Los jueces federales y funcionarios porteños invitados a pasar unos días en la estancia patagónica del magnate Joe Lewis por Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, firmaron resoluciones y convenios que favorecieron al multimedios.
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FRANCO MIZRAHI
Los jueces federales y funcionarios porteños invitados por Jorge Rendo y Pablo Casey, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, a pasar unos días en Lago Escondido, la estancia patagónica del magnate Joe Lewis, amigo personal de Mauricio Macri, firmaron diversos fallos y convenios que beneficiaron al multimedios e incluso al propio Lewis, lo que acrecienta la necesidad de investigar el delito de dádivas. Por ejemplo, el Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, firmó un convenio con Casey un mes antes de viajar hacia Bariloche. Por su parte, varios de los jueces que viajaron en el vuelo del Lawfare tienen diversos fallos en favor del grupo mediático comandado por Héctor Magnetto y otros tantos contra CFK.
El viaje a Bariloche por parte de magistrados, funcionarios porteños, un exespías y empresarios ya era conocido por publicaciones de Página/12 y El Destape. Este fin de semana Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil dieron cuenta de una filtración de un presunto grupo de Telegram donde los protagonistas del viaje coordinan cómo tapar el escándalo que implicó su difusión. Estaban preocupados por la posibilidad de quedar envueltos en el delito de dádivas. En pos de encubrir ese hecho se los lee y escucha planear otros delitos, como el direccionamiento de una causa en la que ellos mismos estaban involucrados y hasta en la creación de facturas truchas para disimular la invitación que recibieron los viajantes. En ese supuesto chat se da cuenta de que el viaje fue financiado por Clarín. Aún es un interrogante por qué viajaron y qué fueron a hacer.
Un simple repaso por los fallos y convenios que antes de viajar firmaron los invitados da cuenta de que debe investigarse el posible delito de dádivas. Además, claro, de muchos otros delitos que parecen haber cometido los protagonistas del supuesto chat para intentar tapar el vuelo del Lawfare.
¿Quiénes se reunieron en Lago Escondido?
Jorge Rendo y Pablo Casey
Presidente y abogado del Grupo Clarin, respectivamente. Según se desprende de los chats financiaron el viaje y organizaron el grupo. Son la pata mediática del Lawfare. Casey es además de sobrino de Héctor Magnetto el Director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom Argentina. De acuerdo a los chats filtrados fue quien realizó la invitación a Lago Escondido. Casey les dijo a todos los integrantes del grupo cuando estaban viendo cómo disimular que no habían pagado nada por su viaje y tenían que crear alguna coartada de apuro: “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”. Y el juez Pablo Yadarola le respondió: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.
El juez Julián Ercolini
Es uno de los magistrados emblemáticos del Lawfare. Por ejemplo, impulsó las causas Vialidad y Hotesur contra CFK, festejadas por Clarin, e intervino directamente en causas vinculadas al multimedios como el caso Papel Prensa. Tanto en Vialidad –donde este martes habrá sentencia- como Hotesur intervino como fiscal Ignacio Mahiques, hermano e hijo de Juan Bautista y Carlos Mahiques, respectivamente, ambos compañeros de viaje de Ercolini en la travesía a Lago Escondido.
También fue el juez que se sumó a la persecución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó: fue quien la procesó en el caso de la compra de un edifico de la Procuración. Y es, a su vez, quien procesó y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo, en 2017. Todos casos que Clarín amplificaba desde sus portadas.
Sin ir más lejos, Ricardo Roa publicó en el matutino porteño, a modo de amenaza, el teléfono de una de las hijas de la jefa de los fiscales, tras lo cual se multiplicaron las amenazas contra la titular del MPF.
Ercolini también tiene en sus manos el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que opera el hombre fuerte de la exSIDE, Horacio “Jaime” Stiuso. Quien fuera director del área de legales de la agencia en tiempos de Stiuso fue otro de los invitados por Clarín a la mansión de Joe Lewis: Leo Bergroth. El caso Nisman es otro de los que opera el multimedios para atacar a CFK.
Además el juez Ercolini subroga el juzgado federal que ocupaba Claudio Bonadío. Por lo que interviene en el caso D’Alessio, donde estuvo procesado Daniel Santoro, periodista estrella de Clarín, y en el caso de las Fotocopias de los Cuadernos. Dos semanas después del viaje, que se hizo el 13 de octubre, Ercolini rechazó decretar la nulidad de la causa de los anotadores luego de que se conociera un peritaje oficial que destroza la investigación porque da cuenta de que los cuadernos fueron escritos por varias manos y al menos 2 se confeccionaron de corrido y no día a día.
A esto se suma que la pareja de Ercolini, Julia Kenny, era vocera de Germán Garavano cuando era ministro de Justicia. Kenny actualmente cumple funciones en la Procuraduría General de la Nación comandada por el interino Eduardo Casal.
El juez Pablo Cayssials
Este magistrado está al mando del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 9 y también aparece favoreciendo al Grupo Clarín. Fue el magistrado que anuló la adecuación de oficio de Clarín a la Ley de Medios. También fue clave durante el macrismo para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, al habilitar que el gobierno pueda hacerla cesar en el cargo por decreto y no por juicio político. Esa habilitación fue luego de un planteo realizado por una ONG cercana a Garavano: Será Justicia. En uno de los supuestos chats filtrados este fin de semana, Cayssials reconoce que la avanzada contra Gils Carbó se la pidió Julio Saguier, el dueño de La Nación. Así lo recordó en Twitter el diputado Rodolfo Tailhade.
El Fiscal General porteño Juan Bautista Mahiques
Mahiques (h) es el organizador del lawfare en la era Macri y actual nexo con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En el supuesto grupo de chat, Mahiques se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y tramita en la Justicia de Bariloche.
Tal como se desprende de los chats filtrados y de documentos públicos, Mahiques firmó un convenio oficial con el abogado de Clarín Pablo Casey un mes antes del viaje a Lago Escondido. Se trató de un convenio rubricado el 13 de septiembre pasado entre la Fiscalía General de la Ciudad y Telecom, es decir, el Grupo Clarín, “para agilizar la información en las investigaciones penales”. Un mes más tarde, de acuerdo a los mensajes filtrados, Casey invitó al jefe de los fiscales porteños, a su padre camarista, otros jueces y a un exespía a pasar unos días a la residencia del magnate Joe Lewis.
Juan Bautista Mahiques fue quien según se desprende del supuesto chat presionó a la fiscal de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que cerrara pronto la causa por el vuelo del Lawfare.
En el gobierno de Macri, Mahiques (h) tenía un alto cargo en el ministerio de Justicia y era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que su rol iba mucho más allá. Era, como se conoce en la jerga, uno de los principales operadores judiciales de Macri, con terminal en Daniel “Tano” Angelici.
Mahiques hijo tuvo un rol importante en la persecución judicial macrista. Desde el Consejo de la Magistratura, donde era representante del Poder Ejecutivo, se ocupó de diseñar el copamiento del Poder Judicial, tarea que incluyó concursos truchos, el nombramiento de jueces alineados con el macrismo y el desplazamiento de aquellos que resultaran molestos.
La avanzada de Macri contra el juez Alejo Ramos Padilla, que investigaba la red de espionaje ilegal alrededor de Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, donde también estuvo procesado el periodista de Clarín Daniel Santoro, estuvo a cargo de Mahiques. En medio de esa investigación y ante las evidencias de nexos de esa banda con el macrismo, Mahiques impulsó a pedido de Macri el juicio político de Ramos Padilla.
El camarista Carlos “Coco” Mahiques
Padre de Juan Bautista, Carlos Mahiques integra la retaguardia macrista en la estratégica Cámara Federal de Casación Penal. Mahiques (p) ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido: El 15 de septiembre de 2021 firmó junto a Guillermo Yacobucci y la ya jubilada Liliana Catucci un fallo que benefició al propio Lewis.
Mahiques padre llegó a la máxima instancia penal del país por un traslado dispuesto por Macri. Es decir, llegó a dedo, sin concursar para el cargo. Integraba la Casación ordinaria y fue ministro de Justicia de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Duró poco en ese cargo del Ejecutivo.
El juez Pablo Yadarola
Es magistrado del fuero Penal Económico. Exsecretario del juzgado federal 12 de Comodoro Py, tiene influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene en su juzgado el caso del atentado a CFK. Actualmente, Yadarola está al frente del Juzgado en lo Penal Económico N° 2 pero tiene otro objetivo: integrar la Cámara Federal porteña. El macrismo lo había incluido en su terna para ese cargo clave en Comodoro Py.
El grupo de pasajeros que viajó a Lago Escondido se completa con Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso; con el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales; y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño.
A raíz de la filtración difundida este fin de semana se presentaron denuncias cruzadas en Comodoro Py. D’Alessandro, por ejemplo, agita la tesis del espionaje ilegal en su contra. Una estrategia que ya se había adelantado en el propio chat filtrado para abordar la difusión del viaje en un avión privado a tierras de Lewis. “Técnicamente fuimos víctimas de un espionaje ilegal”, dijo Leo Bergroth. Todos asintieron. En otro chat filtrado, en interpelación a D’Alessandro, escribió el mismo exespía: “Avisá mañana dónde cae Marcelito??? Poné la palabra ‘espionaje ilegal’ de la que fueron víctimas, y vayamos viendo a quién le tocó”.
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