Cañete proviene de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), gremio que se presenta a las elecciones en Iosper en alianza con la Asociación de Empleados Legislativos (APLER). «Se resolvió en un plenario de las 14 filiales de la Asociación Judicial. Los secretarios generales expresaron su voluntad de que yo continúe como representante de los trabajadores judiciales de la provincia de Entre Ríos. La comisión directiva tomó esa petición y me preguntaron si tenía la decisión de continuar. Lo que hice fue consultar a la familia -uno no puede estar en un cargo de esta naturaleza si la familia no acompaña-, y la familia me dio el visto bueno para seguir. Entonces, se resolvió que la Asociación Judicial me propone como candidato para ser director de la obra social. El paso próximo es ver si tenemos acuerdo con la Asociación del Personal Legislativo. Nosotros pertenecemos a un solo estamento. La idea es dejar de lado cualquier diferencia, si es que existe, y formar una sola lista, como lo hemos venido haciendo hace 16 años», indicó Cañete en diálogo con Entre Ríos Ahora.

El Poder Ejecutivo de momento no ha puesto fecha a las elecciones en Iosper -en 2018 se desarrollaron en el mes de julio- aunque además de Cañete hay otros dos directores que han hecho públicas sus definiciones respecto a una continuidad como directores de la obra social provincial: se trata de Fabián Monzón, que representa a los activos del Poder Ejecutivo y proviene de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y Adrián Gómez, de los municipales, que proviene de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram).

Cañete encabeza una gestión que se ufana de la buena administración de una obra social con 300 mil afiliados y un presupuesto de $5.500 millones, que destina solo el 9% del gasto total en personal, y el 2,5% en gastos operativos; el resto, va destinado a cubrir prestaciones médicas a sus afiliados, que se realiza a través de su red de 87 delegaciones. En estos primeros meses del año, el presidente del Iosper define la proyección económica financiera para todo el año, aun cuando no esté seguro si seguirá al frente del organismo más allá de julio, cuando se especula que podrían ser las elecciones para elegir nuevas autoridades.

En las últimas elecciones, en 2018, de los siete directores que tuvieron gestión entre 2014 y 2018, cinco lograron la reelección: Fernando Cañete (que representa a los empleados judiciales/legislativos), Fabián Monzón (sector de empleados activos del Poder Ejecutivo, de UPCN), Ricardo Bertonchini (representa a los jubilados), Fermán Beltzer (activos y retirados de la Policía) y Adrián Gómez (de los municipales). Y se incorporaron dos caras nuevas: Nancy Asselborn (representa a los empleados de Iosper) y Adriana Hepp (por los docentes).

El Iosper surgió en 1973 cuando se sanciona la Ley Nº 5.326. Durante más de dos décadas la administración de la obra social dependió del Poder Ejecutivo Provincial, que determinó el presupuesto y designó a las autoridades de la institución.

En 1995, con la gestión del entonces gobernador justicialista Mario Armando Moine al frente de la Provincia se produjo el primer intento de cambio en la conducción de la obra social. A través del decreto Nº 3.870, propuso transferir la administración a sus beneficiarios. Así, se dispuso modificar la designación del presidente y la integración del directorio, y se propuso incluir representantes de los beneficiarios en la conducción. Pero la idea no se llegó a plasmar en la realidad.

Dos años después, el exgobernador Jorge Pedro Busti, por decreto Nº 3117 del 22 de setiembre de 1997, impuso un nuevo reglamento de elecciones «a fin de llevar a cabo la transferencia de la administración del Iosper a sus beneficiaros».

El 8 de mayo de 1998, la administración del Iosper fue delegada a los trabajadores. Desde entonces la gestión está a cargo de un directorio compuesto por siete miembros representativos de los trabajadores estatales -activos y pasivos- elegidos por voto directo de los beneficiarios.

Desde que empezó a ser administrada por representantes de los propios afiliados, el Iosper tropezó en más de una oportunidad en su administración, y eso derivó en la intervención del Ejecutivo. La última intervención fue dispuesta por el exgobernador Busti, en 2005, cuando nombró interventor a Miguel Sampietro, a quien luego sucedió Ricardo Rizzo. Pero en 2006 ya empezó a ser administrada de nuevo por los representantes de los estatales.