Aseguró además en declaraciones a APFDigital que, en una segunda etapa, podría avanzarse sobre otros niveles de responsabilidad por lo sucedido

“Lo que pasó en Concordia esa noche, si se lo piensa desde lo que somos y podemos llegar a ser, quita el aire, quita la respiración: en una ciudad, todos contra todos. De ahí lo que cuentan los testigos sobre la insistencia en firmar el acuerdo antes de que venga la segunda noche, porque no se podía pasar otra en las mismas condiciones que la primera. Muestra también lo fragmentada que está nuestra sociedad y de cómo tenemos que empezar a reconstruir bases de ideales y éticas más sólidas”, aseguró la Fiscal Goyeneche, una de las integrantes del cuerpo fiscal que lleva adelante la acusación contra 18 policías acusados de sedición y otros delitos, cometidos durante la asonada policial que mantuvo en vilo a la ciudad y la provincia durante diciembre de 2013.

“El derecho penal está para resguardar aquello que es nuclear de nuestra organización social, debe ocuparse de los bienes fundamentales y no de otros que no están en este nivel. Este caso nos llama la atención porque estamos acostumbrados a que el derecho penal trabaje con los derechos individuales, y parece que eso es lo más urgente, lo que más nos convoca”, indicó.

“Aquí estamos ante una situación que afectó la institucionalidad, y eso es lo relevante. Más allá de que hayamos calificado este hecho vinculándolo con varios tipos penales, lo importante de este hecho es la sedición. Esta figura pretende resguardar el orden constitucional, el orden republicano en base al cual nos organizamos, en este caso de la Provincia”, arguyó.

Goyeneche aseveró que el planteo acusatorio es que estas personas “actuaron no solamente tomando, porque no se trató sólo del copamiento de la Jefatura, que hubiera tenido otra interpretación, sino que esto se produjo cuando en otros puntos del país se estaban produciendo múltiples tomas y eso generaba saqueos: otro diciembre más, porque tampoco podemos desconocer el contexto, que era conocido por nosotros y por los imputados”.

“En ese marco, deciden tomar la Jefatura. Nosotros vamos a probar que esto se sabía, que se había advertido en algunos barrios y mediante las redes sociales que iba a haber zonas liberadas esa noche; pero aunque eso no hubiera sucedido, el conocimiento de que lo que hacían generaba el riesgo cierto de que se produjeran saqueos masivos, también se les podría endilgar, así no se hubieran tomado el trabajo de avisar como sí hicieron”, narró.

“El servicio de seguridad ciudadana es función central para el Estado. Uno de los aspectos esenciales que toma para sí el Estado moderno es hacerse cargo de algo que no podemos dejar librado a la decisión individual de cada uno y por eso toma el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. Por eso le da armamento a la Policía. De esta función privaron (los amotinados) al Estado: quedaron algunos patrulleros aislados, a los que encima les obstaculizaron la función, porque le bloquearon el uso de las radios y los provocaban para que sumaran a la medida de fuerza”, definió.

Luego, añadió “El caos social, los saqueos y los homicidios que se produjeron en aquel momento, derivaron de esta situación de privación del servicio de seguridad. Así coaccionaban al Gobierno para obtener una medida, porque la sedición tiene esos dos aspectos: por un lado privar de un poder propio al Estado y, a través de ello, obtener una concesión. Aquí está claro: se privó al Poder Ejecutivo del ejercicio de la función de seguridad en Concordia y, con eso, se pretendió obtener una medida o concesión que se vinculaba con que, si la situación se mantenía, se iba a ir agravando paulatinamente”.

El segundo círculo

Goyeneche reconoció que “no está cerrada la posibilidad” de que una vez que termine el proceso contra los 18 policías acusados en esta primera etapa, pueda abrirse una segunda para avanzar sobre un segundo círculo de responsables, más mediatos y con intereses políticos marcados, de lo que pasó en diciembre del 2013 en Concordia.

“Tenemos que evaluarlo institucionalmente. Este es un juicio que llevará dos o tres meses y es un desgaste importante para el Poder Judicial, porque hacerlo implica que otros no se puedan realizar mientras tanto. Será una decisión que se tomará cuando termine este juicio y esté claro el panorama. Allí veremos si contamos con elementos para una segunda causa, vinculando a personas que han tenido un rol relevante, si es que surgen”.

Prueba de fuego

A la hora de evaluar cómo está respondiendo el nuevo procedimiento acusatorio y la estructura del Poder Judicial en el juicio más importante de la historia reciente de la Provincia al reclamo social de justicia, la Fiscal General adjunta precisó: “Creo que se está dando una respuesta satisfactoria. Esto se hace en base a recursos escasos. Cuando planteamos el caso contra estos 18 y la defensa nos pregunta porqué no están los demás que participaron, es porque el sistema no puede operar, no se puede hacer un juicio oral a 90 imputados”.

“El juicio no se realizó antes por los múltiples planteos de la defensa, pretendiendo que no se realice el debate oral, que se hubiera podido hacer hace varios meses”, concluyó. (APF.Digital)

(Por Juan Bracco, especial para APFDigital)