Se pasó el gobierno el fin de semana largo midiendo cuán lejos o cerca está el tsunami del procesamiento con pedido de desafuero de Cristina de Kirchner del programa legislativo de fin de año, del cual cree que depende su futuro mediato. Es esperable que la ex presidente se victimase y denunciase a Mauricio Macri como el jefe de Claudio Bonadío. Nadie en serio puede creer que este, o cualquier otro juez, siga los dictámenes de este o de cualquier otro presidente. Incluyendo a Cristina cuando gobernaba. Los políticos en la Argentina tienen menos poder que los magistrados, que toman decisiones que sólo tienen que ver con eso, con el poder, que se ejerce por el puro medro de consolidar ese poder. Más cuando se trata de los jueces federales de la Argentina, que escuchan desde hace años, de todos los presidentes, la amenaza de que los van a echar por corruptos. Lo hacía Néstor Kirchner cuando asumió en 2003, y prometía la reforma de Gustavo Béliz, que destituiría todos los federales heredados de los años ‘90. Cristina llegó a aludir a Bonadío como un “pistolero”. El actual gobierno promueve también una razzia de los federales. Han corrido a algunos – el renunciado Norberto Oyarbide, el destituido Eduardo Freiler. No es mucho después de tantas amenazas. Cuando Macri quiso saber detalles del caso el jueves por la mañana, escuchó de boca del Ministro de Justicia Germán Garavano: “- No tenía ninguna noticia de algo así podía venir. Me acabo de enterar”. Unos pocos escucharon esto. En realidad, se repetía lo que ocurrió con fallos más angustiantes que éste, como el de la Corte que ordenó las audiencias para los aumentos de las tarifas. Este gobierno se entera de los fallos por los diarios, y tiene derecho a creer que en la Argentina se consolida el gobierno de los jueces.

La Historia enseña que toda transición es amnésica

Lo que intenta en estas horas el gobierno es evitar que lo alcancen las réplicas de este tsunami de extensión incontrolable. Claro que el desprestigio del peronismo le conviene al gobierno, que ganó por menos de tres puntos en el ballotage de 2015 y necesita ampliar como pueda esa diferencia. El fallo ocurre cuando está cerrando las costuritas del Partido de la Gobernabilidad en el Congreso, con los bloques del oficialismo, el de los gobernadores y el arco del peronismo no cristinista. No es el momento más oportuno para que a los peronistas se le recuerde el pasado o que les llegue la amenaza de que pueden seguir el destino de quien fue su presidente. La historia enseña que toda transición es amnésica. De ahí la tarea que le encomendó Olivos a los ministros del gabinete que negocian con la oposición - Rogelio Frigerio, Nicolás Dujovne, Jorge Triaca-: que los peronistas buenos no se dejen arrastrar por la solidaridad con la Cristina arrinconada en el Senado detrás del muro de los fueros. Perdonavidas, Miguel Pichetto le pone cámara lenta al pedido de Bonadío. Dice que no se tratará en extraordinarias, y que el peronismo defenderá la posición Menem: no hay desafuero sin sentencia firme en todas las instancias. Es la doctrina de la Corte y también la posición de la Procuración General, que debería opinar si el caso llegase a la Suprema Corte. Este tribunal se adelantó a autorizar a Menem a ser candidato a senador nacional, sin escuchar a la procuración. Si hubiera esperado esa opinión hubiera recibido el mismo criterio, en la pluma del encargado por Alejandra Gils Carbó de analizar el caso, que es el jurista Roberto Carlés. El mismo a quien Cristina de Kirchner nominó como candidato a la Corte, y que es secretario letrado en la Procuración.

El jueves 7, el presidente Mauricio Macri inauguraba el Paseo de la República en la Quinta de Olivos mientras se detenían a ex funcionarios kirchneristas por orden a Claudio Bonadío.

Macri está en el punto en el cual debe demostrar que aprendió a gobernar

Una segunda tarea en la que tienen que trabajar Patricia Bullrich y Carolina Stanley es que las clásicas protestas de fin de año de las organizaciones sociales, que suelen arruinarle las fiestas a los funcionarios, no se sumen a los reclamos cristinistas. La ex presidente obtuvo en la provincia de Buenos Aires 36,25 de los votos, pero en la Tercera Sección Electoral alcanzó el 43,92%. Eso explica que en la conferencia de prensa del jueves sentase junto a ella a Verónica Magario, intendente de La Matanza. Si el reclamo callejero se solapa con la protesta política, el fin de año pude ser un disgusto. Justo cuando el gobierno está bajo la lupa del mundo por esta semana de vidriera que es la conferencia de la OMC (Organización Mundial del Comercio). La organización de esta cumbre mundial, encima, les regala a los protestones los vallados que interrumpen la circulación normal en la ciudad de Buenos Aires, una oportunidad para descargar broncas. Macri está en el punto en el cual debe demostrar que aprendió a gobernar. Son dos años ya y es el plazo que le da el público a un mandatario para aprender un oficio que no se enseña en ninguna escuela y para el que no sirve la experiencia anterior. Suma a los exámenes que debe pasar, este entuerto del procesamiento de Cristina. Quienes creen en las fantasías conspirativas dirán que alguien ordenó esto a Bonadío, o para beneficiar al gobierno - como si el peronismo necesitase una marca más de desprestigio - o para perjudicarlo, al provocar a la oposición e impulsarla a un contraataque. En política nunca tenés que obligar a tu adversario a que se defienda. Este dictamen estratégico lo debe tener claro el gobierno, al que le faltan muchas cosas, pero no estrategia.

En 2001 los fallos judiciales dispararon la crisis

En un país con gobiernos débiles y políticos sin poder, arrinconados por la opinión pública y por los jueces, el poder de la justicia marca el camino. El fallo Bonadío, con mano negra o sin ella, le pone una brújula a la agenda, que debe acomodarse a una realidad inesperada. La experiencia histórica enciende alertas amarillas. Al año y medio de haber asumido Fernando de la Rúa (diciembre de 1999), Carlos Menem ya estaba preso (junio de 2001). La Corte lo liberó en noviembre de ese año y apenas diez días más tarde terminó el gobierno de la Alianza. No cayó por la prisión de Menem, pero que el jefe del peronismo estuviera entre rejas (las de la casa de Armando Gostanián en Don Torcuato) enloqueció a la oposición y la puso en un punto de ira que alimentó la crisis interna del gobierno. El motor fueron fallos judiciales no controlados por el poder político. Cuando Menem salió de la prisión se entrevistó dos veces con De la Rúa en una semana, y reapareció en las encuestas como posible candidato presidencial del peronismo para 2003. Las condiciones no son las mismas, pero hay situaciones comparables que pueden servir como experiencia. La Crsitina acosada por este procesamiento, ¿mejorará o empeorará el porcentaje de adhesiones que tuvo en las elecciones de octubre? A Menem lo mejoró mucho la detención. ¿Se doblegará el peronismo bueno ante esta Cristina que se victimiza diciendo que lo que le pasa a ella le puede pasar a todos los peronistas? El argumento que va a habilitar el gobierno sobre la sentencia Bonadío, es que el voto de los legisladores que aprobaron el acuerdo con Irán no los compromete penalmente. El plan criminal- si hubiera existido - era del poder Ejecutivo y que la aprobación fue un mero instrumento de ese plan, no un acto cómplice. Esto lo dirán para aliviarlo a Pichetto del señalamiento como fogonero de aquella aprobación en el Senado, en la sesión del 21 de febrero de 2013.

El jubileo del corrupto: prescribe hoy enriquecimiento ilícito

Menos evidente pero más gozosa fue otra oportunidad de festejo que la ley le proporcionó a ex funcionarios que vivieron bajo la espada de “Democles” (como dijo Cristina de Kirchner en la rueda de prensa del jueves) desde que dejaron sus cargos en el anterior gobierno el 10 de diciembre de 2015. Hoy se vence el lapso de dos años desde el cese en el cargo, que prevé el código penal para la investigación del enriquecimiento ilícito de los funcionarios. A partir de hoy ya no se les podrá reprochar nada por el incremento de su patrimonio. Ese lapso de dos años lo ratificó la última reforma del código que se aprobó hace unos días en el llamado Régimen de Responsabilidad penal. La reforma agravó la multa, que antes era de la mitad de lo apropiado por el funcionario. Los funcionarios que dejan cargos esperan cortando clavos a que pasen estos dos años porque después ya no los pueden investigar más. Hasta hoy hubo fiscales y pesquisas que, atentos a este vencimiento, le habían puesto la lupa a quienes se beneficiarían con esta prescripción. Lo hicieron con tanta atención como los investigados, que contaron, agazapados, las horas para descorchar champán en el primer minuto de hoy. Se trata seguramente de ex funcionarios en desgracia, porque a quienes les ha ido bien lograron desde 2007 nuevos cargos, que los exponen a nuevos reproches por éstos y otros presuntos delitos. El delito de enriquecimiento ilícito fue creado por el Congreso en tiempos de Arturo Illia y tiene una singularidad: invierte la carga de la prueba y presume que el funcionario o ex funcionario debe demostrar su inocencia. Hasta 1999 el delito tenía un plazo mayor de prescripción, pero cuando Fernando de la Rúa hizo discutir la creación de la Oficina Anticorrupción, el peronismo del Congreso le cobró el voto achicando la posibilidad de persecución a sólo dos años después de dejar el cargo, y manteniendo la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, oficina que el Gobierno de la Alianza quería reemplazar por la OA. En una revisión que mereció el 268 bis en noviembre de 1999 cuando se aprobó la Ley de Ética Pública el peronismo logró mantener los dos años, lapso que repite la reforma que se votó el 1° de diciembre de este año. Fiera venganza la del tiempo: hoy podría declararse el Día del Corrupto Criollo, y sigue al 9 de diciembre (ayer), que la ONU declaró el día mundial de la Lucha contra la Corrupción.