La marinista Paso de García está acusada de peculado, junto a la exsecretaria tesorera de la comuna Graciela Zapata. El arreglo que hizo con Amado implica que acepta su culpabilidad a cambio de no ir a prisión: se la condena a 3 años en suspenso.

Pero además se le exige una reparación monetaria cuyo monto determinarán los jueces que integran el Tribunal de la Cámara del Crimen 1, si aceptan el acuerdo.

No se sabe hasta el momento cuál es la posición de la Municipalidad de Larroudé, que apareció como querellante en el juicio que ya se postergó el año pasado con la presentación de un certificado médico.

El arreglo ante un hecho de corrupción no es el primero que rubrica Amado: el caso más resonante fue el de la “banda de Bienestar Social”, que intervino en los llamados “viajes fantasmas”. Tampoco es una novedad: Amado tiene este criterio para tratar los delitos de guante blanco desde aquel día en que hizo zafar del juicio a los integrantes de la Comisión Directiva del club Santa Rosa que estafaron a la institución (Raúl Talmón, Jorge “Toro” Sánchez y Miguel Gómez).

Estaba previsto que desde hoy el juicio se desarrollara durante cuatro días consecutivos. Pero a partir del acuerdo, el Tribunal tiene 5 días hábiles para expedirse.

La causa se inició el 15 de junio de 2008, cuando el actual intendente del poblado norteño, Néstor Tribolo, denunció en el Tribunal de Instrucción y Correccional Nº 1 de General Pico diferentes irregularidades detectadas en una auditoría externa que analizó el último año de gestión de Paso de García, el 2007.

Tal como informó El Diario, el mandatario norteño indicó que según las investigaciones fueron detectados, entre otras cosas, subsidios no rendidos, cuentas particulares de la intendenta saliente pagadas con fondos municipales, enajenación irregular de vehículos, que derivó en un parque automotor prácticamente inexistente; operaciones con prestamistas privados con tasas usurarias que damnificaban a las arcas municipales y desvíos de fondos enviados a la comuna por organismos públicos, los cuales estaban destinados a fondos específicos.

Las dos imputadas se negaron a declarar durante los tres años que duró la etapa de instrucción. Cuando la fiscala de la causa, la doctora Ivana Soledad Hernández, pidió elevar a juicio la causa el 31 de diciembre de 2010, ambas “amagaron” con prestar testimonio, pero luego no lo hicieron aduciendo problemas de salud y solo se abocaron a estirar lo más posible la realización del debate.

Paso de García presentó un certificado médico emitido por un ginecólogo que dice que la exintendenta se encontraba “en terapia psicológica intensiva con especialistas”. El Juzgado dispuso que un médico forense examinara a Paso de García, pero esta tampoco asistió a los dos turnos fijados.

Casi un año después, el 18 de noviembre de 2011, el Juzgado de Transición Nº 4 dictó el procesamiento de las imputadas y el juicio pareció avecinarse, pero nuevamente Paso de García y Zapata dilataron la situación con apelaciones ante el Tribunal de Impugnación Penal, asegurando que no tuvieron oportunidad de defenderse. Dicho pedido fue rechazado por el TIP, ya que cuando tuvieron oportunidad de declarar o presentar pruebas no lo hicieron.

El mencionado Tribunal a mediados del año pasado elevó la causa a la Cámara del Crimen Nº 1 de Santa Rosa, que juzgará ahora a las dos mujeres que compartieron una larga y controversial gestión que para nada pasó desapercibida entre los pobladores larroudenses, que vieron cómo se “vació” la Municipalidad local.