Principio para el fin de un largo conflicto por la decisión del Concejo Deliberante de no pagar los honorarios de la abogada que contrató para que ejerza su defensa en la causa por las bonificaciones docentes que el exintendente Carlos Arroyo llevó a la Suprema Corte provincial. Es que tras meses de resistencia, finalmente las autoridades informaron la decisión en el marco de la causa.

Según constató La Tecla Mar del Plata, el presidente del HCD, Ariel Bordaisco, presentó un escrito a la Suprema Corte donde consiente la liquidación de fondos presentada por la abogada que demandó al Concejo el año pasado por la falta de cobro de sus honorarios.

Con el patrocinio letrado del subsecretario de Legal y Técnica, Mauro Martinelli, solicitó a la Suprema Corte que reitere al Banco Provincia el oficio de apertura de cuenta judicial, para de ese modo poder efectuar el depósito de los $226.324 pesos adeudados a la abogada.

El cambio de postura se debería a que el retraso en el cobro de los haberes podría ser observado por el Honorable Tribunal de Cuentas como un perjuicio para el erario público, lo que sería responsabilidad de los funcionarios a cargo.

La profesional había sido contratada en 2019 por el Concejo Deliberante para ejercer la defensa ante la denuncia por competencia de poderes realizada por Arroyo, debido a las ordenanzas que buscaron dejar sin efectos dos decretos de Arroyo con los que implementó el recorte salarial.

En la causa, Bordaisco planteó que quien debía hacerse cargo del pago era su antecesor, Guillermo Sáenz Saralegui, debido a que la contratación habría sido irregular, ya que no hubo acto administrativo definitivo. El problema, sostiene el titular del HCD, era que la abogada fue designada por un decreto de presidencia que nunca fue refrendado por el Concejo. Sin embargo, los magistrados rechazaron de plano el planteo y obligaron a que el  órgano legislativo se haga cargo del pago.