Por Ramiro Melucci.

Adormecida la controversia por Punta Mogotes y aparentemente concluida la de la Rambla, los concejales de Guillermo Montenegro plantaron la semana pasada una nueva polémica con el de gobierno de Axel Kicillof: presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitarle a la Provincia que transfiera la avenida Jorge Newbery para llevar adelante el ensanche y las mejoras que necesita desde hace años.

Se trata de un camino de acceso a varios barrios que en verano se colma de turistas que van a las playas del sur. Y en el que pronto se radicará un hipermercado: de ahí la urgencia de modernizarlo ya. 

La iniciativa no tardó en encender la discusión con la oposición. La administración municipal planteó, mediante sus interlocutores concejales, que había desinterés de la Provincia en generar las mejoras; los críticos de la gestión local hablaron de falta de planificación.

El debate llega tarde. Coto abrirá abrirá el 6 de diciembre y pocos días después será inaugurada la temporada. Faltan exactamente 40 días. Parece difícil, por no decir imposible, que los trabajos estructurales que todavía ni siquiera empezaron puedan concluirse en ese lapso.

El Gobierno municipal arguye que la necesidad de encarar la ampliación fue planteada hace tiempo y que la Provincia, que tiene a esa arteria bajo su jurisdicción, nunca le ofreció una respuesta. Citó como antecedente una reunión de enero de 2020 en la Municipalidad de la que participaron administradores de los barrios privados, representantes de emprendimientos recreacionales y el jefe de zona de la Dirección de Vialidad bonaerense.

Según indicó, esa área provincial adujo dificultades técnicas para la elaboración de un proyecto para el sector, por lo que se acordó que se encargaría el municipio.

De acuerdo a la versión municipal, el proyecto fue presentado en mayo de 2021 y contemplaba la duplicación de la calzada principal, con dos carriles por lado, la incorporación de canteros divisores, carriles colectores y semáforos.

Otro antecedente es de septiembre de 2023, cuando Fernanda Raverta, en el marco de su campaña para la intendencia, le presentó un proyecto de modernización de la avenida al administrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta. El funcionario bonaerense se mostró predispuesto a llevarlo adelante.

El 30 de abril de este año, representantes municipales mantuvieron una reunión en las oficinas de Vialidad con el administrador y el gerente técnico. Se habló de la posibilidad de transferir la jurisdicción de la avenida, en toda su extensión o en parte, a la órbita municipal, y de la opción de ejecutar la obra con el financiamiento de privados frentistas. Ya para entonces obraba en Vialidad un proyecto de Coto, que no fue aceptado.

El debate llega tarde. Coto abrirá abrirá el 6 de diciembre y pocos días después será inaugurada la temporada. Faltan exactamente 40 días. Parece difícil, por no decir imposible, que los trabajos estructurales que todavía no empezaron puedan concluirse en ese lapso.

En junio, un proyecto de la Coalición Cívica aprobado en el Concejo consultaba en qué había quedado el proyecto presentado por Raverta (raro que no le haya preguntado por el del municipio ni citado su existencia entre los fundamentos). Y el 13 de agosto, el bloque de Unión por la Patria, que responde a la extitular de la Anses, propuso la creación de una mesa de trabajo interjurisdiccional para el desarrollo de la zona aledaña a la avenida Jorge Newbery, con el convencimiento de que no sólo se requería una intervención vial, sino también el desarrollo de infraestructura urbana.

Con esos precedentes (dos reuniones en poco menos de cinco años con funcionarios técnicos), la decisión del oficialismo fue enfilar la semana pasada hacia una nueva controversia con la Provincia, similar a la de Punta Mogotes. Con la desventaja para Mar del Plata de que el tiempo, en este caso, apremia. Los concejales del intendente les dijeron claramente a los opositores que están garantizados los fondos para hacer la ampliación de la avenida y que solo falta la decisión política del gobernador. Los opositores aseguran que el ensanche propuesto por el hipermercado es solo para su parte, no para toda la avenida.

Como en la puja por Mogotes, se presenta a la luz pública un debate en blanco y negro, sobre quién planifica y quién no, qué gobierno propone soluciones y cuál no, cuando empieza a quedar claro que el verdadero problema es la falta de un diálogo conducente entre el municipio y la Provincia. Que no solo involucre a los funcionarios técnicos y no se quede en los diagnósticos. 

En casi cinco años de convivencia de ambas administraciones, la praxis política ha esparcido desconfianza. Desde hace tiempo prevalecen los posicionamientos y las mezquindades por sobre el trabajo conjunto. Por eso las soluciones pueden llegar, si llegan, después de mucho ruido, como da la sensación de que sucederá con la obra de la Rambla, anunciada por el Gobierno provincial para después de la temporada. La única excepción es la seguridad, donde el intento de coordinación siempre está, aunque por momentos parezca que los esfuerzos no alcanzan.

El verdadero problema es la falta de un diálogo conducente entre el municipio y la Provincia. En casi cinco años de convivencia de ambas administraciones, la praxis política ha esparcido desconfianza.

Al margen de las vicisitudes de la relación entre Montenegro y Kicillof, lo que asoma ahora es una posible solución para el deterioro permanente del estadio José María Minella. El presidente del Emder, Sebastián D’Andrea, y el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, expusieron sobre el pliego de licitación en la comisión de Deportes del Concejo.

Allí empiezan a asomar diferencias con la oposición. La más nítida es la del canon. A Unión por la Patria le parecen insuficientes los $ 120 millones anuales (ajustados por inflación) que pagará el concesionario por la explotación del Minella y el Polideportivo, en un pliego que permite la instalación de paseos comerciales, gastronomía y hasta hoteles en los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes. Lejos de decir que analizará aumentar el monto, D’Andrea y Martinelli aseguraron que la prioridad del municipio no son los ingresos por canon, sino lo que dejarán las mejoras de los espacios y los eventos que se generen.

Pero la principal definición política la dejó Horacio Taccone, de Acción Marplatense, al anticipar la oposición de su bloque a la concesión del Polideportivo, el escenario que el municipio sumó al paquete licitatorio para que resulte más tentador a los inversores. Según Taccone, dar en concesión el Polideportivo significaría resignar la estrategia deportiva y turística en manos de un privado. La postura podría interpretarse como un adelanto de que AM no votará en forma favorable al expediente, que es uno solo y no admite una separación entre el Polideportivo y el Minella.  

En la presentación de los funcionarios quedó la duda de qué sucedería en caso de que los oferentes también incluyan en sus propuestas a la pista de atletismo, el patinódromo, el natatorio, las canchas de hockey y tenis, el velódromo y el anfiteatro, que forman parte del Parque de los Deportes pero no de los “espacios comunes”.

Martinelli dijo que eso les daría “más puntos” a los oferentes. “¿Entonces se puede ofertar por todo?”, fue la duda razonable que plantearon los opositores. El secretario respondió que sí, pero ya en su oficina aclaró que los interesados sólo podrían proponer hacerse cargo del mantenimiento de esos escenarios, no de su explotación.

El peronismo y sus socios asisten al debate con la certeza de que el destino del pliego está escrito, pero con la misión de marcarle inconsistencias para que el auditorio no se pueble únicamente de aplausos oficialistas para Montenegro.

Les llega en un momento interno delicado, en el que miran sin dar crédito el trato gélido que se dispensan Cristina Kirchner y Kicillof, y escuchan una y otra vez, para no confundirlas, las palabras con que Máximo Kirchner puso en duda su apoyo a una candidatura presidencial del gobernador.