Además, solicitó medidas de prueba en otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ambos casos se acumularon y están en manos del juez federal Sebastián Ramos.

Di Lello firmó requerimiento de instrucción -es decir la apertura oficial de una causa- solo en el caso de la supuesta violación del secreto fiscal.

En la otra causa pidió varias medidas de prueba antes de decidir si lo imputa formalmente. Esta última denuncia la había presentado el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien aseguró que el patrimonio de Echegaray creció un 2055% desde que asumió en la función pública. Según su última declaración jurada, el funcionario tiene un patrimonio de $5.541.877.

Hace diez días, Di Lello había pedido la indagatoria de Echegaray en el caso de Ciccone junto a la del vicepresidente Amado Boudou y otros imputados.

Echegaray será investigado por supuesta violación del secreto fiscal a raíz de una denuncia del diputado Manuel Garrido (UCR). Durante una conferencia de prensa que dio enero, para defenderse de las acusaciones que se le hacían por el viaje a Río de Janeiro junto a su familia y a empresarios a los que debía controlar, como Jorge “el uruguayo” Lambiris, el funcionario difundió detalles de la situación impositiva de dirigentes políticos opositores y empresarios.

Uno de los aludidos fue la diputada Elisa Carrió, quien reclamó la renuncia del funcionario antes y después de este caso. “La señora que dice ‘voy a ser candidato a presidente’ y se pasa todo el verano en Punta del Este y puso en Twitter que no es bueno que Echegaray compre dólares y ella tiene cero pesos de impuesto a las Ganancias”, se quejó ese día Echegaray.

También dijo, en tono desafiante, y refiriéndose a la oposición: “No hay ninguno de los candidatos a presidente de la Nación que pague ni la mitad de lo que pago yo de impuesto a las ganancias”.

Otro de los aludidos fue Fernando “Pino” Solanas pese a que el secreto fiscal impide que se den datos de los contribuyentes a menos de que exista una causa judicial abierta. Echegaray lo bautizó como el candidato que “no se sabe si vacaciona en Uruguay o Brasil”.

Garrido también incluyó en su denuncia unas declaraciones de Echegaray sobre el director de cine Eliseo Subiela, quien había criticado al Gobierno por el cepo cambiario. El funcionario lo acusó de no estar registrado en la AFIP como cineasta sino a través de empresas vinculadas a la astrología y al sector de lustrabotas. Sin embargo, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart cerró la denuncia de la AFIP contra el director.

“Es importante que el fiscal avance. Echegaray se comportó de manera irresponsable con el manejo de información sensible. Siendo el titular de la AFIP tiene la obligación de mantener ciertos datos en reserva”, le dijo Garrido a Clarín.

La causa judicial apunta a determinar si hubo una campaña para amenazar a personajes públicos que cuestionan al Gobierno mediante su situación tributaria. No está mencionado en la causa, pero el caso de Subiela remite de manera directa al del empresario inmobiliario Jorge Toselli, quien también criticó el cepo cambiario y fue atacado por la presidenta Cristina Kirchner.

Hay un antecedente cercano que involucró a tres funcionarios de la AFIP. El juez Luis Rodríguez los procesó por violar el secreto fiscal al divulgar datos de Francisco De Narváez en medio de la campaña de 2009.

En tanto, el fiscal Di Lello pidió que se certifique si existen otras causas similares contra Echegaray por enriquecimiento ilícito. Luego de esas medidas el fiscal debe resolver si también imputa a Echegaray por ese delito lo que complicaría más su situación judicial.