“Nuestro pliego fue aprobado por derecha, no tenemos relación alguna con la comuna o con los funcionarios de la gestión de Aída Ayala, estamos asociados con otras empresas y todo se puede corroborar en los registros públicos”, comentó.

“Fue un mal entendido que fue aprovechado políticamente por el concejal Medero, pero de ninguna manera se dijo que la comuna es dueña de una empresa de colectivos”, respondió el empresario. Y para ratificar que la empresa no está relacionada con la comuna determinó que San Fernando Urbano pertenece a un grupo empresario santafesino compuesto por Autobuses Santa Fe y Recreo SRL.

En tal sentido, en la documentación que se pudo encontrar la empresa chaqueña figura como parte de un grupo de transporte que presta servicios en varias provincias y capitales, siempre como servicio urbano. No ocurre lo mismo con la empresa Transportes Gran Resistencia cuya composición societaria no fue publicada en páginas web. Sin embargo, desde la comuna aseguraron que se trata de empresarios chaqueños, aunque no pudieron informar quiénes forman parte de esa sociedad.

No hubo denuncia

Por su parte, el secretario de Transporte de la Municipalidad, Néstor Dellamea, aseguró que “no hubo denuncia alguna por parte de Riquelme, el empresario determinó que esas empresas estaban bajo el control comunal”. “Es absurdo que funcionarios comunales manejen empresas de colectivos, fue un mal entendido que luego fue usado por la oposición pero de ninguna manera hay funcionarios involucrados”, relató.

Agregó que es normal que haya confrontaciones y determinó que la reunión pasó a cuarto intermedio para seguir trabajando con la propuesta de reglamentación del servicio. Esta afirmación desmintió tanto a Medero como al edil Alejandro Aradas que detallaron que “estaba muy tenso el ambiente cuando resolvieron suspender la reunión”.

Hay controles

A su vez, Dellamea determinó que el servicio es monitoreado y controlado por la comuna constantemente. No opinan lo mismo concejales o representantes de usuarios, quienes desde hace varios meses aseguran que no hay números oficiales. Los dos que más reclaman una auditoria oficial son Aradas y Medero, que desde el último incremento del boleto vienen asegurando que “no hay controles por parte del Estado provincial y municipal”. Sin embargo, el funcionario determinó que en poco tiempo Aradas recibirá el informe que solicitó de la venta de tarjetas para viajar en los colectivos.

“Él pidió muchos detalles que llevan tiempo”, resaltó. “Actualmente están comercializadas unas 38.000 tarjetas de colectivo, pero aún hay pocos lugares para vender y recargar, esto es una materia a trabajar por parte de los empresarios”, señaló.