Desde la propia policía provincial admiten que se destinó poco personal a la búsqueda de los prófugos, que se perdió mucho tiempo en los rastrillajes dentro de Buenos Aires y que el exceso de oficiales de jerarquía dificulta la actividad.
La pesquisa tras los prófugos de General Alvear se estuvo realizando con el 0,78 por ciento de los efectivos de la Policía Bonaerense, fuerza que tiene cuarenta comisarios generales a su frente y es la más numerosa del país, con 90 mil uniformados. Una fuente de esa institución comparte esta contradicción; dice que fue movilizada “muy poca gente” para encontrar a los responsables del triple crimen y que es “una enormidad” la cantidad de oficiales de máxima jerarquía que la conduce. Apenas un dato podría corroborar lo primero: el operativo para un clásico de fútbol en la provincia (Racing-Independiente o Estudiantes-Gimnasia) demanda más personal. Casi un millar. Pero no se trata solo de cantidades. La calidad de la tarea investigativa para encontrar a los fugitivos resultó muy mala y quedó a la vista. Se perdió un tiempo muy valioso en el rastrillaje sobre la provincia de Buenos Aires.
“Es muy difícil dar órdenes con tantos comisarios generales”, explica la fuente. La nómina es una herencia que dejó el último ministro de Seguridad de Daniel Scioli, Alejandro Granados. Durante su gestión se duplicó y más la cantidad de comisarios de máxima jerarquía. Con ellos se fueron cubriendo las nuevas superintendencias. Muchos nombramientos fueron incentivados por el amiguismo de los intendentes. Lo curioso es que un alto porcentaje de quienes integran la cúpula de la Policía Bonaerense está en edad de jubilarse. El propio Pablo Bressi, el jefe de la fuerza que nombró el gobierno de María Eugenia Vidal hace menos de un mes, cumplirá 32 años de servicio en marzo. Suficientes como para pasar a retiro.
La purga de la conducción anterior no fue más allá del jefe Hugo Matzkin y el subjefe Raúl Nievas. La Superintendencia de Seguridad mantuvo a su responsable, el comisario general Claudio Blanco y en la de Investigaciones, el ministro Cristian Ritondo había designado a Néstor Larrauri. Este último, a cargo de todas las DDI de la provincia, fue apartado de la investigación de la fuga ante los magros resultados. Peor le fue a Marcelo Di Rosa, el desplazado jefe de la DDI de Quilmes, un territorio donde los prófugos se movieron a piacere. Es el único policía bonaerense de alta jerarquía que se sumó a la lista de prescindibles del Servicio Penitenciario de la provincia después del escape en el penal de General Alvear.
La hipótesis de una posible cama a las nuevas autoridades políticas se desvanece con un par de datos. La llegada de Vidal al gobierno era esperada con buenas expectativas en la Policía Bonaerense. En la fuerza, el voto en las últimas elecciones acompañó de manera abrumadora a la fórmula de Cambiemos. Otra fuente policial consultada para esta nota agrega que “la proporción de respaldo a Macri con respecto a Scioli era más o menos de ocho a dos”. Ni siquiera hacía falta para fortalecer esa corriente de simpatía el considerable aumento de viáticos que les concedió Ritondo a los efectivos que participan del Operativo Sol. La suma pasó de 252 a 700 pesos diarios para aquellos policías que deben trasladarse de jurisdicción. “Si no gastás ese dinero y te mantenés con el sueldo podés ahorrar en un mes como 21 mil pesos”, agregó la fuente policial.
Esa situación salarial, si bien estacional, no se compadece con algunas condiciones de trabajo de la tropa. Los chalecos antibalas que no llevaban colocados los efectivos tiroteados en el puesto de vigilancia de Ranchos, Fernando Pengsawath y Angelina Yudati, muchas veces no se usan, están vencidos o los debe adquirir el personal. Otro déficit notable es el de la formación de los cadetes de la Policía. Egresan de la escuela Juan Vucetich con un semestre o menos de capacitación. El año pasado el curso finalizó con un acto el 26 de septiembre –había comenzado en abril– y, dos días después, los jóvenes policías estaban en la calle cumpliendo funciones.
Un alto porcentaje de los inscriptos en la carrera no lo hace por convicción. Busca una rápida salida laboral. Cada oficial de policía (esa es la jerarquía más baja del escalafón en la Bonaerense) puede inscribirse con una edad de entre 18 y 30 años. Mientras estudia, cobra una suma fija de 4 mil pesos.
El ingreso en masa a la Bonaerense estimulado por la política del ex gobernador Scioli no palió las consecuencias de la consabida inseguridad ciudadana. La fuerza tiene hoy poco más de 90 mil efectivos, pero también una lista de problemas crecientes: el consumo de drogas, la violencia de género o las carpetas siquiátricas. La fuga de la cárcel de General Alvear puso otra vez en el tapete estas cuestiones. En la elección del nuevo jefe Bressi, un comisario general que estaba al frente del área de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, pesó ese antecedente como mascarón de proa del nuevo orden: la declamada lucha contra los narcos. Los tres criminales que se escaparon de una cárcel de máxima seguridad (inseguridad le cabe mejor como definición) tienen que ver con ese mundo dominado por las mafias.
El sindicato de policías de la provincia de Buenos Aires, Apropoba, le atribuye el avance del narcotráfico a los doce años de gobiernos kirchneristas. Era de esperar: no oculta sus simpatías por Cambiemos, como la mayoría de la fuerza. En una nota reciente que puede leerse en su página oficial sostiene que la Bonaerense es “una institución policial en la provincia seriamente jaqueada por la corrupción y la falta de profesionalismo. Algo similar ocurre con la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también fueron afectadas a la búsqueda” de los prófugos. A confesión de parte...
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