Jorge Giménez es titular de la farmacia La Pirámide, ubicada en la calle Córdoba de Ciudad. Indirectamente, quedó salpicado por la mayor estafa de la historia contra la obra social de los jubilados. La Justicia determinó que ni él ni sus empleados formaban parte de la asociación ilícita que se hizo con 50 millones de pesos en medicamentos del PAMI, pero el caso aún le trae dolores de cabeza. "Es verdad que en mi farmacia retiraban la insulina, pero porque traían las recetas", aseguró a MDZ el profesional.

A esa farmacia iba de forma periódica Nélida Cristina Resa con varias recetas de PAMI. La mujer presentaba las mismas, retiraba la insulina que estaba prescripta en las recetas y se iba del lugar. "A mi me llamó la atención pero las recetas eran originales", explicó Giménez. "Después por las noticias me enteré que eran apócrifas", señaló.

En realidad, Nélida Cristina Resa tenía recetas originales que habían sido robadas por su hijo Jorge Godoy Resa, empleado de PAMI y único condenado con prisión efectiva. Nélida le daba la insulina a su exmarido José Antonio Godoy Torres. Luego era revendida en dos farmacias que fueron adquiridas por Cristian Godoy Resa y la esposa de Jorge Godoy Resa, Rosmary Insúa. Incluso, la comercializaban en otras provincias como Córdoba.

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Pero Giménez no sabía nada de eso. Según explicó a MDZ, en farmacia La Pirámide entregaban la insulina porque las recetas parecían reales. Además, agrega que llegó a consultar con el Colegio Farmacéutico por lo que estaba ocurriendo y la respuesta fue que exigiera que la clienta presentara los carnet de los afiliados para los que iba a buscar la droga.

"Yo la recuerdo a ella. Decía que trabajaba para unos geriátricos y por eso traía tantas recetas. Cuando le pedimos los carnet, los trajo. Tenían todo muy bien organizado", argumentó Giménez. Pero esa no fue la única señal de alerta que Giménez envió al Colegio de Farmacéuticos. "Una vez pedí los datos de una afiliada que figuraba en una de esas recetas y la llamé. Le dije que la llamaba de PAMI porque estaba haciendo averiguaciones sobre afiliados que utilizaba insulina o un invento así y ella me contestó que no compraba insulina. Me preguntó si alguien estaba sacado insulina con su nombre y le dije que que no, que estábamos armando un padrón o algo así", recordó Giménez y afirma que también avisó sobre esa situación en el Colegio Farmacéutico.

Pero más allá de esos indicios, Giménez nunca imaginó lo que estaba por ocurrir. Su farmacia fue allanada por la Justicia Federal y durante horas tuvieron a los empleados incomunicados. "Al final del día, el jefe del operativo vino a pedirme disculpas y dijo que estábamos todos limpios. Me secuestraron recetas de PAMI por un valor de 70 mil pesos y nunca las devolvieron", detalló el farmacéutico y dijo que no hizo juicio para recuperar ese dinero porque abogados le expresaron que sería un litigio que podría llevar más de una década.

Así fue que Giménez tomó conciencia que durante meses su farmacia había estado bajo la atenta mirada de la Justicia. Sabían sus horarios, los de sus empleados y tenían fotos de Nélida Resa retirando la insulina. Sospechaban que existía complicidad de Giménez o de algún empleado, pero se comprobó que todos estaban libres de culpa y que habían actuado de buena fe.

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"Yo lo que quiero aclarar es que no tengo nada que ver y que en mi farmacia no cambiábamos insulina por medicamentos. Acá retiraban insulina con las recetas", aseveró y sostuvo que no había forma de darse cuenta de que las recetas eran truchas.

Por la causa, 11 personas fueron condenadas como integrantes de una asociación ilícita que durante años se dedicó a revender medicamentos que eran pagados por el PAMI. En concreto, esas once personas falsificaron documentación, troqueles, sellos y firmas de médicos e instituciones médicas para poder hacerse de los medicamentos. Aprovecharon que sabían a ciencia cierta qué debía decir la receta y -de diversas formas- prescribían insulina a afiliados y sacaban el medicamento sin que esos afiliados supieran que sus nombres estaban siendo utilizados para el ilícito. Incluso usaban nombres de beneficiarios fallecidos que aún no habían sido dados de baja.