Con la oposición perfilada para derogar la resolución para compensar a las empresas de gas por la devaluación, el Gobierno aprovechó el camino que abrió el radicalismo con su propuesta y decidió anular el cobro retroactivo a los usuarios para cubrir la deuda acumulada por las prestadoras del servicio. El Estado pagará a las productoras $20 mil millones de pesos a partir de octubre del año próximo. La Casa Rosada presentó la marcha atrás como una salida consensuada entre diferentes espacios políticos.

La baja de la resolución 20/2018 fue confirmada por Javier Iguacel -secretario de Energía- al caer la noche en la Casa Rosada a partir de un pedido del Senado, según remarcó el funcionario que había pasado buena parte de la tarde con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. El Gobierno debió ceder otra vez aun después de que el Presidente insistiera con la defensa del aumento de gas. “La energía cuesta y hay que pagarla”, dijo este miércoles a radio M de Olavarría.

“Se resolvió que no lo paguen los usuarios. Lo que decidió y nos instruyó el Congreso es que se haga cargo el Tesoro Nacional. Habrá un año de plazo y seguramente más de 24 cuotas”, aseguró Iguacel a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Habrá negociaciones con las empresas prestadoras y la intención del gobierno será acordar un pago a partir de octubre de 2019 y sin intereses por $20.000 millones. De ese modo el Gobierno afrontará toda la cifra estimada por la suba del dólar entre abril y septiembre, luego de que en un primer momento buscara evitar la salida del subsidio. Acaso por eso, y por la prioridad de bajar el déficit en línea con el acuerdo con el FMI, el oficialismo incluyó al Congreso en la marcha atrás y dejó el pago para los últimos meses del próximo año, para reducir el efecto en el Presupuesto.

Rogelio Frigerio -ministro del Interior- había ido al Senado al mediodía a reunirse con los peronistas Miguel Pichetto, Adolfo Rodríguez Saá y Marcelo Fuentes (del Frente para la Victoria), entre otros, además del macrista Federico Pinedo y los radicales Angel Rozas y Luis Naidenoff. Se movió rápido para confirmar el freno del aumento en las boletas con el objetivo de bloquear cualquier iniciativa en esa Cámara en contra de la resolución. También estaba en marcha una sesión especial impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados, para la semana próxima.

“Entendimos que era judicializable y el efecto que podía tener en el bolsillo”, dijo a Clarín un alto funcionario. Extender la disputa también podía complicar el tejido de negociaciones para la aprobación del Presupuesto 2019: “Estamos en una situación de mucha fragilidad y es preferible evitar cualquier obstáculo”. Funcionarios de la llamada ala política del Gobierno expresaron en privado reclamos por el avance de la resolución tan controvertida sin una evaluación previa más profunda en el contexto de crisis económica y la repercusión en la negociación por el Presupuesto.

A la presión de los espacios no oficialistas en el Congreso se había sumado el impacto de la denuncia penal del fiscal Guillermo Marijuan contra Iguacel por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, fundamentada en que se trataba de una compensación retroactiva. El secretario de Energía sostenía que lo avalaba la ley 24.076, sancionada en 1992.

Cuando las reacciones escalaban Frigerio avisó que el Gobierno estaba dispuesto a escuchar alternativas para morigerar el impacto en los usuarios y los radicales -como adelantó Clarín- dejaron asfaltado el camino para la revisión. Los aliados advirtieron que la compensación a cargo de los usuarios -se sumaba a un aumento promedio del 35% y superior al 50% en las categorías residenciales de menor consumo- implicaba “un costo político tremendo” en la clase media, en buena parte sustento electoral de Cambiemos.

La propuesta elevada por los gobernadores Alfredo Cornejo (titular del partido) y Gerardo Morales consistía en que el Estado nacional subsidiara$10.000 millones de pesos y que la otra mitad corriera por cuenta de las empresas. No estaba consensuado con Macri, aunque Cornejo habló en la noche del martes con Nicolás Dujovne -en Indonesia- y Mario Negri con Marcos Peña e Iguacel. A esa altura, aunque sin los detalles finales, el Gobierno ya tenía decidido que no se mantendría el cobro a los usuarios en 24 cuotas a partir del 1° de enero con intereses, como disponía la resolución de Energía. El secretario había estimado un costo extra de $90 y $100 mensuales en promedio para cada boleta.

“Para poder respetar los contratos, alguien tiene que pagar. La energía no es gratis”, dijo Iguacel al descartar la posibilidad de que las empresas afrontaran un costo mayor. También desestimó su eventual renuncia: “No lo evalué ni el Presidente me lo pidió”.