Las polémicas sobretasas que el gobierno de Juan Jure pretende imponerles a los servicios de telecomunicaciones llegaron, finalmente, a la Justicia. La empresa Telecom Argentina S.A. presentó en los tribunales ordinarios, más específicamente en el Juzgado Civil de Sexta Nominación, una demanda en contra de la Municipalidad de Río Cuarto.

Allí pide que las ordenanzas que instauraron dos nuevos tributos para los servicios de TV por cable, internet y telefonía fija y celular sean declaradas inconstitucionales y que, mientras tanto, una medida cautelar le impida al Ejecutivo avanzar con el cobro o instaurar sanciones y multas.

Esas resistidas sobretasas fueron aprobadas en junio de este año y, si se hubieran aplicado, habrían implicado un recargo inicial del 2,5 por ciento durante el tercer trimestre del año. Ese porcentaje habría trepado hasta el 5 por ciento en los últimos 90 días de 2012; para 2013, la cifra podría llegar al 10 por ciento. Los nuevos tributos fueron pensados con asignaciones específicas: para obra pública y para financiar gastos sociales.

Sin embargo, a pesar de las intimaciones que libró la semana pasada, el Municipio no cobró un peso por los polémicos tributos porque las empresas no los incluyeron en su facturación de septiembre, tal como estaba previsto por el Ejecutivo.

Ahora, el panorama se complica aún más porque Telecom, una de las empresas más importantes por cantidad de clientes, atacó directamente en la Justicia la legalidad de las ordenanzas.

En un escrito de 70 páginas, los abogados de Telecom plantean una acción declarativa de certeza porque sostienen que las ordenanzas 1.505 y 1.506 generaron un estado de incertidumbre jurídica. Ante la posibilidad de que la Municipalidad multe a la empresa por no cobrar los impuestos, la firma reclama que la Justicia determine si es constitucional o no el criterio del Estado local.

El planteo

A juicio de los abogados de Telecom, las ordenanzas son inconstitucionales porque se contraponen al régimen federal de coparticipación y a las normas provinciales que se desprenden de esa normativa.

“Solicitamos se dicte sentencia, despejando el estado de incertidumbre producido por las ordenanzas 1.505 y 1.506/12 contra el Impuesto para el Financiamiento de la Obra Pública y el Impuesto al Financiamiento del Desarrollo Institucional y Social”, se lee en la demanda.

Los abogados Carlos Luis Mancini y Armando Carbonetti plantean, por un lado, argumentaciones jurídicas en contra de las sobretasas y, por otro, enumeran complicaciones prácticas para poder aplicarlas. Indican que no tienen el personal necesario para instrumentar los cambios en el sistema informático, que implicaría un proceso de 9 meses y que, además, insumiría un gasto de 905.850 pesos.

Para la empresa, no sólo es irrazonable y arbitraria la intención del Municipio de imponerle semejante costo para cobrar dos impuestos, sino que, además, con la recarga sobre las facturas de los servicios de telecomunicaciones el gobierno estaría buscando disimular la verdadera presión fiscal. “En lugar de aumentar los tributos directos, se pretende incrementar los ingresos fiscales gravando el consumo de los usuarios de nuestra empresa”, dice la presentación.

Telecom sostiene que ser agente de percepción de los nuevos impuestos municipales le causa agravio. “La normativa invocada le impone el deber de participar en el proceso de recaudación, asumiendo parcialmente una gestión que le corresponde al fisco municipal y que la expone ante legítimos reclamos de sus clientes por la inconstitucionalidad de los tributos”, se lee en el escrito presentado en la Justicia.

En varios tramos de la demanda, Telecom señala que los nuevos impuestos son “manifiestamente inconstitucionales”.

“La Municipalidad ha incurrido en un flagrante desconocimiento tanto de la normativa provincial como de la norma federal en materia de telecomunicaciones (...) Tanto los consumos de telefonía fija como los de internet se encuentran alcanzados por el IVA”, señalan los abogados. Argumentan que al Municipio le está vedado gravar las telecomunicaciones porque ya están alcanzadas por un impuesto nacional coparticipable.

Por lo tanto, indican, se estaría violando la ley de coparticipación federal, que prohíbe la doble imposición.

Además, dicen los abogados que se alteraría en Río Cuarto el principio de igualdad porque aquí los clientes de Telecom pagarían tarifas más elevadas que en el resto del país.

Por último, remarcan que la empresa no tiene intenciones de abrir la puerta para que más municipios imiten a Río Cuarto e impongan tributos similares. Si cada intendente lo hiciera, el panorama, dice la firma, sería imposible de afrontar.

Pero, más allá de esos argumentos de fondo que apuntan a que las sobetasas sean declaradas inconstitucionales, Telecom pidió que se dicte una medida cautelar para suspender la aplicación de la ordenanza hasta tanto se conozca el fallo de la Justicia.

“La medida cautelar solicita que se le ordene a la Municipalidad de Río Cuarto que, mientras no se produzca la sentencia definitiva en la causa, se abstenga de reclamar, intimar y/o adoptar cualquier acción, judicial o extrajudicial, incluida la aplicación de sanciones, tendiente a obligar a nuestra mandante a actuar como agente de percepción de los tributos”. La aceptación o el rechazo a ese pedido se resolvería en cuestión de días.

Claves

* El Concejo Deliberante aprobó las sobretasas a las telecomunicaciones el 6 de junio de este año. Fue después de una fuerte polémica y de movilizaciones que organizaron la oposición y los gremios de la ciudad.

* El 24 de agosto el Municipio les notificó a las empresas que se había firmado el decreto 103/12 que reglamentó las ordenanzas 1.505 y 1.506 y que estableció que las firmas de telecomunicaciones debían ser agentes de percepción; es decir, tenían que incluir los tributos en sus facturas y después pagarlos al Estado.

* Hasta ahora, ninguna empresa cobró las sobretasas.