El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó ayer los planteos realizados por diferentes sectores de la oposición al macrismo y por ende, le dio el visto bueno a la implementación del voto electrónico a partir de las PASO de abril.

En su fallo los magistrados, rechazaron la demanda de inconstitucionalidad presentada por los apoderados de la Unión Cívica Radical (UCR) al sostener que el Poder Ejecutivo de la Ciudad lo que realizó fue un cambio en la ejecución.

“Ni la demanda ni las agrupaciones políticas que concurrieron a la audiencia pública han demostrado por qué motivo entienden que el Poder Legislativo ha delegado sus competencias electorales propias más allá de un límite razonable y tolerable para la implementación de la ley que han dictado; ni que las disposiciones de la ley, o de su reglamentación desborden las pautas fijadas por el legislador, o que sean inapropiadas para la consecución del fin legislativo. Tampoco han podido explicar por qué motivo este cuestionamiento no fue llevado al debate legislativo por los diputados del bloque UCR, siendo que éste parece ser el ámbito apropiado para dirimir estas diferencias o dejar sentada su oposición a la pretendida delegación”, sostiene uno de los pasajes del fallo.

Los jueces Luis Francisco Lozano, Ana María Conde, Inés Weinber y Alicia Ruíz decidieron habilitar el sistema de voto electrónico impulsado por el PRO mientras que el titular del TSJ, José Osvaldo Casás, se pronunció en contra.

Según informaron desde el TSJ, en su voto en disidencia, Casás, si bien practicó una interpretación de la Ley Nº 4.894 para considerarla constitucional, se expidió por la inconstitucionalidad de los Decretos Nº 441/2014 y 513/2014 por entender que el Poder Ejecutivo no estaba habilitado para incorporar el “voto electrónico” ni las “tecnologías electrónicas” sin un expreso pronunciamiento de la Legislatura que lo convalidara con una mayoría de dos tercios de los votos, por operar en la materia el principio de estricta reserva de ley reforzada.

Los apoderados de la Unión Cívica Radical había denunciado que la Legislatura porteña había delegado de manera indebida sus competencias en materia electoral al Poder Ejecutivo de la Ciudad al transferirle la decisión de incorporar tecnologías electrónicas.

El juez Casás, además, presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal luego del fallo, debido a su postura diferente a la de sus colegas.