El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal en Comodoro Py luego de realizar una investigación preliminar sobre las irregularidades detectadas por el ministerio de Desarrollo Social en el cobro del Programa Potenciar Trabajo.

Inició una investigación preliminar luego de que Infobae revelara la existencia de beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio.

Solicitó la información sobre el informe del ministerio que se hizo con los datos que analizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a partir de analizar los números allí vertidos hizo la denuncia. La misma es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido porque quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo. Fue allí donde el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.

El ministerio de Desarrollo Social, había pedido que la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios de Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económico- financiera de los que recibían esa prestación estatal. La primera información relevada fue la de los consumos con tarjeras de crédito o débito de los beneficiarios que superaran en dos o más veces los ingresos provenientes del plan social.

Luego se amplió el pedido y se solicitó saber cuáles fueron los ingresos de los últimos seis meses de cada uno de los beneficiarios, sus posesiones de bienes muebles e inmuebles, sus datos previsionales, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud y sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales, algo que es incompatibles con el beneficio. También pidieron el relevamiento de los muertos que figuraban cobrando el Potenciar Trabajo.

Para realizar la investigación preliminar Marijuán pidió los datos del informe al ministerio que ahora encabeza Victoria Tolosa Paz.

Según la denuncia a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la AFIP analizó 1.382.279 casos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y halló las siguientes irregularidades.

- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales,

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

- 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.

- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Fue ante esas irregularidades que el fiscal hizo la denuncia y además pidió la suspensión del cobro de los planes.

Al mismo tiempo, Marijuán solicitó que se realicen medidas de prueba:

-”Se recabe de la Administración Federal de Ingresos Públicos el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente, junto con la nómina de contribuyentes que surge de aquel relevamiento. Para este último requisito, es decir, los datos específicos de cada ciudadano, deberá relevarse del secreto fiscal a la AFIP para cumplir con dicha medida”.

-”Se solicite al Ministerio de Desarrollo Social la remisión de las actuaciones administrativas labradas en consecuencia del relevamiento efectuado por la AFIP”.

-”Se solicite al Banco Central de la República Argentina que informe: a) respecto del Plan Potenciar Trabajo, cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero. b) qué medidas han adoptado por parte de esa institución para evitar situaciones como la presente, es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes sociales puedan acceder a la adquisición de divisas a través de una institución bancaria”.

-”Se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP”.

-”Se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia”.

El caso le tocó por sorteo al juez Daniel Rafecas con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.