El diluvio que ahogó viviendas, recuerdos y se llevó al menos 89 vidas permanece en los ojos de sus familiares, quienes reclaman justicia por lo ocurrido en la inundación que afectó a La Plata el 2 de abril de 2013.

A casi un año de la peor catástrofe vivida en la ciudad de las diagonales, y luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias solicitara la rectificación en los certificados de defunción de todos los fallecidos, según la resolución deberá figurar que las víctimas perdieron la vida producto de la inundación.

Hasta el momento son 89 las personas reconocidas como muertas por el temporal: 11 decesos más que los que había publicado en su momento el gobierno provincial, con un listado de 78 personas. Estos números confirman lo denunciado hasta el cansancio; se ocultaron y desaparecieron cuerpos.

PERFIL dialogó con los integrantes de Afavi, la asociación civil que nuclea a familiares de víctimas de la inundación. Su presidente, Gabriel Colautti, hijo de Jorge Pío Colautti, repasa el listado y reflexiona: “Cuando se decía que eran 67 fallecidos, contamos que 60 eran del casco urbano. No es lógico que no haya más fallecidos, porque la periferia tiene otra realidad y debió haber sufrido peor el golpe del agua”.

Y, con dolor, agrega: “Durante la investigación nos encontramos con situaciones impensadas. Se exhumaron dos cuerpos con un mismo nombre, un mecanismo de la propia dictadura. Se allanó la morgue en febrero y se comprobó todo tipo de irregularidades. Los responsables tienen que pagar por el abandono”, afirma Colautti.

Como cada viernes, se reúnen en alguna casa y cada integrante cuenta cómo está, repasa su historia, pero a veces con simples miradas entienden el dolor que sienten.

“La premura de tener la verdad era la verdad misma. Tengo la ambivalencia de que para mí el 2 de abril es todo el tiempo. Es una situación traumática, que te deja detenida en el tiempo, como todos los que sufrimos lo mismo”, afirma, y remarca que “es inimaginable que te maten a un familiar por abandono y luego quieran tapar todo, menos en democracia”, explica Rocío Aguirre, que logró que sus padres, Irene del Carmen Arias Burgos y Raimundo Eliseo Aguirre, fueran registrados como fallecidos ahogados el 3 de abril a las 5 de la mañana y no el 2 (de abril) a las 10 de la noche, como decía en principio el documento.

“La rectificación de las actas me da alivio. Está plasmando lo que debería ser. Nadie pensó que lo iban a adulterar, y creo que fue malintencionado. Luego de un año arduo, con la ayuda del juez Arias y el trabajo de todos los familiares, siento que es un esbozo de justicia”, explica Aguirre.

A toda la lucha se suma la colaboración de María Soledad Escobar, una ciudadana que se presentó ante el juez Arias y le solicitó ser amicus curiae (ofrecer voluntariamente su testimonio). Recibió amenazas, pero sigue adelante para que se conozca la verdad.

Todos los familiares coinciden en que son más de 89 vidas las que se perdieron. Y también se perdieron sus propias vidas. “Ya no somos los mismos, somos otras personas”, coinciden.

Ausencia. “Mi mamá es la número 83, ya pasó a ser un número. Se llamaba Octavia Cabrera y tenía 80 años, vivía en la calle 29 entre 68 y 69. Luego de su muerte quedé solo. Mi vida quedó ahí y no salía de mi casa. Con la ayuda del grupo de familiares logré que la Justicia reconociera lo que verdaderamente le pasó”, resume Aníbal Banegas.

Victoria Barnetche es hija de José Luis y su historia logró repercusión. Su padre estaba trabajando en su taller mecánico y por sacar el vehículo de un cliente perdió la vida. “Lo encontraron a diez cuadras. Era el sostén de la familia, y cuando nos enteramos de su muerte se derrumbó todo”, cuenta Victoria, quien hoy es la encargada de llevar adelante la casa, y cree que aún no hizo el duelo. “Mi mamá empezó con terapia, pero tiene recaídas. Hay un abandono total porque no se hacen cargo, no lo hicieron y no nos ofrecieron ayuda en nada. Tengo que ser fuerte y seguir adelante por mi mamá y mi hermano”, dice.

Otro caso es el de María Soledad Meneses, quien extraña a su mamá, Dominga Araujo. Recuerda que, cuando empezó a llover aquel 2 de abril, le estaba pintando las uñas porque esa noche Dominga iría al bingo. Como la lluvia continuaba, Dominga cruzó a la casa de enfrente, donde vivía una anciana a la que cuidaba. Horas después, el agua subió hasta la cintura y como pudieron se evacuaron. Una vez lejos del barrio, Dominga presentó síntomas de ACV. María Soledad, además de luchar por salir del agua, debió reclamar asistencia en los distintos centros médicos donde su mamá fue recibida.

“La dejaron en una camilla, toda mojada. Nos decían que no había ambulancias. Cuando logré que la asistieran, ya era tarde para detener las secuelas”, se lamentó.

Estas son algunas de las historias de los que reclaman justicia. Es por eso que el miércoles 2 de abril se reunirán en la Plaza Moreno para realizar distintos actos, y a las 20 marcharán a Gobernación para pedir una vez más justicia, memoria y verdad