“Corresponde la desestimación y posterior archivo de la denuncia”. Así, el fiscal Daniel Guillén rechazó la presentación judicial que realizó el líder del Sindicato Médico, Daniel Sanna, contra las autoridades de Salud Pública por presuntas irregularidades sucedidas en la Maternidad del Hospital Rawson. Según el dictamen, los hechos expuestos por el gremialista “no encuadran” en ninguna figura delictual que justifique abrir una causa penal y sólo podrían ser objeto de un reclamo administrativo. Si bien el que tiene la última palabra es un juez, en la gran mayoría de los casos hay coincidencia con la opinión del titular de la acción y la acusación se desecha.

Sanna es el gremialista más duro que tiene enfrente la gestión giojista y su denuncia ingresó el 23 del mes pasado. Fue luego de un sinnúmero de cruces y polémicas con el ministro Oscar Balverdi por el funcionamiento del Servicio de Maternidad del principal centro de salud que tiene la provincia. Claro que la puja no es nueva: desde hace años que el Sindicato Médico está en conflicto con el sector oficial, al punto que es el que más paros ha hecho en el sector público en la última década.

Guillén, como titular de la acción, era el primero que tenía que dictaminar. Su opinión es clave para que se abra una investigación penal de los hechos o para que la denuncia sea mandada a archivo. El fiscal, se inclinó por la segunda opción. Tras analizar la presentación de Sanna, concluyó que “la naturaleza de los hechos denunciados no permite en modo alguno promover o excitar la jurisdicción penal”. Dicho en otras palabras, considera que los apuntados por el gremialista no cometieron ningún delito.

Según la denuncia firmada por Sanna, “la indiferencia de las autoridades” llevó a un colapso de la Maternidad, donde faltan camas y personal. Además, dice que no se cumplen las normas básicas de bioseguridad, que hay acumulación de pacientes en lugares indebidos y afirma que las muertes de dos bebés y un adulto se podrían haber evitado.

A tono con la orden que había bajado el Ministerio Público para separar la paja del trigo y evitar denuncias de carácter político, Guillén citó previamente a Sanna para que diera detalles de los hechos e indicara cuáles fueron los delitos cometidos. Luego de escucharlo y revisar el escrito, el fiscal llegó a la conclusión que “el denunciante no logra concretar suficientes datos objetivos que permitan la prosecución de una instrucción”. En todo caso, sostiene, los hechos “pueden constituir irregularidades, inadecuada implementación de políticas, acciones que configuren injusticias” y se podrían plantear en un reclamo administrativo. 

La posición del fiscal no implica que la denuncia vaya a ser archivada sí o sí, aunque se trata de una cuestión determinante. Sucede que el juez Benito Ortiz, que es quien entiende en la causa, no puede abrir la etapa de instrucción sin el consentimiento del fiscal. A lo sumo, puede solicitar la intervención del fiscal de Cámara, para que diga si corresponde o no investigar.

En realidad, son muy pocos los casos donde no hay concurrencia entre el fiscal y el juez a la hora de determinar si se justifica iniciar un proceso. De ahí que todo indica que la denuncia que plantó el Sindicato Médico y su titular podría ser archivada definitivamente.