En nivel inicial y primario, los que tienen un 100% de ayuda estatal no podrán cobrar más de $ 468. “Las bandas y topes brindarán claridad. O está dentro de la banda o se está fuera de la norma”, expresó el inspector general del área.
La Dirección General de Educación bonaerense dictó la resolución que establece topes a los aranceles de los colegios privados que reciben aportes del Estado. Serán seis bandas arancelarias -para escuelas con 40, 50, 60, 70, 80 y 100% de subsidio- y valores máximos para las cuotas en cada una, persiguiendo el objetivo es terminar con la dispersión reinante.
Esta normativa de aplicación en toda la Provincia repercute en Junín, ya que la gran mayoría de las escuelas privadas cuenta con subvención del 100% por parte del Estado provincial. Entre los establecimientos incluidos en tal porcentaje se encuentran, entre otros, los colegios Santa Unión, Colegio Marianista, San José y Hogar Belgrano.
Para conocer la aplicación de esta normativa en nuestro medio, Democracia consultó a Pablo Lavagnino, inspector general de la Región 14 de Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep), quien destacó que la resolución va a dar un marco más claro al tema arancelario. Antes, los establecimientos debían esperar una resolución que autorizaba el incremento de cuotas ante modificaciones en los salarios docentes.
A partir de la resolución dictada, se crearon bandas con topes, que incluirán a los colegios y se podrá determinar la cuota en forma precisa. “Las bandas y topes brindarán claridad. O está dentro de la banda o se está fuera de la norma”, expresó Lavagnino.
“Estas bandas arancelarias que estableció el Ministerio de Educación antes no existían. Desde noviembre se comenzó a discutir, en diciembre participaron todos los actores y ya salió la resolución correspondiente”, expresó Lavagnino.
Consultado por este diario sobre los pasos a seguir, el inspector afirmó que “el martes o miércoles tendremos una reunión entre todos los inspectores para determinar los pasos a seguir. Seguramente vamos a realizar encuentros con todos los establecimientos”.
Con relación a las diferencias entre colegios, remarcó que “hay situaciones especiales que dependen de cada institución. En algunas localidades, el único colegio secundario es público de gestión privada, por lo que esa situación tiene que ser contemplada”.
Los montos
Los montos que se establecieron de común acuerdo con las asociaciones que nuclean a los colegios no sólo se diferencian por el porcentaje de aporte estatal que reciben, sino también por nivel educativo. En nivel inicial y primario, por ejemplo, los que tienen un 100% de subsidio no podrán cobrar por mes más de $ 468. Además, los colegios deberán becar, como mínimo, al 10% de la matrícula de cada nivel educativo.
En secundaria, las escuelas con 100% de subsidio podrán cobrar una cuota de hasta $ 517 y aquellas que perciben el aporte mínimo del 40%, de hasta $ 2700 (ver gráfico).
En ese sentido, vale recordar que los topes que marca la resolución Nº 34/17 no son fijos, sino que se actualizarán tras la paritaria de los maestros.
“Desde hace dos años venimos trabajando este tema con las autoridades, y ahora, por suerte, hemos podido llegar a ponerle fin. Este esquema ordena el sistema escolar de gestión privada. Había colegios con el mismo aporte estatal que cobraban cuotas muy diferentes”, dijeron fuentes gremiales del sector, quienes resaltaron que la resolución final tuvo el respaldo de las asociaciones que nuclean a las instituciones educativas de la Provincia.
Asimismo, la fuente consultada estimó que una eventual modificación de las cuotas recién se vería reflejada en las cuotas correspondientes al mes de abril. Es que se presume que la paritaria docente no cerrará rápidamente, de modo que los establecimientos no llegarán a aplicar el aumento anual para el tercer mes del año.
¿Qué sucederá con los colegios que cobran una cuota que excede el tope arancelario? Como se dijo, pueden pedir ser recategorizados. Por ejemplo, uno que recibe un aporte del 60% podría solicitar pasar a la banda del 40%. El pedido tiene que estar debidamente fundamentado y será analizado por la cartera educativa.
De lo contrario, tienen que ir “bajando” la cuota progresivamente. “Si este año se permite un incremento arancelario del 20% luego de cerrarse la paritaria docente, ese establecimiento aplicará una suba inferior. Y así hasta que se adecue a la banda que le corresponde”, dijeron las fuentes consultadas por este diario.
En cambio, aquellos colegios que cobren una cuota mensual inferior a la que le corresponde, deberán adecuar el arancel, paulatinamente y de forma escalonada, hasta alcanzar el nuevo monto. En ningún caso se tratará de subas o bajas que afecten el bolsillo de las familias o la planificación de las escuelas.
“Excesos y arbitrariedades”
El subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, explicó que “lo que se busca con esta resolución es evitar los excesos y arbitrariedades en el cobro del arancel mensual, evitando, por ejemplo, que una institución que recibe el tope de aporte estatal esté cobrando una cuota desmedida”.
La resolución establece los conceptos a cobrar por parte de los colegios. Se norman los aspectos curriculares, obligatorios y en materias extraprogramáticas, incluidas en el plan de estudios. También se especifican aquellos cobros referidos a “otros conceptos”, detallando qué ítems se pueden cobrar dentro de ese anexo, transparentando la razón de esa erogación.
“Todo lo que es curricular y obligatorio está normado. Luego, el resto de actividades que ofrezca el establecimiento deberán ser optativas, y el padre será el que elija si quiere que su hijo haga esas actividades o no”, puntualizó Siciliano.
El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, destacó que “el objetivo es adecuar, ordenar y transparentar el aporte que hace la Provincia a las entidades privadas. Tal planificación se concibió en función de unificar criterios para que los establecimientos que reciben subsidios del Estado tengan una banda arancelaria, como sucedía antes en la educación de gestión privada bonaerense y como tiene la mayoría de las jurisdicciones del país”.
“Cada institución tendrá que adecuarse a este plan y cada familia sabrá cuánto tiene que abonar”, concluyó.
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