A días de la polémica sesión en la que se aprobó la normativa, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cual buscarán obtener sobre la Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares –más conocida como “Ley Farmacity”.

En la iniciativa en cuestión, los opositores también cuestionaron la adjudicación de terrenos e inmuebles públicos a empresas que realizarán una actividad comercial y recibirán beneficios impositivos.

En el pedido de informes, entre otros puntos, los legisladores del FdT, principal bloque opositor en la Legislatura porteña, preguntaron "en qué terrenos se ubicarán las empresas que se verán beneficiadas con exenciones impositivas" y si esas tierras "son de dominio público o privado".

Es que en una resolución del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño publicada el 23 de mayo último en el Boletín Oficial de la Ciudad, se informó la preadjudicación a las empresas Farmacity, Gire y Nobs de inmuebles pertenecientes al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ubicados en los barrios Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita para "uso y explotación con carácter oneroso por un total por los cinco años".

Al respecto, en el pedido de informes, desde el FdT preguntaron "por qué razones se priorizarían los usos comerciales sobre las viviendas y el espacio público".

También pidieron al Gobierno de Rodríguez Larreta, según consignó la agencia de noticias Télam, que "explique cómo afecta la implementación de esta ley sobre los planes de reurbanización de los barrios, y cómo se evalúa el impacto sobre el tejido y la trama urbana". 

Por otro lado, los legisladores preguntaron por una recorrida que realizaron funcionarios del Gobierno porteño por los barrios abarcados en la ley. "Qué objetivos tuvieron las recorridas del 9 de junio y a quiénes se invitó a recorrer los terrenos para desarrollar económicamente, y con qué criterio se eligen esas personas o empresas", preguntaron.

Estas recorridas fueron "organizadas por la subsecretaría de Gestión de Políticas Productivas con el objetivo de conocer en terreno las posibilidades de desarrollo urbano y los negocios que ofrece este distrito", advirtió la legisladora, y agregó que se realizaron "sin conocimiento de los vecinos, de los comerciantes de los barrios, de los comuneros y sin informar a las mesas de gestión participativa".