Por: Nati Vazquez.

La hostilidad contra quienes trabajamos en Acumar creció sensiblemente con el comienzo de año. Solo en 3 semanas tuvimos la visita de funcionarios de Economía y Desregulación que auditaron la situación de la planta de trabajadores. En armonía con la presión del Ejecutivo, un documento del 8 de enero firmado por recursos humanos pasa revista del estado de la planta y concluye un “exceso de personal” enfatizando que todos los contratos posteriores al 2019 serían prescindibles. Tal informe fue elevado al presidente Lucas Figueras, quien acaba de delegarle a la Dirección General Administrativa la facultad para ejecutar despidos vía carta documento.

A estos hechos concretos se le suman fuertes rumores sobre desaparición de áreas enteras del organigrama, y una falta de información respecto a qué ocurrirá con la sede de Pompeya que finaliza su contrato de alquiler en enero, así como la central del edificio YPF que finaliza en marzo. El ahogo presupuestario es palpable, por poner un ejemplo las inspecciones a las empresas contaminantes de la cuenca alta se encuentran paralizadas porque la patronal se niega a pagar la nafta para el traslado de los agentes. Lo vivimos también en el salario, mientras la administración pública nacional perdió 30% contra la inflación del 2024, nosotros perdimos 40%.

Sindicatos degenerados al servicio de Milei

Las direcciones gremiales profundizan la entrega. UPCN se dedica a informar que habrá 400 despidos -un 50% de la planta- en el primer trimestre del año, aceptando nombres de quienes quieran ser incluidos en la lista de despidos para que se les pague una indemnización. ATE por su parte afirma que la auditoría es un procedimiento “normal”, lo que parece una tomada de pelo en realidad es un posicionamiento de principios: no piensan hacer nada hasta que el hecho no esté consumado con los telegramas enviados.

La última asamblea fue a fines de mayo cuando se efectuaron los 100 despidos con causas truchas. Después de eso renunciaron 100 profesionales más, y no hubo ninguna medida frente al cierre de la Causa Mendoza. Mientras el cuerpo colegiado, vecinos y organizaciones de la cuenca alertaban que tal medida judicial podía implicar el cierre del organismo, ATE opinaba al contrario que podría ser una mejora.

Es natural que direcciones opuestas al reclamo de sus afiliados, desarrollen métodos antidemocráticos para mantenerse en los sindicatos. La junta de ATE (verde-blanca-negra) cuyo mandato terminó en junio de 2024, congeló la convocatoria a elecciones para luego anunciarlas clandestinamente en navidad cuando ya habían vencido los plazos para presentar listas. Con esta maniobra evitaron que el activismo que les arrancó paros y acciones el año pasado pueda presentarse. Ante un pedido de prórroga de los plazos, ate capital (dirigido por la verde y blanca) se lavó las manos, defendiendo el manejo burocrático de sus “opositores”.

Quebremos la parálisis

En marzo 2024, las autoridades resolvieron ir a un achique del 30% con causas truchas para no pagar indemnizaciones, sin embargo en los hechos despidieron al 10%. Esto fue así porque desde abajo se arrancó un plan de lucha, con asambleas, retenciones de tareas y paros que influyeron en el proceso de achique. El miedo que tanto ATE como UPCN imprimieron en los trabajadores, difundiendo que quien alce la voz sería despedido fue funcional a que un 10% renuncie y se reduzca sensiblemente el presupuesto para desarrollar tareas. En cuanto al salario ATE viene firmando a Figueras y Petovello paritarias más bajas que las del resto de la administración pública nacional.

Principalmente, la parálisis fue funcional a que lleguemos a la situación actual como si el ataque sobre Acumar no se estuviera dando en el ministerio de salud, en justicia/sitios de memoria y en el PAMI. En todos los lugares, ATE repite la desmovilización y el derrotismo, cuando lo que se necesita es una asamblea general de todos los organismos y un plan de lucha unificado con paros escalonados. En el Garrahan con ese método consiguieron algo inédito, un ofrecimiento del 15% de aumento paritario en enero. Si bien el reclamo durante el 2024 fue un 100% de aumento, en el resto del gremio estatal el gobierno está ofreciendo un 1% que adviene un congelamiento total para el resto del 2025. Si hay lucha, los movimientos del gobierno se ven afectados.

Estamos frente a un gobierno que pretende legalizar la contaminación del riachuelo y censurar la investigación relativa al ambientalismo y cambio climático como sucede en el conicet. Quebremos la parálisis para evitar nuevos despidos, por la recuperación salarial, por la reincorporación de todos los despedidos y el cierre de los sumarios truchos que continúan abiertos. No retrocedemos en nuestra consigna: en Acumar no sobra nadie