A continuación, la entrevista completa.

RP.- ¿Qué es FECLIBA?

JR.- Nuestra actividad representa a una gran cantidad de clínicas de la provincia de Buenos Aires, distribuidas en diez distritos. Representamos a un sector que está caracterizado por atender a la seguridad social, nosotros no pertenecemos a la familia de las clínicas prepagas, tenemos la seguridad social; es decir que las obras sociales provinciales, las obras sociales sindicales, las obras sociales y mutuales dependen mucho de la economía del país.

Si existe una mejora en todo lo que es la marcha económica y social del país, por supuesto que también mejoramos; de lo contrario, además de sufrir una disminución en la cantidad de afiliados padecemos la crisis de las obras sociales, porque lamentablemente ese hecho repercute en nosotros, en nuestras clínicas de la que dependen muchas familias que son trabajadoras, desde los profesionales médicos, a los empleados de mantenimiento y maestranza y toda la economía que se mueve alrededor de las instituciones sanitarias.

RP.- Ustedes hablan de una crisis del sector, ¿a qué le atribuyen?

NP.- El motivo de esta crisis no es de ahora, es de larga data. Lo que pasa es que los prestadores sanatoriales venimos luchando con mucho esfuerzo; pero todo tiene un límite, y vemos que estamos llegando a un estado pésimo que vamos a tener instituciones que van a cerrar.

Ante un gobierno que se rige con otras normas, en donde se intenta emprolijar toda la parte impositiva, la recaudación, nosotros estamos tipificados como una sociedad anónima o SRL, y es ahí en donde estamos descolocados porque atendemos la salud social y quien paga ese tipo de servicios es el estado; pero paga poco, mal y a largo plazo.

Por lo tanto, nos vemos perjudicados en varios aspectos: uno de ellos es sostener la institución para dar la calidad de prestación al afiliado que no puede cubrir el hospital público. Somos un canal aliviador importantísimo. Por otro lado tenemos mano de obra intensiva. Nosotros atendemos las 24 horas los 365 días del año.  Abarcamos una masa de alguna manera inestable desde el punto de vista médico que no tiene relación de dependencia. A su vez tenemos proveedores, por eso decimos que somos grandes motores de la industria de la pequeña y mediana empresa: por todo lo que involucra a un sanatorio, desde infraestructura edilicia, aparatología, mantenimiento; recursos profesionales como abogados, contadores, asesores. Todo eso depende de un sanatorio; entonces si se cierra un sanatorio se pone en peligro la fuente de trabajo de un centenar de personas: médicos, personal administrativo, enfermeros, camilleros y todo lo que está detrás.

Por eso nosotros necesitamos que nos tengan en cuenta, que nos sepan diferenciar de los poderes del actual gobierno en forma, no queremos prebenda; pero si atendemos la seguridad social, y cobramos poco por hacerlo, creemos que es necesario tener algún tipo de bonificación o facilidad.

RP.- ¿Han atravesado por este tipo de medidas con otros gobiernos?

JR.- Se han instrumentado en años anteriores planes de pago, incluso ahora se está por poner en práctica uno. Vamos a ver si tenemos el beneplácito o la buena voluntad de los poderes del estado de tenerlo en cuenta.

Pero fundamentalmente lo que deben entender es el mensaje de alerta que planteamos. Nosotros no somos formadores de precios de las prestaciones o de la atención que brindamos; tenemos que aceptar, discutir y hacer una especie de paritaria con cada una de las obras sociales y con nuestros clientes que son las prepagas.

Por eso nos vemos obligados a respetar los precios que nos imponen, desde los proveedores, las empresas de seguridad, las tarifas de gas y de luz, lavadero; todo lo que hace al costo de la empresa sanatorial tiene un precio formado por las empresas con las que nos vinculamos, pero nosotros no lo podemos hacer; es decir que estamos atados a este desfasaje crónico que existe entre lo que facturamos y cobramos con lo que debemos pagar, eso profundiza la crisis.

Hoy tenemos menor número de camas disponibles, menor número de sanatorios; por eso la preocupación crece. Nuestro rol como servidores de un servicio público desde el sector privado, nos compromete a tener que ajustarnos a los que nos quieren dar, y esto es lo que genera conflicto con algunas prestatarias.

RP.- ¿Ha impactado en su actividad la modalidad que ha tomado el gobierno de Cambiemos para administrar las obras sociales como PAMI y IOMA?

NP.- Tenemos muy buen diálogo con las autoridades de IOMA; pero el diálogo se agota ahí, no tenemos soluciones, necesitamos respuestas urgentes en la parte práctica-operativa. Se ha cambiado el sistema, modalidades, criterios para entregar las prestaciones, nosotros nos adecuamos a todo; pero llega un momento que le tenemos que dar respuesta a nuestros representados. Y cuesta cada vez más transmitir hacia las bases lo que hemos conseguido; el aumento es escaso, proporcional, y en cuotas.

Consideramos que estamos en un momento en donde no podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Los tiempos de las clínicas son como el tiempo que tiene el paciente, no puede esperar. Por eso exhortamos a las autoridades de todas las obras sociales las directivas hacia la agilidad de los procesos para llegar a  resultados más rápidos estén presentes, porque se entiende, se comparte nuestra situación; pero hasta que se instrumenta pasa un tiempo que nos perjudica la marcha del convenio, y la recaudación de los sanatorios, cuyos costos en estos momentos están sobrepasados.

Con las autoridades de la obra social de los jubilados las reuniones son permanentes. Hoy en día el motivo de los encuentros tienen que ver con el nuevo modelo de arancel que PAMI está implementando a nivel nacional, y para el cual la provincia está aportando su experiencia.

PAMI no brinda un servicio, son los prestadores quiénes lo hacen y existen muchas clínicas en la provincia que son PAMI dependientes. Lo que se está conversando es un nuevo modelo, claro y con nuevos valores, porque si el médico prestador tiene malos aranceles, el servicio no es bueno.

En definitiva, un mal servicio afecta directamente a los afiliados. Grandes demoras para un turno, falta de medicamentos en farmacias, falta de prótesis,  son consecuencias de una mala administración.