El Promeba es financiado por Nación. Las autoridades provinciales seleccionaron a los beneficiarios de los barrios Villa Germinal y Zona Norte. Pero los trabajos fueron un desastre.

El fiscal general de la FIA, Juan Carlos Carola, fue el que firmó la denuncia penal, a la que accedió Diario Textual.

No dio nombres, pero denunció a los "responsables" del Promeba. El coordinador ejecutivo, cuando debían realizarse los trabajos, era Miguel de Elorriaga.

En febrero de este año, el titular de la FIA ya había realizado una denuncia penal por las deficiencias en las construcciones de veredas y de los cordones cuneta, a cargo de Inarco. Y también había denunciado a un grupo de funcionarios.

A mitad de año, el entonces presidente de la comisión vecinal, Sergio Guiñazú, y la diputada provincial Lidia Duperoú hicieron una segunda presentación en la FIA: le apuntaron a las constructoras Ulima y Tito Construcciones, encargadas de las obras de refacciones dentro de las viviendas.

Estos son las principales objeciones de Carola a los trabajos de Ulimia y Tito Construcciones:

- Deficiencias graves en la ejecución de la obra por no haberla ejecutado las contratistas de acuerdo a las mínimas reglas del buen arte y construcción.

- Incumplimiento de las pautas establecidas en el pliego y la obra allí definida.

- Incumplimiento de los deberes de la inspección de obra, toda vez que conforme el informe pericial no se ha llevado a cabo un debido control de la situación que se evidenciaba en la obra.

- Aceptación y certificación por parte de la inspección de trabajos mal ejecutados a simple vista o directamente no ejecutados.

- Modificación en forma ilegítima de la obra definida contractualmente mediante el uso de las Actas de Consenso sin prever además la presentación de un cómputo y presupuesto ajustado indicando lo que se dejaba de hacer y/o se definía ejecutar en sustitución y los costos involucrados.

"De las irregularidades (...), resultarían 'prima facie' acreditado que determinados sujetos que actuaron por la administración pública y que tenían el deber de cuidar el erario público y exigir el cumplimiento en forma del programa incurrieron en conductas que encuadraría en violación de deberes de funcionario público", sostuvo el fiscal.

Las conductas, agregó, también podrían implicar una "malversación de caudales públicos", porque permitió disponer de los fondos públicos en obras no ejecutadas, deficientemente realizadas sin las condiciones de ser aceptadas o no autorizada por la autoridad competente.

Los inspectores de obra fueron contratados por el Ipav. El fiscal sugirió investigarlos porque, al no controlar debidamente, incumplieron el contrato de locación de servicios. También solicitó investigar a los empresarios.

Según Carola, se evidenció "una calidad deficiente de los trabajos que era comprobable a simple vista y que no constituyen 'vicios ocultos'. Esos trabajos fueron aprobados, certificados y de alguna manera, consentidos por la Inspección y 'eventualmente' por los responsables del programa".

Además, los inspectores aprobaron y certificaron trabajos "no ejecutados o ejecutados en forma incompleta" por parte de las contratistas.

"Encontramos casos donde la inversión prevista y abonada no se condice con el monto y tipo de inversión previsto en cada vivienda", sostuvo.

También detectó la utilización "en forma ilegítima y abusiva" de lo que se denomina Acta de Consenso para "modificar y sustituir" los trabajos encomendados a las constructoras en los pliegos contractuales.

A través de esa acta, se obtiene la "conformidad" para ingresar y realizar la obra contractualmente prevista. Pero aquí la llegaron a usar, abusiva e ilegalmente, para modificar los trabajos.

Incluso, alertó la "falta de respuesta adecuada" de las autoridades provinciales a los reclamos de los vecinos.

Otra de las medidas pedidas por el fiscal fue para las autoridades provinciales: les pidió que terminen los trabajos inconclusos y que arreglen las casas.