El fiscal penal 9, Rodrigo González Miralpeix, rechazó los argumentos esgrimidos por la defensa del senador nacional, Juan Carlos Romero, para que la Justicia no investigue la ruta del dinero en el negociado de La Ciénaga, causa en la que el ex gobernador aparece como el principal imputado.

Asimismo, en su escrito, el fiscal respaldó al juez en sus facultades para dirigir la investigación de la causa, puesto que la defensa de Romero había objetado y sembrado suspicacia respecto a la labor del magistrado al momento de solicitar los datos bancarios vinculados al caso.

Como se informara ayer, el abogado Oscar Pedro Guillén, defensor de Romero, presentó una serie de planteos para impedir que se abra la información bancaria de los cheques que se pagaron y emitieron en torno a la compra-venta de La Ciénaga, causa seguida contra catorce imputados por el supuesto delito de peculado.

Entre los acusados se encuentran Romero, su hijo, Juan Esteban y su tía Hermelinda Romero de Ramírez. La lista sigue con su abogado personal, Alberto Raymundo Sosa, el último en ser sumado a la grilla de imputados junto a los ex funcionarios Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni, éste último sindicado como “testaferro” en la maniobra.

La causa penal de La Ciénaga, como fue denominada, investiga la adquisición por parte del Estado, en tiempo que Romero gobernaba la provincia, de 90 hectáreas en ese paraje que ingresaron al patrimonio público para ser destinadas a la construcción de 1800 viviendas sociales, sin embargo, el terreno, después de varias operaciones inmobiliarias sospechadas como fraudulentas, terminó dentro del registro personal de tierras del ex gobernador.

El curso de la causa tuvo numerosos actos dilatorios interpuestos por Romero, aunque en ninguno de ellos el ex gobernador se puso claramente en evidencia como en el reciente pedido efectuado por su defensor para bloquear la información bancaria que el juez de la causa, Pablo Arancibia, a instancia de la fiscalía, había pedido al Banco Macro.

Reposición

En su planteo, la defensa de Romero interpuso un recurso de reposición, una apelación y hasta un planteo de nulidad, con lo cual agotó todas las chances legales a su alcance para evitar que el juzgado de Transición 1 pueda recibir datos de los trámites bancarios de las cuentas que se utilizaron en el negociado de La Ciénaga.

En busca de un blindaje para su cliente, Guillén argumentó que el pedido de información bancaria no podía hacerse porque a su entender todas los trámites de la causa estaban suspendidos por un pedido realizado por él mismo para extraer fotocopias de la causa, como así también adujo que la medida probatoria requerida se trata de un acto inusual e irreproducible, por lo que el derecho de defensa de su cliente se vería afectado.

Guillén cuestionó duramente la decisión del juez y de la fiscalía de virar las pesquisas hacia los datos bancarios, en particular Romero se ofuscó cuando se enteró que el juez Arancibia quería saber quién cobró los cheques y a través de qué cuentas se hicieron los pagos por las operaciones inmobiliarias vinculadas a La Ciénaga.