El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, requirió la elevación a juicio oral del falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio y otros cinco imputados por maniobras vinculadas a espionaje, inteligencia ilegal, extorsión y lavado de dinero y en el mismo dictamen solicitó que al fiscal Carlos Stornelli, también acusado en esta causa, se le amplíe la declaración indagatoria.

El requerimiento fue presentado ante el juzgado federal de Dolores que conduce de modo interino el juez Martín Bava, en el marco del expediente que en un principio estuvo en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien ahora encabeza el juzgado federal con competencia electoral de La Plata.

El dictamen de Curi está relacionado con los delitos que tuvieron por víctimas al dirigente político Roberto Porcaro y al empresario Mario Cifuentes, con las maniobras de supuesto lavado de dinero agrupadas bajo el nombre de "Grupo Buenos Aires" (por el título del grupo de whatsapp con el que se comunicaban los imputados) y búsquedas ilegales de información que un prefecto habría hecho en la base de datos de Migraciones.

El fiscal le dedica párrafo aparte al caso de su colega Stornelli y considera que aún no es momento de requerir su eventual elevación a juicio por su supuesta participación en los delitos que tuvieron por víctimas al abogado José Manuel Ubeira, al que D'Alessio quiso hacerle una cámara oculta para perjudicarlo, y al "peruano" Jorge Castañón Distéfano, expareja de la actual esposa del fiscal del "caso de los cuadernos".

Para Curi, corresponde ampliar la indagatoria de Stornelli para que se le requieran explicaciones como supuesto instigador de los delitos investigados (y ya no en calidad de "autor" como se hizo en la ocasión anterior) a la vez que propone imputarle también el supuesto incumplimiento de sus deberes como funcionario público por no haber denunciado las conductas ilícitas de las que tuvo conocimiento.

El fiscal Curi pidió la elevación a juicio de D'Alessio, del excomisario Ricardo Bogoliuk, de los financistas Pablo Bloise, Aldo Sánchez y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y del prefecto Leandro Pini, por distintos hechos investigados en este expediente.

"Se reprocha a Marcelo Sebastián D'Alessio, Pablo Leonardo Bloise, Ricardo Oscar Bogoliuk, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti y Aldo Eduardo Sánchez haber tomado parte, al menos en el período comprendido entre el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018, de una organización criminal dedicada a negociar, coordinar y concertar operaciones financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros, que involucraban fondos de origen ilícito, el cual se pretendía disimular mediante un esquema especialmente diseñado para ingresar el dinero en el mercado legal y dificultar la trazabilidad de esos activos", sostuvo el fiscal.

"Las actividades de la organización se centraban en relacionar a los actores intervinientes en esas operaciones (emisores "senders" y receptores "receivers" de fondos) y poner a disposición la ingeniería financiera necesaria para insertar el dinero espurio en el sistema bancario; todo ello, a cambio de una comisión porcentual", reseñó.

El fiscal solicitó además elevar a juicio oral a D'Alessio por los delitos de espionaje ilegal y extorsión cometidos contra Porcaro y Cifuentes, los cuales estarían inscriptos entre aquellos cometidos por la asociación ilícita de la que el falso abogado habría formado parte al menos desde el año 2016 al mes de febrero de 2019 junto con los excomisarios Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el fiscal Juan Ignacio Bidone y el exespía Rolando Hugo Barreiro.

Las actividades relativas a la reunión sobre Porcaro incluyeron la utilización de un drone que capturó imágenes y videos de viviendas y empresas situadas en la localidad bonaerense de Necochea y la obtención de datos personales sobre aquél, que se concretó a través de fuentes de acceso público y otras averiguaciones.

En el caso de Cifuentes, a D'Alessio se le imputa la reunión ilegal de información, pero también el haberle haberle exigido, en el período comprendido entre febrero y abril de 2018, 1.200.000 dólares a cambio de no quedar involucrado en el marco de una investigación penal que presuntamente tramitaba ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11.

Finalmente, el fiscal Curi le imputó al prefecto Franco Leandro Pini haber accedido, al menos en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2016 hasta el 28 de enero de 2019, a las bases de datos restringidas de la Dirección Nacional de Migraciones a los fines de realizar búsquedas o requerimientos ilegítimos sobre los movimientos migratorios de determinadas personas.