Por Gabriel Morini

Una decisión judicial, aparentemente marginal, echó sal en una herida que un sector del PRO sigue cargando como estigma y que trata de evitar -sin éxito- que se le impregne como parte constitutiva de su ADN: el armado de causas judiciales como atajo para desembarazarse de obstáculos políticos. En la misma semana en la que el radical Facundo Manes rayó con ganas al expresidente Mauricio Macri acusándolo de haber practicado “populismo institucional” a través de operadores en la Justicia y espías, el sobreseimiento del polémico gremialista de la construcción platense Juan Pablo “Pata” Medina puso los nervios de punta a un sector de la coalición opositora. Por varios motivos, fue una bala que traspasó el blindaje y que contenía implicancias que sólo fueron advertidas por un grupo reducido, en charlas reservadas. Que este tipo de sentencias pudieran proyectarse a otros casos con similar hilo conductor unió un temor con otro: la sorpresa desde donde vino la estocada. Un magistrado insospechado de ser kirchnerista plasmó en un escrito “APB” cómo durante el gobierno de Cambiemos se fraguaron pruebas, se espió, se conspiró y se construyó una causa penal con auxilio de funcionarios, empresarios, espías del más alto rango y con el protagonismo de un juez.

El juez Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, no solo sobreseyó a Medina por asociación ilícita y extorsión porque consideró que no podía juzgarlo la prueba en su contra se había contaminado, sino que dio por válidas todas las sospechas en torno a lo que trascendió como la mesa “Gestapo”, aquella reunión en el Banco Provincia de 2017 en la que el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal Marcelo Villegas convocó a diseñar una estrategia para voltear al “Pata”. Esa reunión de la que participaban espías fue grabada por la misma AFI y, se sospecha, que esa grabación fue dejada para ser encontrada por la intervención que la terminó llevando a la justicia porque en una misma escena condensaba todas las acusaciones que el Frente de Todos le había hecho al macrismo uniendo indicios. Aquí, los protagonistas revelaban su plan. Una confesión tóxica que dejaba como un elogio al eufemismo de “populismo institucional” al que apeló Manes.

Esmoris tomó su causa y la atravesó con los hallazgos realizados por el juez Ernesto Kreplak. El resultado: llamó a promover una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el otrora poderoso juez federal de Quilmes Luis Armella, señalándolo como el engranaje fundamental para darle una apariencia de legalidad a algo que fue un armado. Esmoris se cuidó bien de no apelar al desgastado término de “Lawfare”. Graficó un delito y lo hizo en clave jurídica, lo que multiplicó el impacto.

“Raro”. Esa fue la primera reacción dentro de la trinchera cambiemista. Mitad por el desconcierto respecto al magistrado a quien no le podían colgar un calificativo identitario. Y segundo, por la oportunidad en la que esa decisión los había sorprendido. En primer lugar le pasaron el scanner al juez y a sus motivaciones; luego desguazaron el fallo; y por último buscaron una arremetida cauterizadora: pedirle el juicio político. El encargado de anunciarlo fue el diputado Cristian Ritondo a través de sus redes. ¿Impuslar un jury a un magistrado por sus sentencias? Eso pareciera no tener destino. Todavía no se efectivizó pero Ritondo confirmó que lo hará. ¿Por qué una decisión de tamaño impacto la hizo en soledad (algo que el código le habilita) y no buscó que el pleno del tribunal genere un fallo con al menos dos firmas?, es otra pregunta que se hacen.

De fondo, en el PRO afirman que existen motivos reales para cuestionar al juez. Señalan que tomó una investigación ajena, la introdujo a su expediente y consideró probadas cuestiones que todavía no se encuentran firmes, como los procesamientos. Y, en el tramo más flojo de la defensa, que la prueba del video grabado por la AFI macrista se encuentra controvertida por haber sido ilegal su registro. En términos legales se trata de un asunto atendible, el “fruto del árbol envenenado”. Un video clandestino filmado por espías con destino incierto y sin ninguna orden legal. Eso no quita que todo lo que se dijo no fuera desmentido por ninguno de los protagonistas ni que fue parte del mismo gobierno que integraron el que ordenó filmar la reunión en la que, inexplicablemente, se habían congregado funcionarios públicos, la cúpula de la AFI y empresarios para discutir un problema que, en todo caso, sería laboral y cuyos únicos beneficiarios serían los privados. Eso nadie lo sabe explicar. Digamos que su anulación es una estrategia de “último recurso”. Desde la trinchera “amarilla” aguardan con ansias que la decisión de Esmoris llegue a la Cámara Federal de Casación Penal, a la sala que integran Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma. Creen tener todas las fichas para revertirla. Se tienen fe.

Esmoris, al hacer la introducción a su decisión, recordó que fue el mismo Villegas el que en su indagatoria apuntó a una reunión “acreditada” ocurrida el 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada en la que participaron “funcionarios del gobierno nacional”. Esa génesis del operativo es el que encuentra reunido a Villegas con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Germán Garavano, Jorge Triaca, Guillermo Dietrich y el titular de la AFI Gustavo Arribas. Solo en ese entendimiento se comprende como un gris funcionario provincial de la cartera laboral encabezó una cruzada que unía muchas áreas del Ejecutivo Nacional a las que no tendría acceso ni posibilidad de coordinación. Y explica por qué las reuniones continuaron al día siguiente con encuentros entre el ministro de Trabajo y el senador provincial Juan Pablo Allan, Federico Salvai, el propio Ritondo. Ese día la AFI activa sus propias averiguaciones en Migraciones y comienza a elaborar los informes que aparecerían de la mano de los “Super Mario Bros”, calificados en otro expediente como unos simples “cuentapropistas” por los imaginativos jueces de la Cámara Federal. Los partes de los espías son del 9, 10, 12 y 18 de mayo, 15 de junio y 12 de septiembre de 2017 sobre Medina y su entorno. Villegas habló con Silvia Majdalani para este tema, el 10/5. En el medio, hubo llamados entre Juan Sebastián De Stéfano y el juez Armella. ¿Qué hacía el director de Asuntos jurídicos de la AFI llamando al juez de Quilmes que se había hecho famoso una década atrás por el escándalo de contrataciones para la limpieza del Riachuelo? No tenía una original jurisdicción porque debió haber sido Kreplak el que investigue a Medina por los delitos que lo acusaban. Sin embargo, algo que por un manto de piedad Esmoris omite, fue la Cámara Federal de La Plata la que validó que Armella se quedara con el caso y sus actuaciones posteriores. Esos mismos camaristas fueron los que deshicieron los que habían hecho antes respecto a Medina. Y son, casualmente, los que deben validar los procesamientos dictados en el marco de la causa “Gestapo” contra Villegas y compañía. Misterio.

El juez platense hizo mención a que el 22 de agosto de 2017 a la 11:27 Armella habló con Villegas por teléfono. Ese mismo día, Armella “solicitó en forma solapada -agazapándola entre otras medidas que la Señora Fiscal había requerido para su dictamen- que el Ministerio de Trabajo envíe antecedentes, actuaciones administrativas o denuncias que pudieran involucrar a Medina”. Eso fue justamente lo que se pactó en la reunión Gestapo como estrategia a seguir y el pedido hacia los empresarios presentes. Luego, ellos mismos fueron llamados como testigos para corroborar lo que antedatadamente hicieron ingresar al expediente. Un manual de armado de causas. “No caben dudas a esta altura acerca de la relación que tuvieron los funcionarios que asistieron a la reunión realizada el 15 de junio de 2017 con l generación de las denuncias que involucraron criminalmente al imputado Medina, provocándose así la contaminación de aquella prueba que se estima dirimente para estos actuados”, disparó Esmoris.

“Cada contacto entablado entre el juez Armella y los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial en orden cronológico, se concretó en fecha cercana o idéntica a la jornada en que se resolvían cuestiones de relevancia”, afirmó el juez en su resolución. Acababa de describir cómo una causa judicial contra un personaje que también el kirchnerismo tuvo siempre en la mira por problemático se había montado en base a prueba preconstituida, con testigos amañados y elementos de impulso que habían sido preacordados en una reunión ilegal que involucraba a espías que mantenían contacto con un juez que adaptaba las decisiones del expediente inmediatamente luego de cortar el teléfono con la AFI o Villegas. Y, en definitiva, que todo se originó en una reunión en Casa Rosada donde Macri fue el anfitrión. Nunca antes se había dejado por escrito algo similar, a pesar de que esta modalidad atravesó múltiples causas con indicios similares. Fue una excursión hacia lo más tenebroso de la corrupción institucional.

Todo este análisis pasó por debajo del radar del kirchnerismo que, o no comprendió las implicancias que comprueban lo que vienen denunciando, o pasó de aprovechar el desconcierto real que generó en filas adversarias.

Y eso que de quedar establecido que este caso fue así (algo que teme el macrismo y de ahí su reacción furibunda) la mácula de que entre 2015 -2019 existió un Estado dedicado al espionaje y armado de causas para obtener rédito político sería indeleble.