El histórico fallo de la Justicia a favor del municipio para que 28 exportadores de Necochea y Quequén se pongan al día con la denominada “tasa portuaria”, cuya deuda hoy oscila en los 200 millones de pesos, y que fue derogada en el marco de negociaciones con Cambiemos en 2017 para conseguir la aprobación del presupuesto municipal, ha entrado a participar en la campaña electoral mostrando un grave punto de choque entre el consorcio portuario que preside el candidato de Juntos por el Cambio, Arturo Rojas, y el intendente en busca de su reelección dentro del Frente de Todos, Facundo López.
El argumento de la Comuna es que esos fondos serían de gran utilidad para paliar una grave crisis económica y financiera producido por múltiples causas pero siempre en el marco de una crisis mayor inducida por las políticas del gobierno nacional y provincial.
En este sentido, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Ricardo Asiain, se mostró más que satisfecho por el resultado, y en este marco manifestó que “celebro el fallo judicial, que además no merece discusión ya que es en beneficio de todos los vecinos”.
“Claramente los impactos generados por la actividad portuaria alteran sustancialmente el ambiente, en lo ecológico, social y económico. Y es el municipio el único encargado hoy de realizar las acciones tendientes a contrarrestarlos, acciones que están directamente ligadas a las posibilidades económicas”, aseguró el funcionario a través de un comunicado de prensa.
Siguió: “Contar con estos fondos implica principalmente dotar al municipio de la capacidad de aumentar significativamente la inversión pública en todas sus formas: Salud, Educación, Infraestructura básica como pavimentos, obras de cloacas, agua, pluviales, mejoramiento de los espacios públicos, seguridad vial, iluminación”.
“En definitiva, permitiría invertir en el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los habitantes de Quequén y Necochea”, acotó Asiaín.
Sobre los aspectos enteramente técnicos de la situación, el arquitecto pidió que “tratemos de interpretar la magnitud de la problemática cuando el objeto que se traslada y produce efectos en el entorno ambiental resulta las interminables variedades de actividades que el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén desarrolla en su seno, para lo cual se vale de la infraestructura pública y privada existente en todo el distrito”.
A su vez, esgrimió que “no solamente el transporte de camiones, que entran y salen en forma constante de las respectivas jurisdicciones portuaria/municipal, sino que las consecuencias ambientales que produce la explotación del puerto comprende la provisión de agua potable del municipio al consorcio. La volatilidad de los residuos (polvillo) cerealeros que produce su descarga en los buques y que genera dificultades respiratorias importantes en la población”.
“El vertido de líquidos en los sistemas cloacales locales, el perene conflicto suscitado con los vecinos y el tráfico de camiones, las miles de toneladas de granos que antes de ingresar a puerto caen de los camiones y terminan tapando bocas de tormentas, sumideros y cunetas, lo cual también genera la proliferación de roedores de todo tipo, el smog de los camiones al transitar por la ciudad” enumeró por último Asiain.
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