Así lo explicó en el siguiente comunicado:

Hace un mes, se actualizó la pauta anual que había sido fijada a partir del 1º de julio del corriente año. Esto se ejecutó gracias a un enorme esfuerzo realizado por las empresas del sector y con la finalidad de preservar el clima de paz social imprescindible para la normal prestación del servicio esencial que desempeña el transporte automotor de cargas en sus diversas especialidades de tráfico.

Como aclaramos en su oportunidad al sector sindical y fue comprendido entonces por sus autoridades, el aumento otorgado fue más allá de las reales posibilidades económico-financieras de las empresas que este año han soportado una abrupta caída de los volúmenes transportados y un incremento descomunal en los costos de la mayoría de sus insumos, los cuales no han sido trasladados en su totalidad a las tarifas finales.

Luego del aumento otorgado, las empresas del sector fueron sorprendidas por la sanción del Decreto 1043/18 que agregó un costo no previsto con la asignación no remunerativa de un bono de $5.000 que muchos transportistas aún no saben cómo van a costear.

De esta manera, se entiende que el pedido de una nueva asignación sería imposible de asumir, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista jurídico, toda vez que el Decreto 633/18 ha prohibido el otorgamiento de sumas no remunerativas.

El pedido de pago de un bono, junto con el incesante aumento del gasoil y los peajes, no hacen más que desalentar la actividad del sector y hundir al transporte de cargas en una crisis económica que parece no tener fin.