La Fiscalía de Estado confirmó la existencia de una retención de la Provincia sobre fondos nacionales pertenecientes a las comunas que se acumularon hasta el momento del traspaso del gobierno del peronista Francisco Pérez al radical Alfredo Cornejo. 

Ya lo había hecho notar con anterioridad el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre Mendoza que impulsó la vicegobernadora Laura Montero.

A pesar de que el informe del fiscal, Fernando Simón, consideró la de la AGN como una denuncia informal, la Fiscalía verificó algunas de sus conclusiones. Envió dos de ellas a la Justicia, aunque también desestimó otras.

“La existencia de más de 480 millones de pesos de fondos remitidos por la Nación, especialmente por coparticipación municipal, impagos al 9 de diciembre de 2015”, el día del cambio de gestión, ocupó un lugar destacado en ambos informes. 

Entre enero y noviembre de 2015, las transferencias municipales oscilaron de 300 a 500 millones de pesos por mes, por lo que los fondos nacionales retenidos ante las urgencias de la Provincia llegaron a alcanzar un monto equivalente a un mes completo de coparticipación para las 18 comunas.

El informe de Simón, ex senador y funcionario peronista nombrado en la Fiscalía de Estado por Pérez, confirmó que este tema “ha sido puesto en conocimiento de la Justicia penal a los fines de la pertinente investigación”.

Esta demora se registró en la última etapa de la gestión de Pérez y terminó de complicar las transiciones en varios municipios, especialmente en Luján y Guaymallén.

Por entonces, el intendente Carlos López Puelles radicó una denuncia penal contra Pérez y su ministro de Hacienda, Juan Gantús. Sus pares de Las Heras, el actual diputado nacional Rubén Miranda y de General Alvear, Juan Carlos De Paolo -al igual que el concejal a cargo de Guaymallén, Luis Lobos- iniciaron reclamos administrativos en la propia Fiscalía de Estado.

El tema ha seguido generando coletazos judiciales en Luján, a raíz de la existencia de cheques de pago diferido emitidos por la Administración de López Puelles, que fueron rebotados.

Sin registro

La Fiscalía de Estado confirmó también que en el Registro y Protocolización de Actos Administrativos se observa que “en muchos casos no se encuentran las resoluciones, los libros de registro están sin foliar y existen numerosos actos no publicados”. Esto también lo puso “en conocimiento de la Fiscalía de Delitos Complejos”.

Igualmente confirmó la existencia de “gastos realizados sin imputación por $ 1.425 millones”, en los cuales “se habría incumplido con la afectación preventiva y la intervención de la Contaduría General de la Provincia”. Concluyó que “corresponde la instrucción de sumarios administrativos para determinar las responsabilidades pertinentes”.

En relación a los nombramientos de personal realizados entre el 30 de junio y el 9 de diciembre (con Cornejo ya confirmado como gobernador electo desde el 21 de junio), aparecieron diferencias numéricas entre las irregularidades señaladas por la Auditoría y la Fiscalía. 

El informe de la AGN detectó 716 casos cuestionables mientras que el de la Fiscalía de Estado consideró que 383 se fundaron en acuerdos paritarios. Esto redujo a 333 el número de “nombramientos cuyo encuadre en la normativa vigente no se encuentra suficientemente satisfecho”.

Esta diferencia numérica es sustancial ya que las disponibilidades de personal decididas por el gobierno de Cornejo apuntaron a esos 716 casos. En tanto, trascendió que al menos cinco despedidos en la OSEP y el Casino han debido ser reincorporados transitoriamente (mientras se define su situación) a raíz de la aceptación judicial de medidas cautelares.

En tanto, la Fiscalía de Estado desestimó otras denuncias de la Auditoría General de la Nación referidas a una supuesta deuda del Casino por falta de pago de premios y atrasos en la publicación de resoluciones.

Critica la auditoría de la AGN

El informe del fiscal de Estado, Fernando Simón, remarcó que el trabajo de la AGN no tiene la condición de una “auditoría” sino la de un “informe especial de procedimiento de corte” al que le dio el tratamiento de una “denuncia”. 

También subrayó la inexistencia de un convenio (entre el Congreso y la Provincia) que haya formalizado la actuación de la AGN en Mendoza, con lo que colocó esta intervención en un ámbito de informalidad. Subrayó que el órgano natural de control previsto en la Constitución provincial es el Tribunal de Cuentas. 

La intervención de la AGN en Mendoza fue promovida por la vicegobernadora, Laura Montero, y validada por el gobernador Cornejo. Se llevó a cabo en diciembre, contrarreloj, en el Estado provincial, en cuatro municipios con cambio de color político justicialista a radical (Guaymallén, Las Heras, General Alvear y Malargüe) y en algunos organismos descentralizados como el IPV y el Iscamen. 

Su presencia en Mendoza fue apoyada desde el radicalismo y cuestionada desde el FpV.