar el juicio político a Reynoso y decidir si lo destituye o rechaza la acusación y lo confirma en el cargo.

El envío a juicio político fue aprobado por los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato; los jueces Luis María Cabral y Leonidas Moldes; y los radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés; mientras que el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, se abstuvo de votar para evitar una posible nulidad ya que no integraba el organismo cuando se inició la causa en el Consejo contra Reynoso.