En la primera quincena de mayo de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín emitió un fallo donde le prohibía al municipio de Luján a continuar arrojando residuos en el basural a cielo abierto más grande del país, ubicado en el límite con Open Door.

La comuna que conduce Leonardo Boto tenía 60 días de gracia y en la jornada de martes llegó al límite. De esta manera, el municipio deberá trasladar los residuos urbanos y peligrosos a un lugar apto para su tratamiento.

Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones dispusieron la medida en la misma resolución en la que decidieron la prosecución de las obras del relleno sanitario que los Vecinos Autoconvocados de Sucre vienen denunciando como irregular.

Concretamente, se ordenó que los residuos sólidos urbanos y peligrosos del basural se dispongan en un sitio alternativo ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento.

La medida de remover toda esa basura ya había sido dispuesta por el juez federal de primera instancia de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, luego del allanamiento del predio a cielo abierto.

En ese procedimiento, la Justicia encontró residuos peligrosos en el basural y le ordenó al intendente Boto que extreme “todas las medidas y recaudos necesarios relativos a la disposición final de residuos sólidos urbanos en el basural” que depende de la Municipalidad.

Entre los elementos peligrosos que se encontraron durante el allanamiento se destacan residuos tóxicos agudos, restos patológicos, gasas y algodones con sangre, vías de suero, guantes, apósitos, jeringas, restos de mochilas de fumigación y envases de productos fitosanitarios.