El fiscal general Germán Moldes pidió que se revise la prescripción que favoreció a imputados por la causa del megacanje de la deuda externa, entre ellos al banqueroDavid Mulford, y requirió que se revoquen los sobreseimientos dictados en el expediente.

En la causa se encuentra procesado y enviado a juicio oral sólo el ex ministro de economía Domingo Cavallo, porque la Cámara Federal sobreseyó al resto de los imputados y decretó prescripciones, es decir el cierre del caso por el transcurso del tiempo.

Ahora el fiscal ante la Cámara Germán Moldes apeló en un extenso dictamen las resoluciones de la Sala II de la Cámara e intenta que la Cámara Federal de Casación revierta la decisión de cerrar la causa.

La causa denominada "megacanje" de la deuda externa tramitó durante años en los tribunales federales. Se investigó la selección ilegítima del consorcio de bancos que participó del canje de títulos públicos en el  2001, que habría beneficiado a determinadas entidades de manera irregular y terminó prescribiendo para la mayoría de los acusados por el transcurso del tiempo.

Días atrás la Cámara Federal porteña sobreseyó por prescripción del delito al banquero norteamericano David Mulford y puso fin a un pedido de captura que pesaba sobre él. Adoptó similar decisión con otros ocho, entre ellos Horacio Liendo y Federico Adolfo Sturzenegger.

La decisión a favor de la prescripción y sobreseimiento de los acusados fue firmada por la sala II del tribunal de apelaciones que dispuso el sobreseimiento de Mulford, quien nunca fue llevado a declarar ante la Justicia argentina, según la resolución firmada por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

En otra resolución simultánea se sobreseyó además a ocho procesados  en la causa, entre ellos el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, ex subdirector de Financiameinto Jacobo Dreizzen, el ex asesor del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, Liendo y el ex secretario de Política Económica, Sturzegnegger.

Los ex funcionarios habían sido procesados por el juez federal Sebastián Ramos como partícipes necesarios de "negociaciones incompatibles con la función pública" pero esta decisión fue revocada por la Cámara que los sobreseyó.

En el caso de Mulford se remarcó que fue citado a indagatoria por última vez el 11 de julio de 2006, el delito investigado es del 2001 y por ello transcurrió "el límite punitivo máximo establecido en el tipo penal que se ajusta al hecho" que es de seis años.

La Cámara sobreseyó además al ex procurador del Tesoro Ernesto Marcer, al ex director de Crédito Pùblico Carlos Molina y al ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía Guillermo  Mondino.

Ahora Moldes apeló y sostuvo que debe continuar el caso porque los imputados han tenido  parte e intervención en los hechos.

"Tras una decisión de política económica del Estado existió una tramoya previa, contemporánea y posterior a la suscripción del Decreto 648/2001 que tendió a favorecer a ciertos amigos de quiénes llevaban adelante esa operación en nombre del Estado. Todos los que aquí aparecen nombrados han tenido parte e intervención en los hechos que desde los despachos públicos dieron amparo, visibilidad y cierta efectividad a la maniobra. Por eso es injusto que sean apartados de la causa", sostuvo Moldes.

El fiscal Moldes también apeló la decisión de declarar prescripto el caso respecto de Mulford, quien está acusado de malversación de caudales públicos.

"El cuadro es harto conocido: el maridaje entre funcionarios públicos y asociaciones de privados que comprometen, mediante la celebración de convenios ruinosos, la economía presente y futura del país, acometiendo para ese fin conductas claramente violatorias del catálogo represivo. Unos por irresponsabilidad, impericia, desidia, pusilanimidad o vaya uno a saber qué oscuras connivencias. Otros por avidez, codicia, desprejuicio e indecencia", dice uno de los párrafos del dictamen.

Moldes sostuvo además que "un desengaño, en suma, que descompensa el concepto de reparación justa y deja a las víctimas –que en este caso somos todos- sumidas en un pozo de frustración y desamparo. No menor sería, por cierto, la irritación que generaría una limitación de responsabilidad funcional (siquiera en el ámbito civil) mediante instrumentos legales que pusieran a los servidores del Estado al abrigo de toda acción legal".

Finalmente aprovechó para advertir "lo urgente e imperioso" que es la reforma al código de procedimiento penal para "limitar al máximo todas las maniobras dilatorias que hoy son un puente de plata (a veces, casi literalmente hablando) a la impunidad".

"Necesitamos con urgencia un renovado Código de Procedimientos que realmente sea una herramienta apta para combatir y erradicar las múltiples formas de la delincuencia. Toda la delincuencia, desde la que viste trajes cortados por maestros sastres de Savile Row y corbatas de Place Vendôme hasta la que duerme en ranchadas bajo la autopista y come de la olla popular", advirtió Moldes.