Delfina Celichini

El postergado proyecto de “ficha limpia” vuelve a escena en Diputados y podría mañana recibir media sanción. Con dictamen aprobado, el oficialismo convocó a sesionar el miércoles, a las 10, con la intención de avanzar en la iniciativa que busca impedir que condenados en segunda instancia sean candidatos a cargos públicos. La norma, de prosperar, bloquearía cualquier aspiración electoral de Cristina Kirchner, cuyo revés judicial en la causa Vialidad quedó firme en noviembre pasado.

El inusitado interés de los libertrios por este debate levanta sospechas entre los dialoguistas. Se especula con que solo sea utilizado por el oficialismo como una prenda de negociación en el Senado para descongelar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema. Tendrá también un costado discursivo: desactivará las acusaciones de haber pactado en el pasado reciente con el kirchnerismo.

Ads by

El camino no será sencillo. Aunque La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con el respaldo del Pro, el MID y, en disidencia, la Coalición Cívica, la UCR e Innovación Federal, el debate estará atravesado por propuestas alternativas que podrían modificar el texto original.

LA TRASTIENDA DE LOS CAMBIOS | EL “EFECTO DIANA” Y EL MENSAJE “ORDENADOR”, DETRÁS DE DOS DESPIDOS QUE NO ESTABAN EN CARPETA

Un sondeo informal de LA NACION sugiere que la sesión tendrá quorum y que la aprobación en general del proyecto está asegurada con más de 135 votos de distintos espacios. Pero la votación en particular será otro desafío: artículos clave podrían desplomarse o sufrir alteraciones sustanciales. La cláusula de temporalidad, que limita las condenas consideradas a aquellas firmes antes del año electoral, está en la cuerda floja. Alarmados por el riesgo de un traspié en el recinto, referentes del oficialismo activaron teléfonos desde el lunes temprano para forjar un texto de consenso. A las 16 del martes, en una reunión a contrarreloj, se revisará artículo por artículo, en un último intento de blindar el proyecto como llegó desde el Poder Ejecutivo.

Unión por la Patria, a través de la massista Mónica Litza, impulsa la continuidad del esquema vigente: que solo la Corte Suprema pueda inhabilitar candidaturas. Su proyecto también amplía el listado de delitos que impiden postularse.

Encuentro Federal, con el respaldo de Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, parte de los cordobeses aliados a Martín Llaryora y Ricardo López Murphy, propone eliminar la cláusula de temporalidad y extender la restricción a los titulares de empresas públicas.

Desde el bloque Democracia, que responde a los radicales Facundo Manes y Martín Lousteau, rechazan que se desestimen las sentencias del mismo año electoral. “Están instalando como una verdad que hay tribunales que actúan conforme criterios electorales”, argumentó Fernando Carbajal en el plenario de Comisiones. Junto a Pablo Juliano plantea, además, ampliar la lista de delitos incluidos en la inhabilitación: cualquier pena mayor a tres años de prisión, no solo los delitos de corrupción, impediría a una persona ser candidata.

Carla Carrizo y Danya Tavela, también de Democracia, proponen un criterio aún más amplio: sostienen que nadie con condena judicial debería ocupar un cargo público.

La Izquierda, representada por Vanina Biasi, se planta en la vereda opuesta y presentó un dictamen de rechazo al proyecto de Javier Milei.

FICHA LIMPIA

Los avales de los principales bloques en DiputadosGermán MartínezJEFE DEL BLOQUE UP

Su espacio está en contra del proyecto del oficialismo y sus 98 integrantes no aportarán al quorum ni tampoco acompañarán el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Consideran que la propuesta es "proscriptiva" de Cristina Kirchner. Presentaron un dictamen alternativo, defendido por Mónica Lizta, por el que se busca sostener la legislación vigente: que solo la Corte Suprema pueda inhabilitar candidaturas. Su proyecto también amplía el listado de delitos que impiden postularse.

Gabriel BornoroniJEFE DEL BLOQUE LLA

Ratificó a LA NACION que los 39 integrantes de su espacio estarán presentes en la sesión del miércoles. En el oficialismo reconocen que hay artículos que podrían ser quitados o modificados y comenzaron a hacer llamados para evitar un revés en el recinto.

Cristian RitondoJEFE DEL BLOQUE PRO

Los 37 diputados del espacio están a favor de la iniciativa de "ficha limpia" y formaron pate de la elaboración del nuevo texto. Son uno de los impulsores originales del proyecto, así como de las dos sesiones que se frustraron por falta de quorum a fin del año pasado.

Rodrigo de LoredoJEFE DEL BLOQUE UCR

Cuenta con 20 diputados que apoyarán el proyecto del Poder Ejecutivo. Junto a Pro y la CC, es el espacio que históricamente impulsó esta reforma electoral. Acompañaron en disidencia el dictamen de mayoría del oficialismo en el debate en Comisiones.

Miguel Ángel PichettoJEFE DEL BLOQUE EF

No existe una posición unificada entre los 16 integrantes de su bloque. Pichetto está en contra de la iniciativa del oficialismo, al igual que Nicolás Massot y los dos socialistas santafecinos, por considerar que la Corte Suprema es la que debería tener la última palabra para impedir candidaturas. Los cordobeses aliados a Martín Llaryora, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy y Oscar Agost Carreño apoyarán en general el proyecto del Poder Ejecutivo, pero propondrán modificaciones en relación a las inhabilitaciones y a la cláusula de temporalidad. Se estima que podría aportar alrededor de 10 votos a favor de la propuesta de Milei.

Pablo JulianoJEFE DEL BLOQUE DEMOCRACIA

Son 12 alfiles que acompañan el espíritu del proyecto de "ficha limpia", pero tienen serias diferencias con la propuesta del oficialismo. No aceptan la cláusula de temporalidad, pretenden ampliar el listado de delitos para inhabilitar candidaturas y consideran que todos los funcionarios de la administración pública deberían ser alcanzados por la norma.

Pamela CallettiJEFA DEL BLOQUE INNOVACIÓN FEDERAL

Los ocho legisladores que responden a los oficialismos de Salta, Río Negro y Misiones apoyan el proyecto de "ficha limpia", pero tratarán de incorporar más delitos a la nómina, sobre todo aquellos que involucran a menores de edad. "Creemos que tienen que sumarse todos los delitos sexuales y narcotráfico. En Salta lo incorporamos el año pasado. Tuvimos un intendente que fue intervenido y que había cumplido una condena por narcotráfico y otro intendente condenado por corrupción de menores, que fue muy conocido y quiso ser candidato en 2023. Esperemos que podamos incorporarlos en la sesión del miércoles", anticipó Calletti.

Juan Manuel LópezJEFE DEL BLOQUE COALICIÓN CÍVICA

Sus seis integrantes apoyan el proyecto del oficialismo con disidencias parciales. Acompañarán el proyecto en general y propondrán modificaciones. Paula Oliveto Lago defendió la postura de su espacio en comisión: “Entendemos que la prohibición debe abarcar la totalidad de los delitos dolosos, no sólo los vinculados al ejercicio de la función pública”, dijo.

Los detalles

Después de dos intentos frustrados, la discusión sobre el proyecto de “ficha limpia” vuelve a escena. La oposición—Pro, la UCR, los radicales de Democracia, parte de Encuentro Federal y la Coalición Cívica—chocó dos veces contra la misma pared: la falta de quorum. En ambas sesiones, La Libertad Avanza y sus socios estratégicos, como Creo y los tucumanos de Independencia, optaron por el vacío y desbarataron la jugada.

La Casa Rosada redobló la apuesta con una nueva versión, diseñada para cerrarles el paso a las candidaturas de dirigentes con condenas por corrupción ratificadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo a una elección.

El texto introduce un corte temporal clave: si la confirmación de la condena llega después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación solo se activará una vez finalizado el proceso. Como parte del esquema, la Cámara Nacional Electoral deberá mantener un registro público con los nombres y antecedentes de los afectados. Las restricciones también alcanzan a funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el jefe de Gabinete hasta directores de empresas estatales.