“Estamos en condiciones de avanzar con decisiones que tienen que ver con el normal funcionamiento de todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo (PE). Impulsaremos la designación de las autoridades acordes a las cartas orgánicas vigentes”. Ese pasaje del discurso que Juan Manzur pronunció el 29 de octubre, cuando asumió la Gobernación, aún resuena para beneficiarios y trabajadores de los cinco institutos del Estado que están intervenidos. Algunos llevan casi un cuarto de siglo en esa condición.

Entre la herencia que legó el ex gobernador José Alperovich (hoy senador) a su sucesor se encuentran cinco entes autárquicos provinciales con interventores dispuestos por la Casa de Gobierno: Instituto de Previsión y Seguridad Social, Caja Popular de Ahorros, Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) e Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). 

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, anticipó que la normalización forma parte de la agenda de la nueva gestión. Aclaró que se analizará el estado de cada instituto para llevar a cabo la transición. El Ipvdu y el Subsidio de Salud llevan 24 años intervenidos. Le siguen el Ipacym (16 años), IPLA (15 años) y La Caja Popular (12 años). 

“La primera tarea será observar la situación particular de cada ente, no sólo sobre su funcionamiento, sino también su estado edilicio. Ahí se verá cuáles están en condiciones de normalizarse”, explicó Amado. El ex legislador del oficialismo pidió paciencia, escudándose en que el nuevo gabinete no lleva mucho tiempo en funciones. Destacó el diálogo que mantiene con los representantes gremiales. “Creo que hay que normalizar los organismos, siempre creí en ello, aunque a su debido tiempo. No puedo opinar por los que sostuvieron las intervenciones, hablo de aquí para adelante”, aclaró el ex titular subrogante de la Cámara. 

Con la asunción de Manzur, continúan como interventores Daniel Sosa Piñero (IPLA),Gustavo Durán (Ipvdu) y Armando Cortalezzi (Caja Popular). El gobernador escogió además a Fernando Avellaneda para el Subsidio y a Regino Racedo para que regresara al Ipacym.

La Caja Popular

“‘Intervención’ tiene una reminiscencia al proceso (dictadura militar). Desde la mirada gremial nunca nos ha gustado esa palabra, no se puede, después de 12 años de gobierno, tener instituciones intervenidas”, manifestó el secretario general local de La Bancaria y legislador, Eduardo Bourlé. 

El ex gobernador Ernesto Padilla (1913-1917) creó el 7 de julio de 1913 el organismo crediticio estatal, conocido como la Caja. A los cinco días de asumir su primera gobernación, Alperovich decretó la intervención del ente, que entonces era presidido por el dirigente bancario Carlos Cisneros. Desde entonces, tuvo como interventores a Juan Carlos Veiga, Osvaldo Jaldo (actual vicegobernador), Jorge Gassenbauer, Mario Koltan, Francisco Sassi Colombres, Eduardo El Eter y Cortalezzi. 

Bourlé expresó sus expectativas de que el anuncio de Manzur no quede en una promesa, y que finalmente se normalicen los organismos estatales. “Qué diría el gobernador Padilla, que creó una Caja Popular para cumplir una función social, de ver la manera en la que fue saqueada”, criticó Bourlé. Y puso como ejemplo la extracción de letras del Tesoro de la Provincia por $ 170 millones en 2012. “Entregaron subsidios a San Martín, a Atlético. Dispusieron dinero para la construcción de la cancha de Hockey para Natación y Gimnasia. Eso no habla de la inclusión social para la que se creó la Caja. No creo que los sectores carenciados vayan a utilizar una cancha así. Destinar ese dinero, con las necesidades que hay...”, arremetió el bancario. 

Bourlé aclaró que, antes de iniciar el proceso de normalización, se deben ordenar auditorías. “El gobernador tiene que auditar la Caja Popular primero, para ver los resultados de la gestión de todos los interventores, y ver si verdaderamente fue útil para la población y para saber a qué se destinaron los fondos”, indicó.

De seis meses a 25 años

Por una situación particular, se dispuso en 1990 (por el decreto 1.217) la intervención del Subsidio de Salud. El instrumento fijaba que en seis meses sería integrado el nuevo directorio mediante elecciones. El entonces ministro de Gobierno, Juan Carlos Meuli, puso en funciones a los interventores Hernán Salas y Carlos Arias. Nunca se llamó a elecciones y en 1991, al son de la ley 6.072, se intervinieron todos los entes. Julio César“Chiche” Aráoz asumía como interventor federal de la Provincia. Tras la normalización, se sucedieron en el sillón de Lucas Córdoba Ramón “Palito” Ortega, Antonio Domingo Bussi, Julio Miranda y Alperovich. Desde 2003 tuvo como interventores a Mario Koltan,Nelly Ganim y Avellaneda.

Andrés Jaime, titular del gremio de trabajadores del Subsidio (Atepyss), confía en el discurso de Manzur. “Estamos seguros de que el gobernador cumplirá con su palabra. El anuncio de normalización es algo altamente positivo para los 454.767 afiliados que tiene el Subsidio. Que haya un directorio significa que dejará de manejarse por una intervención la decisión sobre la salud de más de un cuarto de la población de la provincia”, comentó Jaime. Desde Atepyss consideraron que la gestión que comienza es diferente a la de Alperovich. 

De acuerdo a la carta orgánica del organismo, el directorio debe constituirse con tres directores por el Poder Ejecutivo, más uno por los activos y otro por los pasivos. “Cualquier toma de decisiones que involucre la vida de los afiliados y el funcionamiento de la obra social requerirá una discusión y una votación interna. Hoy, una sola persona tiene el poder total y la suma de las facultades, más allá de que haya subinterventores”, resaltó. En el panorama del Subsidio, desde el sindicato también proponen una nueva ley para el Subsidio, que establezca que las intervenciones no puedan prolongarse más de 180 días hasta normalizarse. “La intervención ha sido nefasta”, sentenció Jaime.