El texto publicado en Homero Digital recordó que en la columna que le dedicaron al balance del año que pasó, uno de los aspectos negativos de 2010 era, paradójicamente, lo que no había sucedido –es decir un pronunciamiento judicial- en lo concerniente a la causa por la cuales se ventilan algunas de las irregularidades cometidas durante la gestión de la ex intendenta Cristina Paso de García.

La información que daba sustento a esta afirmación había sido recabada en sede judicial el miércoles y en esa oportunidad se nos hizo saber que la funcionaria competente en el tema tenía el expediente sobre su escritorio pero que se encontraba de vacaciones.

Hasta allí, lo conocido. La historia continuó y su reconstrucción es posible gracias al oportunismo de los colegas de Diario Textual.

Ivana Hernández, quien subroga la Fiscalía Nº 3 con sede en General Pico y quien debía producir despacho sobe el expediente en cuestión regresó de sus vacaciones el jueves. Entre otras decisiones de importancias, ese día, el último laborable del año, pidió que tanto Paso de García como su ex secretaria Graciela Zapata sean procesadas y vayan a juicio oral y público.

A partir de febrero, una vez concluida la feria judicial, sobre este pedido debe pronunciarse el juez doctor Horacio Tolosa, del Juzgado de Instrucción y en lo Correccional 1, de la misma circunscripción judicial. No obstante, el hecho de que un fiscal pida ese pronunciamiento significa que obran en la causa elementos de peso que fundamentan las sospechas de culpabilidad de las encartadas.

Al decir de un entendido en temas judiciales, es “sin duda, una instancia superadora de todo lo actuado hasta el presente en esa causa”.

Es oportuno recordar que la denuncia fue presentada por el actual intendente, Néstor Hugo Tribolo, durante 2008, por una serie de aspectos pocos claros sobre el manejo de la administración pública por parte de la responsable de la gestión anterior.

La caótica situación administrativa contable del municipio larroudense fue una constante durante los 12 años de gestión de Paso de García, que concluyó en una deuda estimada en más de 800 mil pesos, sueldos incumplidos al personal, un parque automotor inexistente, los bienes inmuebles embargados y un futuro incierto ante innumerables compromisos respaldado con cheques posdatados