El caso comenzó en 2012 cuando la cadena de farmacias intento lanzarse en la Provincia de Buenos Aires pero se topó con los artículos nª 3 y nª 14 de la Ley provincial 10.606 que establecen un cupo de este tipo de establecimientos por cantidad de habitantes y que impiden a las sociedades anónimas detentar la titularidad de una farmacia. Tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz se excusaron de intervenir en la causa por mantener vínculos previos con la firma.

"Este conflicto debe ser resuelto haciendo prevalecer a la ley nacional por sobre la local con el fundamento de supremacía constitucional. Solicitamos que se declaren inconstitucionales estos artículos", exclamó Gabriel Bouzat, socio del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados y defensor de la firma en el caso.

Del otro lado se encontraban Hernán Gómez, fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires; María Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos bonaerense; y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista. "Farmacity retira un criterio subjetivo y se desentiende de los fundamentos aportados por todos los jueces actuantes. Hasta ahora no hubo ni una sola disidencia en todas las sedes de la Provincia", señaló Gómez.

El rol del farmacéutico es uno de los ejes de conflicto entre la firma y el Gobierno bonaerense. Según Farmacity, existe un director técnico en cada sucursal que ejerce como "garante sanitario" de las mismas y se encarga de la compra de medicamentos de acuerdo a la necesidad de reposición y no siguiendo criterios comerciales. En tanto, Gómez alegó que "la forma de conducirse de una sociedad comercial hace más difuso el control sobre la actividad farmacéutica porqueestá pensada para un fin de lucro".

Con respecto a la titularidad por parte de una sociedad anónima, Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos de Farmacity, dijo que una gran parte de los actores del sistema de salud funcionan bajo esta figura societaria. Ricardo Lorenzetti lo consultó a Gómez, quien respondió: "El modelo creado veía como inescindible el tema de la propiedad y la puesta en manos de un profesional". A su vez, detalló que la medida solo se aplica a las farmacias, y no a otros actores, porque "cumplen con la última etapa del acto médico, que es la entrega del medicamento".

Tanto Gómez como Reinoso criticaron duramente el estudio presentado la semana anterior por Sebastián Lopes Perera, director comercial de Marketing & Estadística, sobre la distribución de las farmacias en la Provincia de Buenos Aires. En su informe, el sociólogo aseguró que estas estaban concentradas en zonas comerciales y tenían una presencia menor en localidades de nivel socioeconómico bajo. "Tiene groseros errores, el trabajo se hizo con valores del censo por partido y los parámetros son por localidad. No se condice con la realidad", agregó Reinoso.

Con el cierre de la audiencia, ahora resta esperar el fallo del máximo tribunal.