En el marco de la Investigación Penal Preparatoria que sigue adelante la Fiscalía de Derechos Económicos N° 10, a cargo del fiscal Dr. Roberto Javier Pizzo, quien puso la lupa en la gestión del ex intendente Gustavo Pulti, se dispusieron medidas de prueba en la Agencia de Desarrollo Social, con respecto a la Expoindustria, y la oficina “Mejor Vivir”, relacionado al Programa de Integración Comunitaria. A través del cual la Nación enviaba fondos para la constitución y funcionamiento de cooperativas de trabajo, que habrían sido objeto de desvíos.
Según fuentes cercanas a la investigación, no se trató de un allanamiento a ninguna dependencia municipal, sino de una orden de presentación en la que la justicia solicitó que se pusiera a la vista la documentación correspondiente.
También de acuerdo a la información a la que accedió mdphoy.com, el ex intendente Gustavo Pulti requirió los servicios del doctor Carlos Andreucci, renombrado especialista en Derecho Administrativo, quien fuera presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El doctor Andreucci encabezó el área de Legal y Técnica en el gobierno del doctor Mario Roberto Russak. Asimismo, se supo que el ex jefe comunal, recurrió además a los servicios de reconocido letrado penalista de nuestra ciudad. Según los trascendidos, los ex secretarios de Hacienda, contadores, Mariano Pérez Rojas y Daniel Pérez tendrían un elevado grado de compromiso en los expedientes que se investigan.
La necesidad de recabar mayor información surgió de las testimoniales llevadas a cabo la semana anterior, en virtud de lo cual personal de la Fiscalía de Derechos Económicos se apersonó en dichas áreas a fin de cotejar documentación y ampliar pedidos de informes.
El personal del municipio puso a disposición la información y este martes será suministrada el resto de la documentación solicitada.
En las próximas horas, se ordenarán otras medidas tendientes a continuar con la investigación de las irregularidades detectadas en la administración de Gustavo Pulti, quien fue imputado por presunta “malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público”, en base a diversas causas.
Una de las cuales la inició el actual secretario de Economía y Hacienda, José Reinaldo Cano, en la que la Municipalidad se ha presentado como querellante. Lo cual implica no solo acompañar con las pruebas que el municipio considere, sino también hacer la persecución penal del reo para su condena y el reintegro económico del erario público.
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