El Tribunal Oral Federal 3 de la Capital dispuso el cese de audiencias en el debate oral en donde se juzga al expresidente Fernando de la Rúa, a varios de sus funcionarios y a ex legisladores por el delito de cohecho.

La última audiencia se realizó el jueves 20 de diciembre, con las declaraciones de los testigos Blas Giménez, Ramón Robledo, José Clemant, Hernán García y Antonio Fraga Mancini. Los jueces Gerardo Felipe Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Andrés Gordo convocaron a unas 340 personas para que aporten su testimonio en la causa.

En el juicio se busca determinar si el Gobierno de De la Rúa pagó cinco millones de pesos/dólares para que en abril de 2000 senadores peronistas aprobaran la Ley de Reforma laboral.

De la Rúa, su ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el extitular de la SIDE Fernando De Santibañes y el ‘arrepentido’ exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto están acusados de pagar los sobornos, mientras los exsenadores peronistas Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda están imputados de haberlos cobrado.

Hasta ahora todos los imputados han negado la existencia de los sobornos y también varios de los testigos, algunos de ellos ex funcionarios, e incluso el expresidente Eduardo Duhalde, quien aseguró que tenía “la convicción de que ese hecho no existió”. El testimonio más comprometedor lo aportó el camionero Hugo Moyano, titular de la CGT Azopardo y encargado de oficializar que esos presuntos sobornos habrían ocurrido en aquel momento.

En el juicio oral, Moyano ratificó que en 2000 el entonces ministro Flamarique se jactó de que tenía “la Banelco” para conseguir el voto favorable de los senadores peronistas al proyecto de ley gubernamental de flexibilidad laboral. Otro que declaró fue el gremialista Omar Viviani, quien afirmó ante la Justicia que durante una cena que tuvo lugar en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias escuchó al entonces ministro de Trabajo, Flamarique, pronunciar la frase sobre “la Banelco” cuando se discutía el apoyo de los senadores al proyecto de ley de flexibilidad laboral. Y opinó que fue “una chicana” del entonces funcionario.